Ainara Herce, presidenta de AVC, y Noël d’Anjou, consejero de Hacienda y Finanzas del GV
El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d’Anjou, ha clausurado las XV Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia, celebradas en Bilbao. En su intervención, ha destacado que la política de la competencia desempeña “un papel esencial para lograr una economía más sostenible”, al propiciar que el Pacto Verde Europeo sea capaz de transformar la UE en “una economía moderna, eficiente en el uso de recursos y competitiva, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 y donde se fomente el crecimiento económico de forma sostenible”.
Organizado por la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), este encuentro anual ha reunido desde ayer a las autoridades de competencia de todas las comunidades autónomas. El objetivo es poner en común criterios, analizar novedades legislativas y judiciales y/o exponer novedades y temas de interés para las personas participantes.
La jornada ha comenzado con una presentación por parte de las diferentes autoridades autonómicas de los proyectos desarrollados dentro del proyecto ‘Municipios y competencia’, promovido por todas ellas junto a la CNMC. Tal y como ha apuntado la vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia Enara Venturini, que ha moderado la mesa, “los municipios y la competencia no están inconexos, y las autoridades autonómicas tenemos que trabajar conjuntamente con ellos por estar más cerca de las administraciones locales”.
Desde la Autoridad Catalana de la Competencia, su presidente, Roger Lopacher, ha relatado las “historias” que han desarrollado dentro de este proyecto, entre las que se encuentran “intervenir en el espacio público para incrementar el uso del vehículo compartido a través de, entre otras medidas, incrementar zonas de aparcamiento de dichos vehículos. Es difícil no limitar el número de operadores, pero en ese caso, intentábamos maximizar la concurrencia para que se fuesen renovando las autorizaciones y ofrecer soluciones cada vez más innovadoras siempre en beneficio del usuario y buscar una regulación intermodal que la combine con el transporte público”.
El presidente de la Comisión Gallega de la Competencia, Ignacio López, ha narrado su proyecto para analizar las prórrogas de las concesiones municipales. “Detectamos que muchos contratos o estaban en prórroga o estaban sin contrato con una orden de continuidad, a veces por 25, 30 o 50 años. El cierre de ese mercado conlleva una pérdida de innovación o incluso el perjuicio de los usuarios. Nuestra intención es actualizar este estudio y garantizar que en el ámbito municipal también se valore la posibilidad de que la prórroga no sea parte del contrato y abrir al mercado la prestación de estos servicios”.
El director de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, Joaquín Pérez, ha expuesto su trabajo para facilitar la promoción de la competencia en los servicios funerarios: “Entre las conclusiones, vimos que había que adecuar las normativas municipales para limitar la relaciones entre las funerarias y las compañías aseguradoras, y así evitar la dificultad que tienen las pequeñas empresas cuando el 70% de las primas están en las cinco grandes aseguradoras. A la hora de delimitar esa relación, se establecieron unas recomendaciones como que las compañías aseguradoras fueran transparentes cuando las familias consulten las funerarias que ofrecen los diferentes servicios y su coste, para que tengan la posibilidad de elegir. También se recomienda la necesidad de regular que los centros hospitalarios o residencias sean prescriptores de determinados operadores”.
Uso abusivo de los contratos menores
La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Ainara Herce, también ha participado en esta mesa redonda para exponer su proyecto sobre contratos menores: “Consideramos oportuno hacer una pequeña guía para colaborar con las entidades locales para tramitar esta modalidad contractual. Son recomendaciones desde un punto de vista de competencia. El contrato menor permite la adjudicación directa a un operador económico. El elemento más característico es el umbral. La adjudicación es fácil y directa, no hace falta pedir ofertas, aunque se recomienda solicitar al menos tres presupuestos. Como contras, vemos que no requiere publicidad previa, no hay un procedimiento abierto al que se pueden presentar ofertas, lo que puede suponer un cierre de mercado. Además, al ser un método sencillo, hay un uso abusivo de esta forma contractual, que debería ser extraordinaria. Si hay una planificación adecuada, debería acudirse a los métodos de contratación ordinarios, y se dejaría este tipo de contrato para imprevistos. También detectamos que ocurría a menudo el fraccionamiento del contrato para no superar el umbral, algo totalmente irregular que elude el procedimiento ordinario”.
Pedro Rosado, vocal del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, ha expuesto cómo propuso “una serie de medios para colaborar con ayuntamientos y diputaciones para implantar instalaciones de energías renovables y crear un registro de ubicaciones idóneas. Vimos que empezaron a aparecer una serie de consultoras, normalmente ligadas a compañías energéticas, para ofrecer un precontrato de derechos de las tierras a agricultores y ganaderos. Sin embargo, detectamos que los contratos eran todos son iguales, calcados. Igual que los precios. Es algo que debemos investigar porque puede ocurrir en otras comunidades. También estamos descubriendo cuestiones como la cláusula de huella de carbono en los concursos, que premia a quien no contamina, pero se premia en función de dónde está la sede social, dando más puntuación a las que están en el pueblo. ¿Realmente contamina menos por estar en el pueblo? Deberían evaluarse más factores para demostrar que para esa actividad concreta se produce una menor emisión de CO2”.
El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, Mario Varea, ha relatado un caso sobre los pliegos de concesiones elaborados por los ayuntamientos. “Hicimos un estudio sobre una serie de temas, como el estacionamiento en vías públicas, tanatorios, explotación de bares y cafeterías…”. Entre las principales conclusiones, se observaron situaciones muy dispares que requieren soluciones como “una delimitación del instrumento jurídico a utilizar. Para mismos servicios, se empleaban diferentes, y es una cuestión para tener en cuenta. En cuanto a la delimitación del objeto, en muchas ocasiones se fragmentaba. También vimos que se necesita fomentar la colaboración entre administraciones y la solicitud de informes a las autoridades de competencia”.
Por último, Irene Pinilla, subdirectora adjunta del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, ha abordado el tema de las telecomunicaciones. “Como reto, España ha presentado el despliegue de redes de comunicaciones en el entorno rural. Identificamos una serie de restricciones que los ayuntamientos muchas veces iban estableciendo muchas veces por desconocimiento, como exigir un aval en situaciones que no exige la propia ley. Con el proyecto hemos intentado trasladar unas buenas prácticas, identificar cosas que se pueden hacer mejor y cómo hacerlo. Se trata de adaptarse a la situación, formación a personas empleadas, acudir a las autoridades de competencia…”.
Detección de oficio de cárteles y una mirada al sector agroalimentario
La jornada ha continuado con una ponencia de la directora de Competencia de la CNMC, Susana Campuzano, que ha abordado la innovación en los métodos de detección de cárteles de oficio. Campuzano ha apuntado a que estas técnicas surgieron “a raíz de la entrada de un menor número de casos. Se creó una Unidad de Inteligencia Económica con perfiles que van desde las matemáticas hasta la ingeniería, con un gran bagaje, que se dedica a estudiar. Se vio un gran potencial a tecnologías como el machine learning o la IA en la detección de comportamientos anticompetitivos de oficio”. Desde 2014, la CNMC se dedicó a descargar y “limpiar” la base de datos de contratos del Estado para dejarla utilizable. “La hemos completado y es la base más completa del Estado, o incluso de Europa. Además, hemos conseguido las ofertas perdedoras en los procesos de licitación. España está totalmente a la vanguardia en ese sentido”.
Antes de ese momento, Campuzano ha recordado técnicas que fueron el germen inicial, como el empleo de estadística avanzada o gráficos que les ayudó a detectar determinadas conductas. Después, se entró en una fase más avanzada, con la base completa, cuando se empezó a emplear la IA. La primera medida fue una herramienta interna que emplea dos tipos de datos: estructurados y no estructurados (archivos adjuntos en las ofertas). “Permitió extraer esa información no estructurada en más de cuatro millones de ofertas y convertirla en estructurada”. Una herramienta posterior, BRAVA, utiliza aprendizaje automático supervisado para la detección de acuerdos anticompetitivos en ofertas. “La hemos entrenado y hemos codificado más de 20 indicadores, como las diferencias entre ofertas, pequeñas bajas, otros desarrollos muy complejos… Con todas esas variables, le enseñas un caso a nivel de oferta y empresa, de la base de datos, y te explica cuál es anticompetitiva y cuál no. Está en un 90% de acierto”.
Por último, una mesa ha analizado la incidencia de la competencia en el sector agroalimentario. En ella han participado Gemma Hernández, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación; Raul Pérez, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco; Maider Hormaza, directora global de Marketing, Ventas e Innovación de Kaiku Corporación Alimentaria; y Pablo de la Cruz, director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Ha estado moderada por el abogado experto en el sector agroalimentario Javier Berasategi.
“Tenemos que escuchar a los agentes del sector primario y la cadena alimentaria, que llevan años reclamando que sus explotaciones se empobrecen, que se les expulsa del mercado… Las autoridades de competencia han dedicado tiempo y esfuerzos a esta realidad, aunque parece que aún no se ha conseguido responder a muchas de esas demandas”, ha comenzado Berasategi.
Hernández ha apuntado que “es importante el conocimiento de la Ley por parte de los operadores, y su cumplimiento es mejorar la cadena alimentaria. Por nuestra parte, tenemos que aportar transparencia”. Pérez Iratxeta ha añadido que “el sector agrario es muy vulnerable por naturaleza. La ley y la jurisprudencia nos permiten ir trabajando, pero se han detectado muchas asimetrías en el poder de negociación. En ese sentido, los observatorios son muy importantes, como el Observatorio de la Cadena Alimentaria y de la Madera de Euskadi”.
Según García de Quevedo, “desde la pandemia, se han identificado sectores estratégicos, y el agroalimentario es uno de ellos. Sin embargo, su estructura es muy irregular en sus diferentes fases y está poco profesionalizado. La ley ayuda mucho en ese sentido”. De la Cruz ha introducido en el debate la perspectiva de las empresas de distribución, que a menudo encuentran “trabas a la unidad de mercado”: “La disparidad normativa y carga regulatoria es una dificultad. Se pone de manifiesto en casos donde un establecimiento se enfrenta a hasta una triple licencia, cuando un mismo caso es revisado por varios niveles de la administración”. Por último, Hormaza ha afirmado que es “muy importante la colaboración entre diferentes agentes de la cadena para generar valor en conjunto”.
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