La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la Carrera Judicial, exige la inmediata dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Así lo reclama el Comité Ejecutivo Nacional de la APM, en un comunicado difundido anoche, ante los «ataques constantes» a los jueces por parte de la ministra, que «resultan intolerables e inadmisibles en una democracia».
Esta asociación presidida por la magistrada María Jesús del Barco, decana de los jueces de Madrid, expresa su «más enérgico rechazo a las descalificaciones vertidas contra los jueces por la ministra Irene Montero y otros responsables políticos» de Podemos con ocasión del proceso de revisión de determinadas condenas por delitos contra la libertad sexual, como consecuencia de la vigencia de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’. Ataques que son una constante por parte de miembros de dicho partido del Gobierno.
La ministra asegura que la rebaja en penas a condenados por agresión sexual se debe a que hay magistrados que «no están cumpliendo la ley» por «machismo». La cúpula de Podemos ha respaldado a Montero y ha cargado también contra los jueces declarando que «fachas con toga» tratan de boicotear la ley del ‘solo sí es sí’.
«La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley», ha asegurado Victoria Rosell Aguilar, delegada del Gobierno contra la violencia de género –por Unidas Podemos– y magistrada en servicios especiales, sosteniendo que hay jueces machistas y culpando a los jueces de la rebaja de penas a violadores por la ley del ‘sí es sí’.
«En un Estado de Derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales, aunque sería recomendable que si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional», señala la Asociación Profesional de la Magistratura.
Y destaca que «la acusación de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el valor Estado de Derecho».
«Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y, de igual modo, con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal», subraya esta asociación, y añade que ese compromiso comporta «el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada por nuestras cámaras legislativas, en cuanto a prestar a unos y otros la necesaria tutela efectiva».
La asociación mayoritaria de jueces de España denuncia que «acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta; sobre todo, teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia constatable de la labor cotidiana de los Juzgados y Tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual».
Concluye el comunicado recordando que las últimas declaraciones efectuadas por la ministra de Igualdad se suman a «ataques constantes a los jueces y juezas de este país» y hace hincapié en que «intolerables e inadmisibles en una democracia». Por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura exigen su inmediata dimisión.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también publicó ayer un comunicado expresando su «más firme repulsa a
los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos» por las revisiones de pena que se han hecho ya debido a la entrada en vigor de la ‘ley del solo sí es sí’.
Dicho ataques, indica, «se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual». «Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección», lamenta el órgano de gobierno de los jueces, y recuerda que ya avisó en su informe sobre la ley que obligaría a revisar penas.
