Marta Martínez Gellida, Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana
El Consell de l’Advocacia Catalana ha solicitado al Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat que mejore de forma inmediata las compensaciones económicas a los abogados y abogadas que prestan el servicio del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido (TOAD), que actualmente se encuentran a niveles correspondientes al año 2010. En una carta dirigida a la consejera Gemma Ubasart, la presidenta del Consell, Marta Martínez, reclama que Justicia, tal y como prevé la Ley de finanzas públicas, formalice un decreto para ampliar la partida destinada a los pagos de los abogados y abogadas que trabajan en el ámbito de la justicia gratuita.
El Consell de l’Advocacia Catalana basa esta petición a partir de un estudio económico que cuantifica en poco más de 21,5 MEUR el importe a añadir para acabar con la financiación deficitaria de los abogados y abogadas adscritos al turno de oficio.“Estamos cobrando con cifras de hace 14 años y la falta de acuerdo político por los presupuestos de este año y ahora el período electoral provoca que se estén enquistando las penurias con las que trabaja la abogacía del turno de oficio”, lamenta Marta Martínez.
Es por ello que el Consell de l’Advocacia Catalana reclama al Departament de Justícia que aplique el artículo 39 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas y que se decrete por la vía de urgencia la ampliación en 21,5 millones de euros la partida destinada a estas mejoras en las compensaciones.»Somos conscientes de la situación de prórroga presupuestaria, pero existen mecanismos y fórmulas que sólo dependen de la voluntad política», indica la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana.
Prueba de ello es que hace apenas una semana, el pasado 19 de abril, el Departament de Justicía anunciaba un acuerdo para incrementar entre 180 y 312 euros mensuales los sueldos de todos los trabajadores al servicio de la administración de justicia en Catalunya .»No comprendemos esta doble vara de medir que, una vez más, margina a los 6.500 abogados y abogadas que prestan un servicio público como es el turno de oficio», señala Martínez.
El Consell de l’Advocacia Catalana detalla que, aparte de la mejora de las compensaciones económicas, con estos 21,5 millones adicionales también se podrían hacer ajustes y reconocer la disponibilidad en determinados turnos de guardia, establecer nuevos módulos, incrementar el número de abogados y abogadas de guardia en algunos turnos y territorios o mejorar el actual módulo de procedimiento social, entre otros.
La abogacía catalana ya presentó el pasado mes de enero un recurso administrativo de reposición, pendiente todavía de resolverse, contra la resolución unilateral del Departament de Justícia según la cual se prorrogaba el convenio del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido (TOAD) por este año en las mismas condiciones que las vigentes en 2023.
El Consell de l’Advocacia Catalana también pide a Justícia que tome medidas para garantizar este 2024 una partida presupuestaria suficiente para el programa de fomento del uso del catalán en el turno de oficio. Las actuaciones realizadas el pasado año superaron en más de 6.000 euros la previsión presupuestaria, a los que Justicia aún no ha dado cobertura, y según los datos del primer trimestre de 2024 todo indica que este año se puede reproducir la misma situación, con un diferencial aún mayor. «El esfuerzo de la abogacía por incrementar el uso del catalán en la justicia debe tener necesariamente una respuesta positiva de la administración», dice la presidenta Martínez.
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