La Cátedra Pérez-Llorca/IE abordó la simplificación normativa de las Directivas CSRD y CSDDD y la reducción sustancial del perímetro de sociedades obligadas
El Despacho celebró en su sede de Madrid una nueva sesión de la Cátedra Pérez-Llorca/IE titulada “La reforma de las Directivas CSRD y CSDDD: un nuevo marco para la información sobre sostenibilidad y la diligencia debida empresarial”. El encuentro analizó el nuevo escenario jurídico tras la publicación de la Directiva 2026/470 en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 26 de febrero de 2026.
La sesión estuvo moderada por José María de Paz, Socio de Criterios ESG y Regulación del Cambio Climático de Pérez-Llorca, y contó con la participación de Ana Puente, Subdirectora General de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Santiago Durán, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); Juan Carlos Delrieu, Director de la Oficina ASG del Banco de España; Marco Masip, Director de Estrategia ESG y Reporting de Telefónica, y Sara Sánchez, Profesora agregada y Directora del departamento de Derecho Privado de IE Law School.
Un nuevo marco de simplificación normativa
Durante la sesión, los ponentes analizaron cómo la Directiva 2026/470 reduce el alcance de determinadas obligaciones de sostenibilidad corporativa e introduce cambios relevantes en la disponibilidad y calidad de la información. Al abrir el debate, José María de Paz, en su condición de moderador, subrayó que:
“Los datos de sostenibilidad no son un fin en sí mismo, sino la materia prima indispensable para evaluar riesgos climáticos y cumplir con las obligaciones de la SFDR. La reforma reduce drásticamente el número de empresas obligadas, elimina la verificación razonable por una limitada y suprime la acción civil armonizada. La pregunta de fondo es si el sistema resultante producirá información suficiente para sostener los objetivos del legislador europeo.”
El impacto en la verificación y la responsabilidad civil
La mesa redonda abordó los efectos técnicos y jurídicos derivados de la reforma. Santiago Durán, Presidente del ICAC, advirtió sobre los riesgos de revisar un marco regulatorio antes de su plena aplicación y señaló que la reducción del alcance y las limitaciones en la verificación plantean interrogantes sobre la capacidad del sistema para ofrecer una imagen fiel de la información de sostenibilidad:
“Asistimos a una revisión del marco regulatorio antes de su plena aplicación. La reducción del alcance y las limitaciones en la verificación plantean interrogantes sobre la capacidad del sistema para ofrecer una imagen fiel y consistente de la información de sostenibilidad.”
Por su parte, Sara Sánchez, Profesora agregada y Directora del Departamento de Derecho Privado de IE Law School en IE University, abordó las consecuencias jurídicas de la reforma sobre el régimen de diligencia debida empresarial y destacó que:
“Bajo la premisa de la simplificación, se produce una profunda reconfiguración del régimen de responsabilidad civil. La fragmentación de las normas aplicables puede generar una mayor complejidad e inseguridad jurídica para las empresas”.
Consecuencias para el sector financiero y la estrategia corporativa
La reducción del perímetro normativo, que podría situar el número de empresas obligadas a reportar información de sostenibilidad en un rango aproximado de entre 300 y 600 sociedades, incide directamente en las exigencias del supervisor y en la gestión interna de las compañías.
Los participantes coincidieron también en señalar la complejidad generada por la sucesión de cambios regulatorios antes de que el marco inicial pudiera desplegarse plenamente, una circunstancia que genera incertidumbre y dificulta la planificación empresarial.
En este contexto, Juan Carlos Delrieu, Director de la Oficina ASG del Banco de España, advirtió sobre las implicaciones que la reducción de información disponible puede tener para la supervisión financiera y la gestión del riesgo, señalando que:
“La simplificación en la divulgación de información de sostenibilidad no debe interpretarse como desregulación. Desde la perspectiva supervisora, el objetivo es mejorar la eficiencia y la proporcionalidad, no reducir la exigencia prudencial. No obstante, la reducción del reporte por parte de las empresas plantea una tensión, al limitar la disponibilidad de datos que los bancos necesitan para identificar, medir y gestionar los riesgos, con potenciales implicaciones para la estabilidad financiera.”
Por su parte, Marco Masip, Director de Estrategia ESG y Reporting de Telefónica, destacó la necesidad de que los marcos de información respondan a necesidades reales de los distintos grupos de interés y aporten utilidad efectiva a las organizaciones, afirmando que:
“La principal frustración es generar información que no sea útil. El reto no es únicamente cuánto se reporta, sino asegurar que la información responda a las necesidades reales de quienes la utilizan.”
El debate puso también de manifiesto la necesidad de avanzar hacia modelos de reporte que garanticen la utilidad de la información, la proporcionalidad de las obligaciones y la seguridad jurídica para los distintos actores implicados.
El papel de la política pública y la transformación económica
Ana Puente, Subdirectora General de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, se centró en el valor de la colaboración público-privada a la hora de implementar el marco europeo de finanzas sostenibles en España:
“Las finanzas sostenibles son un medio para lograr la transformación de la economía real frente a los riesgos climáticos, y mejorar la posición competitiva de nuestras empresas. Aunque el resultado de Ómnibus ha reducido el ámbito de empresas obligadas a reportar información sobre sostenibilidad, se pueden encontrar incentivos y palancas que promuevan el reporte voluntario cuando hay un retorno claro. Es el caso de Eco-Track, que hemos puesto en marcha en el Consejo de Finanzas Sostenibles gracias a la colaboración público-privada. Es una herramienta que permite a la pyme identificar puntos de información sobre sostenibilidad que resultan de gran utilidad a las entidades financieras para cumplir con las expectativas supervisoras sobre gestión de riesgos climáticos de sus carteras de préstamos.”
Asimismo, durante el coloquio se abordó el papel que pueden desempeñar los estándares voluntarios de reporte y la necesidad de desarrollar guías e incentivos que faciliten la generación de información útil, comparable y proporcionada para aquellas empresas que quedarán fuera del nuevo perímetro regulatorio.
La Cátedra Pérez-Llorca/IE reafirma su posición como foro de vanguardia para el diseño de estrategias legales robustas ante los hitos normativos de la Unión Europea. A través de esta colaboración, el Despacho reitera su compromiso de acompañar a sus clientes en el cumplimiento regulatorio, aportando la excelencia técnica necesaria para transformar los retos normativos en oportunidades de negocio.
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