Con la presencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha finalizado en Vigo el 38 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia que se celebró en el Museo de Arte Contemporáneo de esa ciudad los días 12 a 14 de junio. El Congreso, que ha reunido un centenar de participantes, ha reclamado la dimisión del CGPJ, la adopción de diversas medidas para mejorar el funcionamiento de la administración y garantizar derechos fundamentales, y renovado su Secretariado.
En el acto de apertura participó el Manuel Olmedo, Secretario de Estado Justicia, Abel Caballero, alcalde Vigo, José María Gómez Díaz-Castroverde, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y la Delegada de la Xunta de Galicia, junto con los patrocinadores y representantes de diversas asociaciones judiciales, fiscales y de Letrados de la Administración de Justicia.
Después de aprobarse la gestión del Secretariado saliente, se debatió y acordó un programa para las elecciones a Sala de Gobierno que tendrán lugar en otoño de 2024, en el que JJpD centrará su mensaje en la reivindicación de una carga de trabajo razonable para los tribunales que permita garantizar la salud de la judicatura y atender, con la dedicación que cada asunto requiere, la respuesta judicial a las demandas de tutela judicial efectiva.
DIMISION CGPJ
Acuerdo destacado fue reclamar la dimisión del CGPJ, y en particular de las asociadas de JJpD, afirmando que «en una democracia constitucional, la legitimidad de ejercicio de los cargos opera exclusivamente cuando y mientras se produce en el marco de las reglas». Denunciaron en esa resolución «que los vocales insumisos, como la misma institución, campan desde hace más de un lustro al margen de estas».
Respecto a la organización judicial se reclamó la unificación de las categorías de magistrad@ y juez/a, que está desdibujada desde el momento en que tanto en la fase de formación de la Escuela Judicial, como en expectativa de destino y adscripción territorial, se ejercen ambas funciones sin distinción. También se exigió la puesta en marcha de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Infancia que estaban previstos tanto en la Ley 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, como la ley 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que prevén la necesidad de abordar esta especialización. En cuanto a los medios, se pide formación sobre los riesgos y posibilidades del uso de programas de inteligencia artificial, y la eventual creación por el CGPJ de una aplicación sin sesgos.
Igualmente se plantearon propuestas para mejorar el acceso a la judicatura como la introducción de un caso práctico y el acortamiento de la duración de la fase teórica en la Escuela Judicial, en beneficio de la actividad práctica en los juzgados.
DERECHO A LA VIVIENDA, FAMILIAS MONOPARENTALES Y EVALUACIÓN EDAD MENORES
Respecto al ámbito de los derechos, se aprobaron resoluciones que reclaman la regulación legal de los pisos de uso turístico para evitar que se expulse a las familias de las zonas en que se ubican, la extensión de la tutela de los arrendamientos urbanos al alquiler de habitaciones, y la supresión de la exigencia de que sean “litigiosos” los créditos que se ceden masivamente a fondos o empresas, para facilitar que el deudor pueda liberarse abonando el precio satisfecho por esos créditos.
En el ámbito social se aprobó reclamar la reforma de la legislación para igualar la situación de las familias monoparentales, y ante las diferencias jurisprudenciales sobre la consideración de trabajadores de la administración pública como indefinidos e indefinidos no fijos, instar al poder legislativo para que adecúe la norma y solvente esas situaciones de desigualdad entre empleados públicos.
En cuanto a los derechos humanos se reclamó un alto fuego inmediato en Palestina, y que se impulse la tramitación del Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad, con el objeto de garantizar un adecuado marco de protección de estas personas, incorporando las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo y el Comité Económico y Social Europeo.
NUEVO SECRETARIADO
Finalmente, en el congreso se renovó el Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, resultando designadas para los próximos dos años Prado Escoda Merino, magistrada de la Audiencia Provincial de Tarragona y Belén Herruzo Tomás, Juez de lo Social de Madrid, como nuevas incorporaciones. Repiten mandato Begoña García Meléndez, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, Pedro Herrera Puente, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Edmundo Rodríguez Achútegui, de la Audiencia Provincial de Bilbao, Concepción Roig Angosto, de la Audiencia Provincial de Murcia, Benjamín Sánchez Hernández, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid, y Juan Vacas Larraz y Diego Gutiérrez Alonso, magistrados de primera instancia en Zaragoza.
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