Las aguas vuelven a bajar revueltas en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). Según ha podido saber Confilegal, los cerca de 1400 trabajadores interinos, algunos de ellos con más de 14 años a sus espaldas, ubicados en los cuerpos C1, de administración, y A2, de gestión, tienen los días contados.
Serán despedidos sin indemnización alguna desde el próximo mes de septiembre, de forma escalonada. Lo que consideran un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto.
500 ya cesaron el 30 de junio pasado. Otros 500 cesarán el 30 de septiembre y los restantes lo harán el 31 de diciembre. A los primeros 500 hay que sumar otros 635 puestos adscritos al Plan de Estabilización de Empleo Temporal que han tenido que ser cesados para cumplir con la normativa vigente y no podrán volver a incorporarse al organismo hasta dentro de un mes.
Un plan que pone a este servicio público esencial, del que depende el abono de las prestaciones por desempleo y ERTE, en un rumbo hacia el colapso de su funcionamiento.
Alguno de los afectados confirma a este periódico que una parte de estas plazas no se va a cubrir porque se prevé que SEPE cierre algunas oficinas, con lo que es previsible que el servicio de cita previa se ralentice a más de dos meses, al igual que otras gestiones.
El cuerpo de administrativos, el más numeroso, sobre los 900 profesionales, dejará de pertenecer a la entidad a principios de octubre, como muy tarde. Muchos están agotando vacaciones ahora. Los profesionales vinculados a gestión seguirán hasta el primer trimestre del 2023.
La dirección del SEPE esta pidiendo a los profesionales que aún mantienen sus puestos que formen a los nuevos interinos que les van a sustituir en breve.
Algunos han cedido. Otros se niegan en rotundo a hacer ese trabajo formativo por el que no van a recibir ninguna contraprestación.
Estos nuevos interinos que ya se están incorporando provienen de esas mismas bolsas de interinos que el SEPE tiene operativas, saltandose a aquellos que están trabajando en activo.
Del SEPE dependen las prestaciones por desempleo y ERTE. Foto: SEPE.
El perfil de las personas que proceden de dichas bolsas es muy elemental, aclaran. La mayoría tienen pocos conocimientos y algunos otros no tienen ninguna formación.
Junto con estos, en septiembre se incorporarán aquellos que han aprobado el proceso de estabilización que el SEPE puso en marcha de forma paralela a la actual ley de interinos y cuyo número es escaso, tanto a nivel de administrativos como de cuerpo de gestión.
En cuanto a los profesionales que llevan temas de gestión en el SEPE, ERTE y otras prestaciones, la idea es que se mantengan hasta el primer trimestre de 2023 para que puedan formar a los que van a ir entrando en estas próximas semanas.
Desde fuera, la decisión de hacer un despido masivo tras el verano, no parece algo sensato según nos comentan.
Hay muchas gestiones por resolver y está pendiente el tema de los ERE. Según señala otro funcionario de esta entidad, no se han hecho bien ni el 80 % del total.
De hecho, parece que la política que se marca desde el SEPE es la de reclamar cobros indebidos con intereses a todo el mundo.
Cuando se presenta una reclamación previa para agotar la vía administrativa, la política que se sigue por los funcionarios que tramitan dichas reclamaciones es que se denieguen todas para que acaben en el Juzgado, ganando así tiempo.
EL SEPE SE SALTA LA LEY 20/2021
Otro afectado aclara que el SEPE, a medida que fueron apareciendo sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afectaban a España, Portugal e Italia, fue organizando diferentes oposiciones.
Incluso antes del “icetazo” (el Real Decreto-ley 14/2021 llamado de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que limita el contingente de interinos en el sector público, abocándolos a una oposición) ya había alguna convocatoria en marcha. Lo que evitaba que, en caso de no superar dicha oposición –eliminatoria en sus dos fases– porque desde el SEPE llegaron a argumentar que el concurso de méritos no era legal. Pese a que el artículo 43 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) respalda ese concurso de méritos.
Otra interina de esta entidad explica que la propia Oferta Pública de Empleo (OPE), relacionada con la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad, ha sido impugnada en vía judicial y está pendiente de resolución. Porque las plazas que se han sacado realmente a dicho concurso han sido muy escasas.
Se solicitaron medidas provisionales pero el juez de lo Contencioso no lo estimó en ese momento.
Respecto a los sindicatos mayoritarios, nos comentan que, pese a que hace algún tiempo denunciaron la situación de precariedad de estos profesionales, al final han suscrito todas las políticas del SEPE en estos momentos y son parte de culpa del conflicto que se ha generado.
De hecho, a todos los nuevos profesionales hay que darles cursos de formación; y son esos sindicatos los que imparten la información que es retribuida al mismo tiempo.
Esos cursos se cotizan a 90 euros la hora, explican.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho, hasta ahora, oídos sordos a las reivindicaciones de los interinos del SEPE.
LA MINISTRA YOLANDA DÍAZ NO LES APOYÓ
Este colectivo de interinos mandó, como recordarán los lectores de Confilegal, una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la que no han obtenido respuesta, por el momento. También han contactado con otros organismos europeos que sí han respondido y siguen este caso de cerca.
Para estos profesionales, la actitud es Díaz es censurable: “Hemos hecho jornadas maratonianas en la pandemia y nos hemos volcado, sin reparos, en el servicio al ciudadano tal como se nos pidió y tal como la situación lo ha requerido “.
En dicha misiva le dicen a Díaz que “no pedimos un imposible. Gracias a la Ley 20/2021, numerosas Administraciones Públicas están revocando Ofertas Públicas de Empleo o, por lo menos, están excluyendo las plazas de los temporales en abuso desde antes de 2016, incluso desde antes de 2020”.
Pero Díaz ha hecho caso omiso.
Estos profesionales si nadie lo impide serán despedidos en las próximas semanas. Tampoco se ha escuchado ninguna opinión de Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE en favor de sus profesionales, declarados trabajadores esenciales durante la pandemia.
Desde este colectivo se ve con escepticismo el plan presentado por Díaz, aprobado en ell Consejo de Ministros, para reflotar el SEPE.
«Nosotros ya estamos fuera. No van a contar con nosotros. Solo hay buenos trabajos en las oficinas centrales. El resto rota continuamente, por la precariedad en el empleo”, aclara uno de los funcionarios interinos.
Los interinos del Servicio Estatal Público de Empleo desconfían de los últimos comentarios que se han dado a conocer desde Función Publica en los que se asegura que este colectivo tendría una indemnización pero que aún no se ha podido precisar su cuantía.
Muchos de estos empleados han optado por la vía judicial para tratar de resolver su situación a través de los juzgados.
Al parecer, ya se han presentado un recurso de casación en el Supremo, por vía contencioso-administrativa por uno de los colctivos de interinos sobre la convocatoria de los procesos de estabilización del SEPE. Otro recurso más que la Sala Tercera tiene pendiente de resolver.
