El anuncio del gobierno de su intención de prorrogar el llamado escudo antiopas choca con lo señalado en el tratado de Maastricht firmado por España. Así lo entiende Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho europeo y mercantil.
El experto recuerda que el artículo 73B del Tratado de Maastricht impide las restricciones a los movimientos de capitales entre estados miembro o entre un estado miembro y un tercer estado. “Es verdad que el artículo 73D establece unas excepciones, pero muy restrictivas: sólo en aquellos casos que afecte a la seguridad nacional o al órden público; es decir, prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”, apunta Navas, que lamenta que la legislación española sea “prácticamente universal: todo es supuestamente estratégico”.
La Ley de Inversiones Extranjeras aprobada en junio de 2023 ya estableció el dictamen previo del Comité de Inversiones Extranjeras del ministerio de Economía de manera permanente para todas las inversiones de países extracomunitarios que pretendieran hacerse con el 10% de una compañía grande o el 5% en caso de ser una empresa ligada a Defensa.
Ahora lo que anuncia el gobierno es su intención de prorrogar el decreto que establece el mismo criterio para las operaciones intracomunitarias ya que el actual escudo antiopas caduca en diciembre de este año tras su tercera prórroga en diciembre de 2022 con el argumento de la inestabilidad de la guerra de Ucrania.
El experto explica que el escudo antiopas se estableció en plena pandemia para evitar que los especuladores aprovecharan la crisis sanitaria. El decreto fue prorrogado a finales de 2020 y vuelto a prorrogar en noviembre de 2021, con su tercera prórroga de diciembre de 2022.
“El covid fue una emergencia que podría explicar una excepción; pero ahora no hay excusas para seguir restringiendo la libre circulación de capitales que es la base de nuestro sistema económico y de la misma Unión Europea”, apunta el socio-director de navascusi.com.
La exigencia del placet gubernamental no es de mero trámite; ha sido relevante en la operación de IMF sobre Naturgy, en el interés por Vodafone de Zegona, en la opa de Magyar sobre Talgo, la operación de Vivendi en Prisa o en la entrada de la saudí STC en Telefónica. En total son 264 las operaciones que han requerido el visto bueno del gobierno desde que se estableció el llamado escudo antiopas.
“Que la inversión extranjera se esté descremando está obviamente vinculado a estas restricciones; en el primer semestre de este año la inversión extranjera cayó un 3,7%, las operaciones de China o Estados Unidos son cada vez menores y ya no hay empresas europeas interesadas en España. Es obvio que es un freno y nuestro despacho va a defender la libertad de capitales ante Bruselas porque es claro que violan el tratado de Maastricht, que además de ser vinculante es garantía de progreso, bienestar y prosperidad”, concluye el socio-director de navascusi.com
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