La Fiscalía destaca que en la persecución de la criminalidad informática hay una incalculable cantidad oculta de delitos que no son denunciados porque las víctimas no se atreven a hacerlo o no se han dado cuenta. Pese a ello, en 2021 aumentaron un 40% los procesos judiciales y las diligencias de investigación respecto al año anterior, especialmente las estafas por inversión en criptomonedas.
Así se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2021, que ha sido presentada hoy en el acto de apertura del año judicial celebrado en el Tribunal Supremo, y que ha detallado la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, dado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no ha podido asistir al acto porque ha dado positivo en Covid.
Puede descargarse la memoria pinchando aquí.
El año pasado se incoaron en España un total de 23.801 procedimientos judiciales y 325 diligencias de investigación fiscales por hechos susceptibles de entrar en esta categoría, 6.951 más que los registrados en 2020, con 16.914 y 261, respectivamente.
El incremento de las actuaciones judiciales por estos ilícitos ha crecido un 257% en los últimos cinco años, pasando de 6.676 en 2017 a 23.801 el pasado año.
La Fiscalía pone el foco en el que los delitos a través de Internet, como, por ejemplo, los que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, la integridad moral, el acoso o las amenazas, no se denuncian debido a que las víctimas «o bien no son conscientes de la agresión o bien su propia situación de vulnerabilidad les impide o dificulta la denuncia».
Al igual que en años anteriores, los delitos de estafa y/o defraudación generaron el 75% de los procedimientos judiciales abiertos -17.969 expedientes-, por cualquier clase de ciberdelitos, que la Fiscalía investiga a través de una unidad específica.
Además, el predominio de los procedimientos sobre estafas y defraudaciones frente a otros ilícitos no ha parado de incrementar. Si en 2018 ofrecía un índice del 61%, esa cifra se elevó al 65% en 2019 y al 72% en 2020, hasta alcanzar el pasado año el 75%.
Dentro de estos procesos cada vez tienen más protagonismo aquellos casos en los que se usa la red para publicitar productos financieros engañosamente ofrecidos como «inversiones seguras de alta rentabilidad y en condiciones aparentemente muy ventajosas» después de haber aportado «importantes desembolsos económicos» en la creencia de que tendrán «beneficios que nunca llegan a obtener», ni con el tiempo lograrán, «recuperar» el dinero entregado.
Además, la Fiscalía destaca la dificultad de identificar a los delincuentes o la ubicación del país desde el que están actuando. Asimismo, resalta que las víctimas de la estafa suelen hacer su aportación de dinero en activos digitales como las criptomonedas, u otros métodos como el ‘SIM Swapping’, el ‘pharming’ o el ‘phising’, que representa el 70% de denuncias por defraudación ‘online’.
A este respecto, en la Memoria se resalta el «significativo volumen de causas judiciales en tramitación por supuestas operaciones económicas en las que se emplean fraudulentamente como reclamo las ventajas que presuntamente ofrecen estos criptovalores».
La Memoria Anual del Ministerio Público recopila la actividad de las diferentes Fiscalías territoriales, así como las Fiscalías especiales y las Áreas especializadas, e incluye referencias sobre la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las propuestas de reformas legislativas para una mayor eficacia de la Justicia.
ABRIÓ 12 INVESTIGACIONES POR INJURIAS A LA CORONA, QUE CERRÓ POR CONSIDERARLAS ‘CRÍTICA POLÍTICA’
La Memoria también revela que la Fiscalía abrió en 2021 doce investigaciones por injurias a la Corona que acabó cerrando, sin llegar a judicializar ninguna, porque entendió que se encuadraban en el ámbito de la «crítica política», y no personal de la institución monárquica en general, y en particular del Reino de España como nación, «debiendo entenderse como una expresión simbólica de insatisfacción y protesta, y, por tanto, primar la libertad de expresión como derecho fundamental».
Explica que «la actividad judicial en esta tipología delictiva se ha centrado los últimos años en la investigación de acciones consistentes en la quema de fotografías de los reyes y otros comportamientos injuriosos susceptibles de ser calificados jurídicamente como delitos de injurias a la Corona del artículo 490.3 y/o 491 del Código Penal«.
Sin embargo, recuerda que «debido a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (Sentencia de 13 de marzo de 2018 en el caso Stern Taulats y Roura Capellera c. España) se ha producido una drástica reducción de este tipo de procedimientos».
Desde entonces, expone, «el camino seguido por la Fiscalía, en vista de la nueva jurisprudencia, ha sido incoar diligencias de investigación tras la recepción de atestados y denuncias de particulares y entidades (públicas y privadas) a los fines de hacer un previo juicio de los hechos denunciados y ver si se cumplen los parámetros jurisprudenciales mencionados».
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DELITOS DE ODIO
La teniente fiscal del Tribunal Supremo se ha referido en su discurso a la violencia de género como «la máxima expresión de la desigualdad que, golpea con extraordinaria crudeza nuestra convivencia diaria», y ha llamado a «combatirla con firmeza». A tal fin, ha subrayado que la Memoria diferencia, por primera vez, el feminicido familiar o íntimo, el no íntimo y el feminicidio por conexión.
La teniente fiscal ha asegurado que es absolutamente imprescindible abundar en la formación en perspectiva de género y llevarla a todos los ámbitos y jurisdicciones.
Durante 2021 fueron asesinadas 50 mujeres, tres más que el año anterior, de las que tan solo 11 habían presentado denuncia. La violencia de género dejó 31 menores huérfanos y cuatro fueron asesinados por sus padres.
Otra preocupación de la Fiscalía es la proliferación de los delitos de odio y discriminación. Unos delitos que, en palabras de Sánchez Conde, “no solo atentan contra los bienes jurídicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también ponen en cuestión los principios y valores constitucionales y nuestro modelo democrático de convivencia pacífica”.
En 2021, los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27,19%. Se observa un importante aumento del 44,44% en los escritos de acusación presentados. En las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía, los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5%; la orientación e identidad sexual y de género, con un 25%; y en tercer lugar la ideología, con un 19,2%.
IMPULSARÁ REFORMAS PARCIALES HASTA LOGRAR UNA INTEGRAL PARA AVANZAR EN AUTONOMÍA Y TRANSPARENCIA
La teniente fiscal del Supremo ha incidido en su discurso en la necesidad de abordar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para logar una «autonomía reforzada», si bien hasta lograrlo ha prometido impulsar modificaciones parciales para «conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia».
Durante su intervención, la ‘número dos’ de la Fiscalía ha llamado a una «reflexión sobre el futuro» del Ministerio Público abogando por «imprimir un importante esfuerzo para adoptar nuevas prácticas tendentes a modernizar la institución, dotarla de mayor transparencia y aspirar a la excelencia en la prestación del servicio público de justicia».
Así, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de acometer «una reforma estatutaria que confiera al Ministerio Fiscal un estatus de autonomía reforzada en todos los niveles: presupuestario, organizativo, normativo y formativo».
