La Fiscalía Superior de Cataluña pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs Castanyer (Junts per Catalunya), por fraccionar 18 contratos cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas (ILC), entre 2013 y 2017, para encargar a dedo proyectos a un amigo, Isaías Herrero Florensa, sin necesidad de licitar, por valor de 259.863 euros.
Le imputa delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, pero descarta el fraude y la malversación continuada por los que sí la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) hace dos semanas, porque el Ministerio Fiscal no ve acreditado que el ILC pagara de más por estos encargos.
En concreto, reclama 15 años de inhabilitación por el delito de prevaricación y otros seis años por el delito de falsedad documental, que también lleva aparejado la pena de prisión y una multa de 144.000 euros.
De los mismos delitos acusa a Isaías Herrero y a Andreu P., quien presuntamente ayudó al primero a preparar los presupuestos y facturas que presentaba al ILC. Para el primero también solicita seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 72.000 euros, mientras que para el segundo pide tres años de prisión, 10 de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 30.000 euros.
El magistrado instructor del caso, Jordi Seguí Puntas, acordó el pasado 27 de junio, una vez finalizada las últimas diligencias de instrucción, dar traslado al Ministerio Fiscal para que presentara petición de apertura de juicio oral y escrito de acusación o petición de archivo, en relación al procedimiento abierto a Borràs y otras 3 personas más, dos de las cuales no son cargos públicos.
La Fiscalía ha dejado fuera de la acusación al técnico de la ILC Roger E., investigado por presuntamente facilitar los trámites.
El Tribunal Supremo remitió en abril la causa contra Borràs al haber perdido el pasado mes de marzo su condición de miembro del Congreso de los Diputados, por lo que era aforada ante el Alto Tribunal.
El Supremo abrió el procedimiento penal a Borràs el 17 de diciembre de 2019, designando como instructor de la causa al magistrado Eduardo de Porres. Borràs fue citada a declarar como investigada en julio de 2021 y se negó a hacerlo.
La investigación del caso empezó a raíz de una conversación telefónica intervenida a Isaías Herrero, que estaba siendo investigado en otra causa por presunta falsificación de billetes y de tráfico de drogas, delitos por los que la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó en diciembre de 2019 a cinco años de cárcel.
Esa otra causa, a su vez, se destapó gracias a un error de un funcionario de Correos. Herrero usaba un apartado de Correos para recibir el dinero falso, y por error el cartero lo dejó en el buzón contiguo, lo que despertó las sospechas de la dueña de dicho buzón.
LOS HECHOS
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Borràs era la responsable de las contrataciones y que se puso de acuerdo con su amigo para adjudicarle varios encargos relacionados con la web de la institución, «fraccionando indebidamente en diferentes contratos» estos trabajos que hacía de manera recurrente y por los que en total cobró 277.438,17 euros, con IVA 335.700,29 euros.
Señala que para dar «una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia», pactaron que para cada contrato aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores.
Según relata, dos de estos tres presupuestos no eran ofertas reales, sino que los hacían Isaías Herrero, Andreu P. y Borràs para simular que se adjudicaban al mejor licitador, pero en realidad el adjudicatario de todos era el amigo de Borràs.
La Fiscalía concluye que entre marzo de 2013 y febrero de 2017 Borràs, «con abuso de sus funciones como directora de la ILC», propuso, aprobó y adjudicó 18 contratos menores sin justificar que fueran la mejor oferta porque sabía que detrás de todos los presupuestos estaba Herrero.
