Irina Ciobanu Zeru, Abogada de Familia y Socia de AMAFI
En esta ponencia del III Congreso de AMAFI, Dña. María Victoria Josefa Guinaldo López, Magistrada de la Audiencia Provincial de Salamanca explicó este asunto tan importante y que afecta en el día a día los procedimientos judiciales de crisis matrimoniales, en los que se ven inmersas cada año cientos de familias y, sobre todo, cuando la prueba afecta a menores de edad.
La trascendencia de los procedimientos de crisis matrimoniales afecta tanto cuantitativamente como cualitativamente y es por ello por lo que, esta materia es merecedora de una normativa especial: Libro IV del Código Civil destacando de forma manifiesta la prueba en estos procesos.
Pero cuando hablamos de prueba, debemos diferenciar, como destaca la ponente, entre valoración de la prueba (STS 911/2022, de 11 de octubre) y la carga de la prueba (217 LEC).
En cuanto a la carga de la prueba, cobra una especial relevancia el apartado 7 del artículo 217 LEC, como determina la STS 759/2023, de 17 de mayo: “recoge la doctrina de la disponibilidad y facilidad probatoria, conforme a la cual la carga de la prueba no vendrá determinada de antemano de forma rígida, sino bajo condiciones flexibles…”
Mientras que la valoración de la prueba, como se mencionaba al inicio, está destinada a fijar que hechos alegados y controvertidos por las partes deben considerarse acreditados; las reglas de la carga de la prueba determinan las consecuencias procesales de la falta de la prueba. Por tanto, en cuanto a la valoración de la prueba, se deberá acudir a cada caso en tanto en cuanto no hay dos familias ni dos pleitos iguales.
Tal y como recordaba la ponente, la utilización de los medios de prueba pertinentes es un derecho fundamental (art. 24 CE) y así lo señala la STC 121/2021, de 2 de junio, en su fundamento octavo refiriéndose a la pertinencia de prueba – si bien no es ilimitada – o que esta deba ser aportada en tiempo y forma; que el examen corresponde a jueces y tribunales; la indefensión de la falta de actividad probatoria deba ser efectiva, y por último, la relevancia de la relación entre hechos y pruebas inadmitidas, si se pretende demostrar la vulneración del derecho a la prueba exigida.
Por otro lado, se deben recordar los principios que informan la prueba en los procedimientos matrimoniales, destacando la postulación, la especial legitimación con la intervención del Ministerio Fiscal, así como la limitación del principio dispositivo o la indisponibilidad total del objeto, a diferencia de otras materias. La especialidad de aportación de parte y como la regla general sufre modificaciones en estos procesos (como la autorización al tribunal de practicar todas las pruebas o apartarse de las que considere).
Otro principio rector de los procesos de familia y protegido por la Constitución es el interés superior del menor, que a pesar de que la doctrina lo califica como indeterminado, es en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio donde se determina el mismo. La doctrina y jurisprudencia han introducido diferentes pautas tales como la edad y madurez del menor, necesidad de garantizar su igualdad y la no discriminación por su especial vulnerabilidad, etc. Todo ello a fin de que en estos procesos especiales predomine el interés de los menores.
Sin olvidar que otro de los principios de los procesos de familia es el de publicidad – que a diferencia de la norma básica si podrán celebrarse a puerta cerrada, mediante providencia- y concentración; y, por último, la motivación de las resoluciones de forma específica y singularizando cada caso, ya que de no ser así, en estos procesos singulares, sería causa de nulidad de la Sentencia.
Consecuentemente, si nos referimos a la prueba en los procedimientos matrimoniales específicamente, y atendiendo también al artículo 752 LEC, se mencionaron las peculiaridades de esta, resaltando que el Tribunal goza en todo caso de la facultad de designar perito de oficio, tal y como establece el apartado quinto del art. 339 LEC. La ponente fue destacando cada fase de la prueba:
Proposición, podrá ser aportada tanto en la demanda, en la vista, como después de la misma ya que pueden surgir nuevos hechos; pero también el juez podrá proponer todas aquellas que estime oportunas; surge un criterio de flexibilidad, pero no ilimitado.
El plazo para practicar, como ya sabemos, es el día de la vista, pero en un plazo de 30 días podrán celebrarse aquellas que no sean posibles o las relacionadas con la audiencia o exploración del menor. Estas excepciones no caben si la separación o el divorcio se realiza ante el LAJ o notarios.
Medios de Prueba. En este punto, en palabras de la ponente, además del interrogatorio, documental, dictámenes periciales, dictámenes psicosociales, testificales, cobra especial relevancia el interrogatorio del menor y sus especialidades. Cabe recordar que respecto a este último punto caben dos posturas sobre la naturaleza jurídica del mismo, pudiéndose considerar como medio de prueba, pero también se entiende como un derecho del menor a expresar libremente sus sentimientos, atendiendo a edad y madurez. Se trata de una prueba facultativa y es un derecho renunciable. Esta prueba se deberá celebrar a puerta cerrada, informando al menor en un lenguaje claro y comprensible. Si se deniega este medio de prueba de audiencia o exploración del menor, deberá dictarse resolución motivada en el interés superior del menor en cada supuesto. En relación con la documentación de la exploración del menor existe mucha controversia, y depende del criterio de cada Juzgado; en opinión de la Magistrada, se deben recoger en un ACTA las manifestaciones más importantes que realice el menor dando lugar así a un equilibrio de derechos entre derecho a la intimidad del menor y tutela judicial efectiva de las partes; y además se estaría de esta manera evitando una exploración en segunda instancia.
En conclusión, en procedimientos matrimoniales la prueba tiene una regulación especial, de gran relevancia y orientada a proteger a los menores de edad, y la facultad que se concede al juez de practicar toda aquella que considere necesaria, si se refiere a materia no disponible, salvo en aquellas de carácter patrimonial, que serán las partes quienes tengan la carga de probar.
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