La inteligencia artificial ya no se presenta ante la abogacía como una tecnología de futuro. Está entrando en los procesos de trabajo, automatizando tareas y modificando la forma de prestar servicios jurídicos. El debate empieza ahora a desplazarse hacia una cuestión más compleja: qué seguirá aportando el abogado cuando una parte creciente del trabajo pueda realizarse con ayuda de estas herramientas y si todos los despachos tendrán las mismas posibilidades de acceder a ellas.
Estas cuestiones han centrado el I Foro Tecnológico del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), celebrado este miércoles con profesionales del Derecho y representantes del sector tecnológico. En la apertura, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, resumió el cambio de escenario: “El debate ya no es si la inteligencia artificial llegará a la abogacía. Ya ha llegado. La cuestión es qué vamos a hacer nosotros con ella”.
Para Ribón, la capacidad tecnológica puede aumentar considerablemente las posibilidades del profesional, pero existe un terreno que continúa correspondiendo al abogado: el criterio. Junto a él situó la estrategia, la responsabilidad, la relación de confianza con el cliente, la independencia, el secreto profesional y la propia función de defensa. “Crecer no significa renunciar a aquello que somos. Significa incorporar nuevas capacidades sin perder nuestros principios”, señaló.
Pero la transformación tecnológica plantea también un problema de dimensión empresarial. La capacidad económica y organizativa necesaria para incorporar las mejores herramientas puede aumentar la distancia entre los grandes despachos y las firmas de menor tamaño.
El propio decano advirtió de que la transformación digital no puede quedar reservada a las grandes organizaciones y defendió que los abogados individuales y los pequeños y medianos despachos puedan beneficiarse igualmente de ella. Alejandro Touriño, socio director de ECIJA y presidente de la Sección TIC del ICAM, fue más allá al advertir de que “la tecnología agrava la diferencia”.
La brecha, además, no depende únicamente del coste de las licencias. Touriño apuntó a la capacidad de los despachos para reorganizar sus procesos, integrar las nuevas herramientas y aprovechar el conocimiento acumulado. La ventaja tecnológica se convierte así también en una cuestión de estructura y organización.
El modelo de negocio también cambia
La consecuencia puede ser una revisión del propio modelo de prestación de servicios jurídicos. Si determinadas respuestas o trabajos que tradicionalmente ofrecía un despacho pasan a estar al alcance directo del cliente, el abogado tendrá que identificar con mayor precisión dónde se encuentra su aportación diferencial.
“Si uno pretende cobrarle al cliente por lo que el cliente ya tiene, creo que el modelo está agotado. Si uno es capaz de ofrecer cosas que el cliente no es capaz de obtener por sí mismo, ahí es donde está la aportación de valor”, afirmó Touriño.
La transformación alcanza igualmente a los abogados más jóvenes. Buena parte de las tareas que tradicionalmente constituían el trabajo inicial de los profesionales junior pueden ser automatizadas, pero Touriño rechazó que eso implique su desaparición de los despachos. A su juicio, la diferencia dependerá menos de la edad que de la “aptitud y de la actitud” con la que cada profesional incorpore las nuevas herramientas.
El Foro reunió también a Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y profesor de Derecho Digital de la Universidad Carlos III de Madrid; David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft España; Eladio Alcázar, Head of Justicia en NTT DATA IBBIOL; y Laura Barrios, subdirectora del Grupo Tirant Lo Blanch. El debate, moderado por la periodista Verónica Sanz, abordó desde los nuevos modelos de facturación hasta los riesgos de una producción documental masiva y las necesidades de formación que está generando la IA.
Mabel Klimt, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Tecnología, introdujo otra perspectiva al reclamar que la digitalización no se mida exclusivamente en términos de productividad. A su juicio, también puede servir para “humanizar la profesión, hacerla más flexible”, facilitando una mejor compatibilidad entre las exigencias del ejercicio profesional y las necesidades personales y familiares.
El debate del primer Foro Tecnológico del ICAM dibuja así un escenario en el que la cuestión ya no parece ser cuánto trabajo jurídico puede asumir la inteligencia artificial, sino qué valor deberá aportar el profesional cuando la tecnología sea una herramienta habitual de cualquier despacho. Y, al mismo tiempo, cómo evitar que el acceso desigual a esas capacidades termine creando una nueva frontera competitiva dentro de la propia abogacía.
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