El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene la obligación de estudiar y valorar todos aquellos proyectos de ley directamente relacionados con la Administración de Justicia. Y de ese estudio y valoración tiene que elaborarse un informe, que se debe enviar al Ministerio de Justicia, el «cuarto de carderas» de este tipo de leyes, desde donde, después, se llevan al Consejo de Ministros, para la aprobación del Anteproyecto de Ley consiguiente y su envío al Parlamento, donde se cocinan en un plato final, con el apoyo de las mayorías.
El caso del Anteproyecto de Ley para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) es la «asignatura pendiente» del órgano de gobierno de los jueces. Por eso ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió públicamente al CGPJ que le remita «cuanto antes» el informe con su opinión sobre dicho Anteproyecto, que, por vez primera en la historia –si ve la luz– traspasará a los fiscales la labor de dirigir las investigaciones penales.
El único escollo» para continuar la tramitación parlamentaria de esta ley, que es «muy compleja», es que «está pendiente» desde hace «más de un año y medio» del informe del CGPJ.
«Sabemos que es una ley muy compleja. Necesitamos que el Consejo informe cuanto antes para seguir con la tramitación parlamentaria, para elevarlo al Consejo de Estado, hacer las modificaciones, si son esenciales, que sean pertinentes. Y elevarlo ya al Parlamento», subrayó.
«Es fundamental que abordemos de una vez por todas este nuevo modelo de proceder en los procesos penales de nuestro país», destacó ayer Llop en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum y en presencia del presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo.
Llop explicó que la nueva normativa pondrá a España al nivel de otros países de Europa, al modernizar la investigación criminal y garantizar el «reconocimiento» de los derechos de las víctimas.
«A medida que una sociedad se va sofisticando, se sofistican también sus valores. Por eso, las víctimas tienen un rol fundamental y ese cambio de modelo de la fase de investigación que será asumida por la Fiscalía va a solucionar muchas de las distorsiones que se producen en España respecto al funcionamiento de la Fiscalía Europea», dijo la ministra, encuadrando esta iniciativa entre las posibles soluciones para que la Justicia sea más eficiente.
FISCAL INSTRUCTOR
En febrero de este año, fuentes del Ministerio de Justicia declararon que el informe del órgano de gobierno de los jueces a esta reforma es importante para que el proyecto avance.
Las mismas fuentes indicaron que son conscientes de que es un tema «sensible» con el que no se pueden dar pasos en falso.
Desde el CGPJ apuntaron que habían empezado a trabajar en ello cuando el anterior ministro, Juan Carlos Campo, les remitió el borrador y que, ante la insistencia de Justicia, habían reactivado los trabajos.
La gran novedad que plantea el borrador de la LECrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor y serán los fiscales quienes dirijan la investigación cuando la reforma entre en vigor. Eso sí, con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
Justicia creó un Grupo de Trabajo Interinstitucional para revisar el anteproyecto de la LECrim, una decisión que se adoptó después de que se conociera el informe de la Fiscalía, en el que se apuntaba que no se ajustaba del todo a las necesidades del Ministerio Fiscal.
Este grupo está formado por el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Abogacía, expertos universitarios y el Consejo General de Procuradores.
