María Dolores Lozano
La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano, ha defendido hoy ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso de los Diputados, la necesidad de implantar una “matrícula familiar”.
“Esta es una medida imprescindible para resolver los problemas de coordinación y falta de información entre juzgados, equipos técnicos y abogados que intervienen en una crisis familiar, tanto en asuntos de carácter Civil como de Violencia de Género o vicaria”, ha manifestado María Dolores Lozano.
La idea consiste en asignar a cada unidad familiar (progenitores e hijos) un número de matrícula para todo el territorio nacional y todos los procedimientos civiles y penales. Así, cuando un integrante de esa familia esté inmerso en un procedimiento de violencia de género, doméstica o de familia, el juez, la Fiscalía, los letrados de la Administración de Justicia, los abogados de las partes y los equipos técnicos accederían a toda la información de procesos anteriores al que se está tramitando. Y siempre, con las prevenciones necesaria de cumplimiento de la confidencialidad de los datos.
Este trabajo de coordinación institucional permitirá al juez que tiene el proceso de divorcio sobre su mesa conocer en tiempo real la información de cada miembro de la familia: sentencias, medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, medidas de protección, etc.
“La medida no es costosa, ni desde el punto de vista tecnológico ni el presupuestario. En cualquier caso, los eventuales costes se compensarían con el ahorro que implicaría evitar la duplicidad de intervenciones de diferentes equipos técnicos. Asimismo, conseguiríamos resoluciones judiciales de mayor calidad al dictarse contando con muchos más datos”, ha señalado ante la Comisión.
“La matrícula familiar es muy importante porque los antecedentes y el desarrollo de la vida familiar arrojan mucha luz para diagnosticar y recomendar medidas que resuelvan el problema forma adecuada. Cada familia tiene su peculiaridad y podemos encontrarnos con un conflicto relacionado con problemas económicos, por falta de habilidades parentales o esconder una situación de violencia que en muchas ocasiones no ha sido denunciada y está soterrada dentro de un proceso civil que no ha llegado al juzgado de Violencia”, ha explicado María Dolores Lozano.
“Hay determinados indicadores que a lo largo de un periodo prolongado de tiempo pueden alertar de que en esa familia existe un alto grado de conflictividad. Por ejemplo, si se han interpuesto tres o cuatro procesos para cobrar una pensión de alimentos, puede ser indicador de una situación de violencia económica. O si uno de los progenitores está continuamente litigando para que la expareja tire la toalla, también es una forma de victimizar. En estos casos hay conflictividad extrema o violencia soterrada. Para tomar decisiones lógicas hay que conocer los antecedentes de esa familia”, abunda María Dolores Lozano.
“Con la matrícula familiar, las partes, el tribunal y la fiscalía podrían ejercer adecuadamente su labor conociendo toda la situación familiar. Se evitarían de este modo las situaciones de indefensión como el asesinato del niño acontecido en Sueca (Valencia). En este caso, se estaba tramitando un proceso consensual de divorcio, con un convenio firmado por ambos padres, y todo ello mientras al mismo tiempo existía un proceso penal por violencia de género en trámite. Al parecer, la ausencia de comunicación entre el juzgado de Familia que llevaba el divorcio de la pareja y el de Violencia que llevó el maltrato provocó que el primero no tuviera constancia de la condena impuesta al agresor”, recordó María Dolores Lozano.
El atasco judicial potencia la violencia de género
Por otra parte, María Dolores Lozano ha exigido ante los diputados la puesta en marcha de juzgados de Familia para toda la población. Actualmente, solo el 47% de los españoles tienen acceso a estos juzgados puesto que suelen concentrarse en las grandes poblaciones. La especialización de jueces, fiscales, equipos psicosociales y de letrados de la administración de Justicia evita conflictos. La experiencia ha demostrado que los tribunales específicos en asuntos de Familia, Infancia y Capacidad aceleran la resolución de las crisis familiares -como es el caso de los divorcios, modificación de medidas y procedimientos de jurisdicción voluntaria-, disponen de más medios y ofrecen soluciones más acertadas porque sus conocimientos sobre esta materia son superiores”, afirma la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.
“El atasco del sistema judicial provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse hasta un año. Esto es muy grave cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor; o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine. También puede suceder que los dos miembros de la pareja se resistan a abandonar la vivienda por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales. Esta convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma María Dolores Lozano.
La AEAFA considera que con el proyecto de Eficiencia de la Justicia el Gobierno traiciona su propia Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y adolescencia, en la que se comprometía a crear la especialización en Familia, Infancia y Capacidad. La futura norma prevé para las empresas en crisis la creación automática de una sección de lo Mercantil con jurisdicción en toda la provincia y con sede en la capital. Por el contrario, las crisis familiares -divorcios, custodias de hijos, discapacidad, herencias, etc.- no recibirán ese mismo trato pese a las reclamaciones históricas de la mayoría de los abogados, magistrados y fiscales.
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