El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno, instructor del ‘caso Titella’, que tiene al productor televisivo José Luis Moreno como principal investigado, ha citado a declarar como investigados a otras 77 personas supuestamente relacionadas con la presunta trama de blanqueo de capitales.
Así lo ha acordado en una providencia fechada a 4 de julio, en la que fija sus declaraciones entre el 22 y el 30 de agosto, tras haber recibido un extenso informe de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en el que los agentes identifican a estas personas como administradores, testaferros y empleados de banca que habrían colaborado con la organización de forma activa o secundaria.
«Se han obtenido evidencias e indicios que relacionarían a los investigados con los hechos que se tratan de esclarecer, en concreto ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal, que opera a nivel internacional, cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias, a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos», explican en el oficio policial los investigadores.
Indican que esa estructura «dividida en células operativas y claramente jerarquizadas» tendría como supuestos líderes desde 2017 al propio José Luis Moreno y a Antonio Aguilera y Antonio Salazar, que contaban «con funciones definidas».
El juez imputa a Moreno y al que sería su socio en esta presunta «organización criminal», Antonio Aguilera, delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.
José Luis Moreno contrató al despacho De Carlos Remón para su defensa legal. El responsable de su Departamento de Penal y Económico es José Javier Polo, quien fue fiscal coordinador de la Audiencia Nacional durante un año y medio, antes de pasarse al ejercicio libre de la Abogacía.
LOS NUEVOS INVESTIGADOS
Un total de 58 de los 77 nuevos imputados aparecen en el informe como supuestos testaferros de las empresas y sociedades que la trama habría utilizado para lucrarse con los mencionados créditos y concesiones bancarias.
Se trataría, exponen los agentes, de la parte más baja «del escalón» jerárquico. Los testaferros «eran los encargados de personarse en la entidad bancaria, presentar la documentación contable y financiera que Aguilera y Salazar habían preparado junto al resto de sus colaboradores para así solicitar financiación para sus sociedades», relatan los investigadores.
«Los productos contratados eran muy diversos desde líneas de crédito a préstamos bancarios y créditos ICO, pasando por ‘factoring’, ‘confirming’, líneas de descuento, pagarés, pólizas de crédito, leasing, renting y cualquier otro que les resultase beneficioso», detallan.
Los investigadores distinguen a los empleados de banca que, por una parte, tenían «conocimiento real que los investigados como líderes de la organización» eran los que dirigían las sociedades y gestionaban la financiación «a pesar de no figurar en los órganos de administración de las sociedades ni aparecer en las mismas como socios o apoderados».
Aun así, según recoge el informe, accedían a «facilitarles toda la información y realizar con estos las operativas bancarias que les pedían», ya fuese por «negligencia o por falta de diligencia en sus funciones».
La policía judicial apunta a otro eslabón, el de los empleados de banco que «participaban de forma activa y directa en estas operaciones percibiendo de la organización una remuneración por su trabajo, tanto en dinero como en especies, como teléfonos móviles de alta gama, televisiones, coches o estancias en hoteles».
UNA ROOMBA, ENTRADAS VIP O APARTAMENTO EN BENIDORM
Ese supuestamente fue el caso del director de una oficina del Banco Popular en Valladolid que habría recibido una aspiradora Roomba o el del director de una sucursal de Liberbank, que habría percibido una televisión de pantalla plana, electrodomésticos, entradas para el palco VIP de un partido de fútbol, un apartamento en Benidorm o un jamón.
Por otra parte, el oficio policial distingue un último peldaño: el de los empleados de bancos que han aparecido durante la instrucción «colaborando con los investigados o referenciados por estos en alguna de las conversaciones monitorizadas».
«Algunos de estos empleados no han sido identificados plenamente, y otros se están realizando las gestiones e indagaciones oportunas con el objeto de concretar exactamente los hechos en los que han sido partícipes, una vez que estas circunstancias se resuelvan se dará oportuna cuenta», explican los investigadores.
EL CASO
La investigación en torno a Titella comenzó en 2018 a raíz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria la trama había conseguido defraudar más de un 1,3 millones de euros.
Moreno y Aguilera fueron detenidos en junio de 2021 en una macrooperación de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona que se saldó con 53 detenidos en varias ciudades de España, y con registros en viviendas y empresas, por una supuesta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
El juez apuntó en la resolución donde ordenó dichos registros a la existencia de «una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés».
«Ligada directamente» a esta organización criminal, explica el instructor, habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido del ‘narco’ a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.
El grupo funcionaría perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como «máximos responsables» y Antonio José Salazar como tercero en acción, y cada uno tendría una función específica.
Para el magistrado Ismael Moreno, «queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales». Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con «facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios».
CERCA DE UN MILLÓN DE EUROS CADA 15 O 20 DÍAS
Según expone, ese dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecían de actividad alguna, afirma el juez.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones movían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida de dos formas: con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en metálico en ventanilla para lo que contarían con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
El juez calcula que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días, y señala que solo en una de estas maniobras José Luis Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.
