A la izquierda Antonio Costa, profesor de Derecho del Trabajo en UCO, a la derecha Cinta Vivancos, vicepresidenta de ASNALA
En España, la tasa de temporalidad en el sector público es del 29,58%, lo que nos sitúa como el segundo país europeo con mayor índice, según los últimos datos del INE. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió el pasado febrero una sentencia en la que concluía que España no cuenta con legislación suficiente para evitar el abuso de la temporalidad en el empleo público. Para analizar esta problemática, la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) ha organizado con el patrocinio de LHH y, junto a la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, su VI Jornada de Primavera en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba. Además, también colaboran el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
Antonio Costa Reyes, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Córdoba (UCO), aseguró durante esta jornada que “el legislador español no puede seguir eludiendo el problema o limitarse a ofrecer meros parches. El fallo del Tribunal de Luxemburgo confirma la necesidad de implementar medidas de adecuación, aunque ello implique modificar la jurisprudencia actual contraria a la posible declaración de fijeza”.
Como decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, Nuria Ceular Villamandos, consideró que esta sentencia “ha generado un profundo impacto en el ámbito laboral y plantea nuevos desafíos, obligando a revisar y adaptar las prácticas y políticas laborales en todas las esferas, incluidas las instituciones educativas como la nuestra”.
Por ello, el profesor Costa Reyes sugirió continuar en la línea que ya plantea el Real Decreto-ley 6/2023 y apostar por una mejor planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos: “en este sentido, es esencial procurar unos procesos de selección y cobertura ágiles. Eso debería conllevar que tales procesos fueran más amplios o comunes para varias administraciones, que permitan además generar bolsas de ‘aprobados’ para similares categorías de cara a necesidades futuras de las entidades públicas”. Además, Costa señaló que sería conveniente que “tales convocatorias únicas fueran periódicas, teniendo lugar cada ciertos años y, en todo caso, cuando se agotase la ‘validez’ o las personas de la bolsa anterior”.
En los últimos años, el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa medidas con el objetivo de reducir los contratos públicos de carácter temporal. En 2021, se aprobó el Real Decreto-ley 14/2021, y luego la Ley 20/2021, para estabilizar a 300.000 empleados públicos interinos que llevaban décadas encadenando contratos temporales. Según los últimos datos de Función Pública, la normativa ha conseguido ya la fijeza de 225.000 empleados, un 75% de la meta. En relación a estos datos y medidas, el profesor Costa explicó durante la VI Jornada Primavera de ASNALA que, a pesar de abrir una vía adecuada para solucionar problemas ya existentes, “la normativa de urgencia de 2021 no sirve para prevenir, evitar o sancionar de manera eficaz y disuasoria el incumplimiento de los objetivos de la Cláusula 5ª de la Directiva, el TJUE lo ha dejado claro”.
El fallo del Tribunal de Luxemburgo ya ha sido considerado en varias sentencias de tribunales españoles, pero con interpretaciones dispares. En casos como el de una trabajadora de Telemadrid o el de una interina de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se ha otorgado la fijeza de forma automática. “Lejos de hacer el esfuerzo que reclama el TJUE de realizar una interpretación conforme, se han limitado a una aplicación automática de la fijeza que, a mi modo de ver, ni es exigida por el Tribunal europeo ni es posible sin más”, valora Costa. En este sentido, existen otros pronunciamientos que niegan esa automaticidad y plantean otras posibles soluciones.
La importancia del abordaje proactivo para afrontar este y otros desafíos jurídico-laborales
El director académico y el coordinador de la VI Jornada de Primavera ASNALA, el catedrático Federico Navarro Nieto y el profesor y abogado Federico Medina Ramírez, apuntaron al “enorme vuelco de la sentencia del TJUE del 22 de febrero de 2024” y a la necesidad de celebrar este tipo de eventos para “los colectivos que ejercemos en la rama del Derecho Laboral”. En este sentido, la presidenta de ASNALA, Ana Gómez Hernández, destacó que “esta sexta edición de nuestra Jornada de Primavera aúna prácticamente la totalidad de todos los ámbitos implicados en el mundo laboral, pasando por el académico, jurídico, empresarial y hasta la ITSS”.
Nuria Ceular Villamandos, decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCO, advirtió que la regulación laboral está en constante cambio en la actualidad, por lo que resulta imprescindible “poder actualizarnos y profundizar en los conocimientos ya adquiridos”. Además, la decana resaltó el compromiso de su facultad como “centro docente de referencia en el ámbito de las Relaciones Laborales y colaborar con asociaciones como ASNALA nos permite abordar de manera aún más proactiva estos desafíos y proporcionar a nuestros estudiantes, profesores y profesionales del sector las herramientas necesarias”.
Por su parte, Carlos Arias, decano de la Abogacía de Córdoba, destacó la trascendencia de que esta jornada aborde «las claves para entender esta sentencia y su trascendencia, así como la influencia que va a tener en el ejercicio del Derecho y en nuestros tribunales por cuanto se centra en la figura del personal laboral indefinido no fijo, sugiriendo que la fijeza podría ser una sanción adecuada para prevenir y sancionar los abusos«. El decano, además, llamó la atención sobre la importancia de iniciativas como esta Jornada de Primavera impulsada por ASNALA, pues «viene a complementar el compromiso que tiene Colegio con la formación, actualización y especialización de sus colegiados y del resto de profesionales implicados en el ámbito de las Relaciones Laborales, para quienes abrimos nuestra oferta formativa«.
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