Ninguno de los 18 juicios por el procedimiento del tribunal del jurado celebrados en 2021 en la Audiencia Provincial de Sevilla, ni los 4 que han tenido lugar en el curso de 2022, han sido grabados audiovisualmente, tal como ordena el artículo 743 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), según han confirmado Confilegal de fuentes oficiales de la Administracion de Justicia en Sevilla.
Esta es una «norma» que, al parecer, lleva implementando desde hace mucho tiempo Luis Revilla Pérez , letrado de la Administración de Justicia (LAJ) de la Oficina y Tribunal del Jurado en dicha Audiencia Provincial.
El LAJ, para cubrirse en salud, envía una semana antes a las partes un decreto «informándoles» que el juicio con jurado popular no se va a grabar audiovisualmente, como manda no solo el mencionado artículo 734 de la LECRim sino también el artículo 230.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
«Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”, dice este último artículo.
La argumentación del LAJ, según han explicado fuentes cercanas al funcionario, es que «la grabación ‘enlentece’ la celebración de los juicios con jurado porque los componentes del tribunal popular pueden pedir, en algún momento de la deliberación de cada caso, el visionado de diversas partes del juicio celebrado. Con lo que la deliberación se puede prolongar más allá de un mes, incluso». Evidentemente es una exageración.
La grabación de los juicios con jurado se está cumpliendo en las 49 provincias restantes de España, salvo en Sevilla.
El abogado Luis Romero, damnificado directo, presentó recientemente un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la condena de su cliente, acusado de asesinato, tras la celebración del juicio con jurado que presidió el magistrado Carlos Lledó González, entre el 20 y el 24 de junico pasados, precisamente por eso: Porque no se grabó audiovisualmente el juicio.
Hasta ahora el LAJ Revilla se venía sintiendo seguro con el decreto «de cuatro páginas» que enviaba a las partes unos días antes de la celebración, «informándoles» de que no se iba a grabar el proceso judicial del tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Sevilla.
Al simplificar la operativa la consecuencia es que se podía marchar antes a casa.
La argumentación del LAJ, según han explicado fuentes cercanas al funcionario, es que «la grabación ‘enlentece’ la celebración de los juicios con jurado porque los componentes del tribunal popular pueden pedir, en algún momento de la deliberación de cada caso, el visionado de diversas partes del juicio celebrado
En el caso del abogado Romero, a este no le consta haber recibido el decreto del LAJ vía telemática. Su procuradora así se lo ha confirmado.
«Pero aunque lo hubiera recibido. La decisición del LAJ es contraria no solo a la LECRim y a la LOPJ. También a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es supletoria para todas las jurisdicciones. En su artículo 147 dice que ‘Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados o, en su caso, ante los secretarios judiciales, se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen y no podrán transcribirse’», recita el abogado de memoria.
Y añade: «El letrado judicial no puede tomar esa decisión, como ha hecho. Y el magistrado presidente no puede secundarla, como también lo ha hecho. Esta conducta es arbitraria y contraria a la ley, lo que produce indefensión porque vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, que garantiza la tutela judicial efectiva», declara el abogado.
El LAJ Luis Revilla Pérez, que prefiere que no se graben los juicios del Tribunal del Jurado. Foto: CNLAJ.
LA SALA DE LO PENAL DEL SUPREMO SE HA PRONUNCIADO ALTO Y CLARO SOBRE LA GRABACIÓN DE JUICIOS
Sobre este asunto la propia Sala de lo Penal del Supremo se ha pronunciado con toda claridad.
Fue en un Pleno específico que se celebró el 28 de mayo de 2017, compuesto por los magistrados Manuel Marchena Gómez, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral García, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García, Pablo Llarena Conde, Carlos Granados Pérez, Perfecto Andrés Ibáñez y Juan Saavedra Ruiz.
Tomó el siguiente acuerdo por unanimidad.
«1.- El actual sistema de documentación de los juicios orales es altamente insatisfactorio y debería ser complementado por un sistema de estenotipia. Dada la naturaleza de las deficiencias observadas en numerosos casos, habrá de garantizarse, en relación con lo dispuesto en el artículo 743 de la LECrim, la autenticidad, integridad y accesibilidad del contenido del soporte que se entregue a las partes y del que se remita a los Tribunales competentes para la resolución del recurso.
«2.- Cuando la documentación relativa al juicio oral sea imprescindible para la resolución del recurso, su ausencia en relación con los aspectos controvertidos,
que genere indefensión material, determinará la nulidad del juicio oral o, en su caso, la absolución«.
REVILLA SE JACTA DE TENER UNA ESTENOTIPISTA MUY BUENA
El LAJ de la oficina del tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Sevilla se jacta, para justificar la ausencia de grabación de los juicios, de tener una «estenotipista muy buena que lo recoge todo».
Una afirmación que el abogado Romero combate en su recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, precisamente por ser muy deficiente.
Las actas elaboradas, de acuerdo con el abogado, no recogen sus continuas protestas, salvo en tres ocasiones. Ni las muchas “advertencias, consejos o comentarios” del magistrado Lledó. Ni las preguntas de los interrogatorios; solo las respuestas.
“En las actas de las distintas sesiones del Juicio, se observan graves omisiones tanto de intervenciones de Su Señoría como de intervenciones del abogado de la defensa que tuvieron lugar, como por ejemplo las protestas emitidas a lo largo de la celebración del Juicio y otras quejas que tuvieron lugar durante todas las sesiones, en relación con las constantes e infundadas interrupciones del Magistrado-Presidente y con respecto a preguntas realizadas por esta defensa que no fueron admitidas por Su Señoría”, explica.
El LAJ de la oficina del tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Sevilla se jacta, para justificar la ausencia de grabación de los juicios, de tener una «estenotipista muy buena que lo recoge todo»
LOS JUICIOS CON JURADO SOLO SON EL 0,02 % DE TODOS LOS JUICIOS CELEBRADOS AL AÑO
El número de juicios con jurado que se celebran en España cada año son mínimos. Es solo el 0,02 % de la totalidad.
En 2021 tuvieron lugar 1.669.163 juicios. El número de juicios del tribunal del jurado fue de 428; 18 en Sevilla. Lo que supuso el 4,2 % de los juicios con jurado y el 0,001 % del total.
En 2019 el número total de juicios celebrados en todo el país fue de 1.568.289. Los de jurados populares se elevaron a 394; 32 se celebraron en Sevilla. El 8,1 % de este tipo de juicios, y el 0,002 % de la totalidad.
El número de juicios con jurado que se celebran en España cada año son mínimos. Es solo el 0,02 % de la totalidad
De acuerdo con fuentes consultadas, este estado de cosas en lo referente a la ausencia de grabación de los juicios con jurado en la Audiencia Provincial de Sevilla no es un secreto.
Su forma de actuar es conocida entre los abogados pero también entre magistrados e, incluso, en el TSJA.
Hasta ahora no había habido problema alguno porque ni los abogados ni los fiscales protestaban o recurrían la decisión del LAJ, quien ya había sido advertido por algún magistrado.
LE CORRESPONDE AL MINISTERIO RECTIFICAR ESTE ESTADO DE COSAS
Los LAJ son un cuerpo nacional cuyo máximo responsable es Manuel Olmedo Palacios, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, del Ministerio.
En Andalucía, los jefes directos de Revilla son Pedro Jesús Campoy López, secretario de Gobierno del TSJA, y Pedro Jesús Alfonso García Gago, secretario coordinador provincial de Sevilla.
Todos ellos tienen la potestad y la «auctoritas» de rectificar la organización anómala de la oficina del tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que se incumple la LECRim, la LOPJ, la LEC y el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Los LAJ son un cuerpo nacional cuyo máximo responsable es Manuel Olmedo Palacios, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, del Ministerio
Revilla, sin embargo, va a tener «suerte». Su conducta no va a devenir en lo que tendría que ser una catarata de nulidades de los juicios con jurado ya celebrados en la capital sevillana entre 2021 y 2022.
Los abogados tenían que haber planteado la nulidad en sus respectivos recursos de apelación, como ha hecho Romero.
Este, en un completo recurso de 68 páginas, ha planteado la nulidad del juicio celebrado entre el 20 y el 24 de junio pasado por la ausencia de grabación, por la deficiencia de las actas elaboradas, por la falta de motivación del veredicto, viciado por siete errores manifiestos y por sospecha de intervención de un tercero jurista. En suma, en una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. El 24 de la Constitución en estado puro.
