Son tres personas físicas las encausadas: Manuel Iglesias-Sarria, quien fuera director comercial de Defex, y los empresarios Oscar López i Salvadó y Francisco Luque Ramírez.
El primer empresario es presidente de la mercantil Aresa Marine, S.L., y el segundo, director comercial de la compañía semipública, Deimos Space SLU.
Ambas empresas, personas jurídicas, también están imputadas en el juicio que comienza el miércoles ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que preside Félix Guevara, presidente en funciones de la Sala de lo Penal de ese órgano judicial.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Iglesias-Sarriá 23 años de prisión y multas de hasta 86 millones de euros; para López i Salvadó y Luque Ramírez el Ministerio Fiscal pide 18 años de cárcel y 50 millones en multas por los supuestos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental en esta pieza del llamado «caso Défex».
El Ministerio Público también solicita que se castigue a Defex, entre multas y decomisos más de 100 milones de euros.
Los imputados habrían llegado a pagar hasta 14,6 millones de euros en «mordidas» –sobornos– a las autoridades y funcionarios de Camerún, país del África occidental situado entre Nigeria y Guinea Ecuatorial, para la obtención de contratos públicos de compra de armamento.
Defex era una empresa semipública española controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dedicada a la exportación de armas.
La investigación arrancó en 2012 cuando la Fiscalía española fue informada por las autoridades del país africano de una investigación que habían abierto sobre este asunto.
A consecuencia de aquello, la SEPI, que tenía un 51 % de participación en Defex –el 49 % era de socios privados–, decretó su cierre en 2017 después de 42 años de existencia. Debido al daño reputacional recibido.
Por su responsabilidad, la Fiscalía Anticorrupción también solicita 12 millones a la SEPI como indemnización.
EL PRIMERO DE TRES JUICIOS
Este, además, no es el único juicio al que tienen que hacer frente. En el futuro quedan otros dos, por lo mismo, en Angola y Arabia Saudita.
De acuerdo con la investigación, Defex contó, entre 2005 y 2013, con un agente comercial en Camerún, Philippe Bourcier, un francés huido de la justicia, que presidía una red de empresas que tenían cuentas en Suiza, Reino Unido y Camerún a través de las cuales pagaba los sobornos a funcionarios y autoridades del país africano.
Con ese dinero pagaba «mordidas» en «cash», regalos, viajes, hoteles e incluso intervenciones de cirugía estética. Él fue quien recibió los 14,6 millones de euros de Defex, de los que se quedó más de 12 millones de euros.
Gracias a esos sobornos, Defex obtuvo contratos públicos de vehículos, de sistemas de vigilancia, dematerial antidisturbios y armamento de patrulleras.
Iglesias-Sarriá acordó con el francés Bourcier “las condiciones de su contratación, remuneración y la forma de pago”. Este era, además, el contacto con las autoridades y funcionarios de Camerún que recibieron los sobornos.
Defex, a su vez, subcontrato algunos de los contratos con Deimos y Aresa que pagaban también al francés. dicaciones a Deimos y Aresa, que pagaban igualmente al agente francés.
El escrito del Ministerio Fiscal destaca el papel «decisivo» que tuvo para la obtención y ejecución de los contratos públicos con las autoridades de Camerún el contralmirante Pierre Njine Djonkam, «destinatario de regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética» para su mujer que Iglesias definiría en un correo electrónico como «recauchutado», todo a cuenta de la empresa semipública.
Uno de los contratos, que fue para un servicio de vigilancia costera por 99,3 millones de euros, se habría aprobado en un acuerdo entre Iglesias y el ministro de la Presidencia y responsable de la defensa de Camerún, Alain Mebe Ngo’o, con la intermediación del mencionado contralmirante, que es quien habría negociado la letra pequeña.
Sólo en uno de los tramos del proyecto, Iglesias habría acordado con Bourcier comisiones superiores a los cinco millones.
