«Es intolerable el maltrato que en ocasiones sufre la abogacía». Así lo denuncia Paz Vallès Creixell, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y responsable, entre otras áreas, de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ).
Se pronuncia así ante el caso ocurrido esta semana a un abogado de Barcelona enfermo de cáncer, M. R. A., de 60 años, que teniendo una baja laboral pidió la suspensión de un juicio que tenía al día siguiente, a las 10.30 de la mañana, por encontrarse muy mal por la quimioterapia, pero la letrada de la Administración de Justicia se la denegó.
Primero el letrado lo pidió de forma verbal y después por escrito, presentando «documentos sobre su estado, explicando que había empeorado sensiblemente» su enfermedad, que estaba de baja, que no podía celebrar el juicio, y que tampoco había tenido tiempo de buscar a otro compañero, porque le había pasado durante el fin de semana y se trata de un caso complejo, pero corrió la misma fortuna, por lo que solicitó ayuda y amparo al ICAB, que se la dio rápidamente.
Finalmente, el juicio se ha suspendido, porque la abogada de la otra parte lo apoyó e hicieron un escrito conjunto indicando que entraban en negociaciones y que suspendían el procedimiento.
Un caso del que ha informado Confilegal, que es el último en el que ha intervenido el Colegio, y su Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia, y que aborda en este diario Vallès, quien siente «mucha rabia y pena» ante estas situaciones. De ellas, el decano, Jesús Sánchez García, da cuenta en las reuniones con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Paz Vallès destaca la necesidad de regular de forma expresa los motivos de suspensión de los cursos de los procedimientos por enfermedad grave hasta que se reciba el alta; en caso de accidente que requiera hospitalización y mientras dure su situación; en caso de baja médica sin hospitalización hasta que reciba el alta; o por razones de salud pública mientras dure la situación, como ha reclamado el CGAE al Ministerio de Justicia.
Esta baja que pide la abogacía es similar a la que se establece en la legislación laboral o en los sistemas alternativos de previsión social que existen.
La petición del Consejo General relativa a las enfermedades graves o de larga duración de los abogados será recogida vía enmienda en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que se encuentra en tramitación parlamentaria. De momento, se desconoce cómo quedará redactada finalmente.
Vallès explica que en estas situaciones, una vez que el Colegio consigue paralizar el juicio, siempre se pone a disposición de los abogados para interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, por un lado, y luego otra ante el Tribunal Superior de Justicia, que puede luego dar lugar a una sanción disciplinaria a quien ha tenido dicha actuación.
Y eso es lo que van a hacer con este letrado. Primero interpondrán una queja ante el TSJCat y luego ante el CGPJ.
EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La CRAJ es «la Comisión del ICAB comprometida con la defensa y apoyo a los intereses de la profesión en el ejercicio de su tarea diaria».
Vela por la corrección en el trato en la intervención en procesos judiciales e interviene en relación a las posibles disfunciones o incidencias que se produzcan en el seno de la Administración de Justicia o de otras administraciones.
También trabaja para impulsar mejoras y establecer acuerdos de colaboración que permitan una intervención efectiva.
En este sentido, la CRAJ ha establecido convenios y ha acordado la creación de comisiones mixtas que facilitan poder plantear de manera directa y ágil mejoras o la resolución de incidencias con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los Letrados de la Administración de Justicia, la Fiscalía o con la representación de los diferentes Cuerpos policiales.
Actúa respecto a otras Administraciones como la Agencia Tributaria, los Registros (Civil, Mercantil o de la Propiedad), los organismos de la Seguridad Social, o con cualquier ámbito vinculado con el ejercicio profesional de la abogacía y que le demanden los colegiados.
Según explica su responsable, en el Colegio de la Abogacía barcelonesa hay un turno rotativo de guardia de los miembros de la Junta de Gobierno para auxiliar a los colegiados que puedan verse afectados en su independencia, en el ejercicio profesional, en la consideración debida a la abogacía, o que hayan solicitado amparo colegial.
El pasado lunes por la tarde estaba de guardia estaba su compañero Ramón Casanova, que, según ha informado el letrado afectado, «se echó las manos a la cabeza ante lo que estaba pasando» en este caso, y de inmediato lo puso de la Junta de Gobierno del Colegio «porque este maltrato no se puede aceptar», le dijo.
Entonces eran sobre las seis de la tarde. Acto seguido, Casanova contactó rápidamente con la CRAJ para comunicarle la situación en la que se encontraba este compañero, «con un juicio al día siguiente y que estaba mal y muy angustiado».
Entretanto, el abogado, tras comunicarle su caso, también se puso en contacto con la compañera que lleva a la otra parte, que le dio su apoyó y, tras consultarlo con sus clientes, ya sobre las siete, acordaron hacer un escrito conjunto indicando que entraban en negociaciones y que suspendían el procedimiento.
«En cuanto Ramón Casanova me informó, le dije que me facilitara el teléfono del abogado y lo llamé para mostrarle nuestro apoyo», indica esta diputada del ICAB, que es responsable también de la Comisión de Drogas, de Prospectivas Socioprofesionales y de la de Transformación Digital, y es letrada penalista.
Vallès recuerda que la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia tiene entre sus cometidos «proteger a los colegiados de posibles abusos, de posibles injusticias que se cometan contra ellos en relación a la tramitación de los procedimientos y a su salud, a su vida personal y a los motivos que están legalmente tasados».
Y destaca que «la baja laboral debería ser un motivo de suspensión automática sin que se cuestione la misma», y apunta que en este caso se acreditó la imposibilidad de este abogado de poder acudir al señalamiento.
«Los juzgados ponen a la abogacía en unas situaciones muy límite y a veces se olvidan de que detrás de estos escritos hay personas», lamenta esta abogada.
Según informa, hace unas semanas a una letrada, que estaba de baja médica por embarazo de riesgo, le denegaron la suspensión de un juicio de la jurisdicción social.
«Es decir, un juicio laboral, la jurisdicción que protege los derechos de los trabajadores, precisamente. ¿Y dónde quedan los derechos laborales de los abogados?», resalta Vallès.
Entre los casos tramitados por la CRAJ también está el del abogado Pere Vidal López, letrado laboralista, quien solicitó la suspensión de un juicio que tenía en el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza porque tuvo un accidente y estaba hospitalizado desde hacía varias semanas, y a pesar de haber justificado la imposibilidad de asistir a la vista, una LAJ exigió su sustitución.
«Es el cliente quien elige al abogado y no el juzgado», alegó Vidal, para quien este hecho vulnera el derecho a la tutela judicial y supone un verdadero ataque (insulto, menosprecio) a la dignidad de la profesión, reduciendo la labor de los abogados a una suerte de representante procesal que acude a picar el pleito, según declaró en su día a Confilegal.
En este caso la CRAJ de Barcelona se coordinó con la del Colegio de Abogados de Zaragoza para entre ambos «amparar y proteger al letrado hospitalizado».
«Los Colegios y la abogacía consideramos imprescindible regular la enfermedad del abogado como causa de suspensión de señalamientos y de plazos», destaca Paz Vallès y reclama al Ministerio que se incluya en la Ley de Eficiencia Procesal.
