La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha enviado a la Comisión Europea un nuevo informe en el que que documenta el «desacato» y «aliento a la desobediencia judicial» que está llevando a cabo el Gobierno de Cataluña.
Esta documentación fue solicitada por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynder, en la reunión telemática que mantuvo el pasado lunes con la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, el jefe de Ciudadanos Europa, Luis Garicano, y Pagazaurtundúa, y en la que Cs denunció las «vulneraciones» del Estado de Derecho que se están produciendo en España, especialmente, en cuanto a la independencia judicial y a las libertades civiles en Cataluña.
En el encuentro, que fue promovido por Pagazaurtundúa, Arrimadas y su equipo denunciaron ante Reynders las fallas en el Estado de Derecho en España «para que la Comisión Europea corrija a Pedro Sánchez«, así como los atropellos antidemocráticos «tolerados» por el Gobierno, haciendo hincapié en la situación en Cataluña y en especial en lo relativo al incumplimiento de la sentencia para que los niños reciban al menos un 25% de su educación vehicular en español.
El pasado mes de mayo, Pagazaurtundúa ya envió a la Comisión Europea un «demoledor» dosier que muestra «los daños a las libertades civiles en Cataluña», en el que alertó de que las violaciones están tomando naturaleza sistemática y reclamó a Bruselas que amoneste al Gobierno «por no intervenir en defensa del Estado de Derecho».
Ahora, ha enviado al comisario de Justicia un nuevo dosier con las decisiones, declaraciones, actos y comunicados oficiales emitidos por miembros del Gobierno de Cataluña, «orientados, en primer lugar, a evitar la ejecución de sentencias que reconocen vulneraciones de derechos fundamentales e impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceder a la justicia».
Asimismo, recoge las acciones del ejecutivo autonómico para «obstaculizar» la plena ocupación de la planta judicial catalana «para favorecer el sometimiento de los jueces al Gobierno regional», que ha dado lugar a un aumento de traslados y menor demanda.
“El Gobierno regional y sus miembros instan a otras autoridades públicas al desacato y a la desobediencia de sentencias, y disuaden a los ciudadanos afectados de hacer valer sus derechos ante la Justicia”, denuncia Pagazaurtundúa.
En este sentido, destaca que este conflicto abierto entre el Gobierno de Cataluña y el Poder Judicial ha generado un problema estructural y pone en riesgo el Estado de Derecho en España. Y apunta que en su empeño, el Gobierno de Cataluña utiliza las herramientas de las que dispone, incluido el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, «para desautorizar a los tribunales».
Pagazaurtundúa denuncia que «ante ello, lamentablemente el Gobierno nacional no hace uso de los medios de que dispone para abordar este conflicto”. Explica que la Alta Inspección Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, es el órgano que debe «verificar» y ratificar el cumplimiento de las sentencias judiciales en materia de educación, y que su trabajo consiste en revisar decretos y órdenes que emiten los departamentos de Educación autonómicos para ver si se ajustan a las leyes orgánicas.
No obstante, indica que en Cataluña sólo hay dos altos inspectores para más de 5.500 centros educativos.
“Que un Gobierno inste a la desobediencia y el desacato de sentencias y utilice todo tipo de ingeniería jurídica para impedir su ejecución, es inaceptable y un problema estructural que el Informe anual sobre el Estado de Derecho debe abordar”, subraya la eurodiputada.
«El Gobierno catalán no se ha detenido y ha hecho uso de la ingeniería jurídica para justificar la inejecución de la referida sentencia, el pasado 30 de mayo aprobó el Decreto Ley 6/2022 para no cumplir lo establecido por el Tribunal Supremo. El incumplimiento de la sentencia del 25% se ha vertebrado a través de un decreto del Gobierno regional, ratificado por el parlamento con el apoyo de los partidos separatistas, que llegaron a manifestar que “los tribunales volverán a atacar la escuela catalana, pero se encontrarán con un gobierno independentista dispuesto a plantar cara”, expone la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
Y hace hincapié en que «declaraciones que alientan el desacato, cuando son hechas por miembro del Gobierno, suponen un ataque a la independencia judicial en tanto en cuanto conducen a hacer disminuir la confianza de la opinión pública en la justicia”.
EL INFORME
El dosier se divide en tres apartados con documentación detallada. En el primero aborda el «desacato» a sentencias condenatorias en materia de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la educación en castellano -la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 16 de diciembre de 2020, sobre la obligación de al menos el 25% de docencia en español y la del Tribunal Supremo que la confirma-, y la «ingeniería jurídica para impedir su aplicación, que ha llegado a la publicación en el DOGC de una amenaza clara a quienes acudan a los tribunales a defender sus derechos».
En otro apartado ofrece documentación sobre «la red tejida por la Generalitat» para «buscar el señalamiento y acoso» a los menores y familias que pretenden defender sus derechos, para que desistan y no reclamen la ejecución de las sentencias que les favorecen.
“Cuando los tribunales les dan la razón, la administración educativa y los directores de centros convocan protestas que suponen un señalamiento intolerable de padres y alumnos”, explica Pagazaurtundúa.
Por último, analiza el «señalamiento» a jueces por parte del gobierno de Cataluña, que «busca el sometimiento de la Justicia y ha provocado con ello que la planta judicial catalana sea deficitaria». “El aumento de traslados a otras partes de España y la caída de la demanda ha llevado a que casi un centenar de plazas estén desiertas”, expone la eurodiputada, y aporta documentación sobre la salida de jueces de Cataluña.
