Magdalena Rico Palao, abogada y directora de la plataforma www.eliminacuotafinal.es
La cláusula de cuota final de un préstamo ha sido objeto de controversia judicial debido a su falta de claridad y transparencia y ya se conocen las primeras Sentencias de Audiencias provinciales que vienen a anular dicha cláusula de vencimiento final. Sin ir más lejos, la Audiencia Provincial de Alicante, por Sentencia de fecha 17 de Junio de 2024, ha declarado la nulidad de la cláusula que estipulaba un pago aplazado de 30.900 euros, correspondiente al 30% del total del préstamo. Por el afectado se argumentó que no se proporcionó una explicación adecuada sobre el sistema de amortización, y que las referencias a documentos no entregados dificultan la comprensión de la cláusula.
En algunos recursos presentados por los bancos, singularmente Caixabank, se sostiene que la cláusula en cuestión no fue impuesta, sino negociada. Se argumenta que estaba incluida en una escritura pública que fue leída por un notario y que se proporcionó una oferta vinculante con las condiciones del préstamo. También se menciona que el cliente firmó una solicitud de crédito y que se realizaron explicaciones verbales por parte de la entidad financiera durante el proceso de contratación, lo que sugiere que hubo una negociación individualizada sobre las principales cláusulas del contrato.
A pesar de estos argumentos, los Tribunales consideran que la cláusula no cumple con el control de incorporación, ya que no es clara y comprensible. Para que una cláusula sea válida, debe estar redactada de manera sencilla y permitir que el consumidor comprenda plenamente su contenido. En este caso, se concluye que la cláusula de amortización con cuotas mixtas afecta a un elemento esencial del contrato, y que su falta de claridad implica que no supera el control de transparencia.
Además, se señala que la cláusula de cuota final no se explica de forma suficiente, lo que genera confusión sobre el monto final a pagar. Se destaca que el sistema de cálculo del importe de las cuotas es complicado, especialmente por las referencias a fórmulas aritméticas que resultan incomprensibles para un consumidor promedio. Esto lleva a la conclusión de que la cláusula no puede ser considerada válida.
Por otro lado, también es fácil refutar las alegaciones de que la cláusula fue negociada individualmente. La carga de la prueba recae en la entidad financiera para demostrar que se realizaron negociaciones y que se proporcionó información clara. Sin embargo, no hay evidencia suficiente que respalde estas afirmaciones. La lectura notarial no garantiza que los prestatarios hayan comprendido las implicaciones de lo que firmaron, y la falta de claridad en el anexo con las fórmulas aritméticas impide a un consumidor medio entender el importe de la última cuota.
En resumen, se subraya la importancia de la claridad y la transparencia en las cláusulas de los contratos de préstamo. La falta de una explicación comprensible sobre la cuota final y el sistema de amortización llevó a la anulación de la cláusula, resaltando la necesidad de proteger a los consumidores de condiciones contractuales que no sean fácilmente entendibles.
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