La Junta de Gobierno de la Abogacía de Málaga ha buscado una solución frente a la prohibición de baremos establecida por las sentencias del Tribunal Supremo.
Tras las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a diversos Colegios de la Abogacía por establecer pautas o directrices dirigidas a cuantificar los servicios de sus colegiados, el Colegio de Abogados de Málaga ha decidido dejar sin efecto sus anteriores criterios orientadores a los solos efectos de tasaciones de costas y juras de cuentas.
Por otro lado, anuncian que han comenzado a trabajar en la elaboración y redacción de unos nuevos criterios. Entre tanto, la Junta de Gobierno seguirá elaborando los preceptivos dictámenes de honorarios conforme a los criterios generales que se contenían en los criterios orientativos aprobados en 2016, adaptados según la reciente interpretación jurisprudencial eliminando las referencias a cifras.
A su vez, la Junta de Gobierno informa de que en las próximas fechas se va a organizar una sesión informativa a fin de exponer los pormenores de la decisión y resolver dudas. “Nuestro propósito es ayudar a los colegiados tanto como podamos y mostrar la máxima transparencia ante esta decisión, por lo que queremos responder cualquier duda que se presente, así como explicar con detalle las razones de nuestra decisión y cuál es nuestro plan”, ha señalado Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga.
El pasado lunes, González avanzaba su intención de proponer a la Junta “dejar de utilizar los criterios actuales y pasar a hacerlo conforme a los criterios generales desechando la atención a un porcentaje exacto y a números concretos”. A la vista de lo acordado ayer, se seguirá esta propuesta a la que también añadió que trabajarán en “acomodar unos criterios que den respuesta” para poder servir a los abogados, a los letrados de la justicia y a los clientes.
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