«España no está preparada para la lucha penal contra la competencia desleal». Así lo señala el abogado penalista Juan Antonio Frago.
Este experto en derecho penal económico analiza en este diario el futuro de esta materia y explica en qué tendría que innovar España para ponerse al día respecto a la lucha contra la competencia desleal.
Juan Antonio Frago Amada (Zaragoza, 1979) es fiscal en excedencia y doctor en Derecho. En septiembre de 2021 colgó la toga y se pasó al ejercicio libre de la Abogacía.
Junto a la letrada Verónica Suárez García fundó el despacho Frago & Suárez Abogados Penalistas, con sede en La Coruña y servicio en toda España, donde es el socio-director del Departamento de Penal, materia en la que está especializado tras ochos años dedicándose a ella en la Fiscalía. En diciembre también abrirán una sede en Madrid.
Juan Antonio Frago y Verónica Suárez García, socios directores de Frago & Suárez Abogados Penalistas.
Como fiscal ha intervenido con sentencias condenatorias en todo tipo de delitos de corrupción y económicos, siendo su especialidad la descapitalización empresarial y el derecho penal de la persona jurídica. Frago ha recuperado 10,4 millones de euros efectivos para las arcas públicas.
Es el director académico de diversos congresos dedicados a penal económico. El próximo 17 de noviembre también participará en una jornada sobre esta materia, en el NH del Paseo de la Habana de Madrid.
¿Cuáles son las principales novedades que van a venir en el derecho penal económico?
Una primera, aunque esta no es novedad, es que el derecho relativo a la prevención de blanqueo de capitales va a seguir reforzándose y, de hecho, se habla de Madrid como capital europea de la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales.
Por otro lado, hay otras dos materias que están ahora mismo desbordando las previsiones. Una primera, que es el cibercrimen, que aunque sería un aspecto tecnológico evidente, tiene también una faceta de delincuencia económica muy importante, porque no dejan de ser delitos económicos tradicionales, como el de la tipología de la estafa, pero con un nuevo barniz que es mediante el uso fundamentalmente de los cripto activos, aunque ya se está hablando también de otras figuras más modernas, como son los llamados NFT.
Se están preparando diversas directivas de la Unión Europea en esta materia, en todo lo que es la lucha contra la colusión de precios. Es decir, todo lo relativo a competencia desleal, porque no deja de ser un acuerdo de precios entre competidores, pero que tienen un trasfondo económico muy importante porque a quien afecta es a competidores recién ingresados en el mercado o a los que se quiere expulsar, y en segundo lugar a los consumidores, a los que normalmente se les acaba elevando los precios de manera artificial.
Además de los clásicos delitos de estafa, apropiación indebida, delitos societarios contra el socio minoritario, delitos fiscales y contra la seguridad social y delitos de insolvencia concursal, aparecen en el horizonte los delitos de competencia desleal.
Se está preparando una norma ISO de prevención de delitos en materia de competencia desleal.
¿Y España está preparada para frenar este tipo de delincuencia? ¿Para la lucha penal contra la competencia desleal?
No. Este tipo de delincuencia hasta ahora se ha considerado como un ilícito de naturaleza administrativa, y la lucha contra la competencia desleal se ha vertebrado a través de organismos administrativos, como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Pero normalmente, por necesidad de la utilización de resoluciones judiciales invasivas de derechos fundamentales, se quedaba coja, en tanto en cuanto los jueces de lo Contencioso-Administrativo son mucho más reacios a dictar autos de entrada domiciliaria o de intervención de las comunicaciones.
Por otro lado, la intervención de las comunicaciones clásicas en España era respecto a una persona concreta y un hecho concreto. Por ejemplo, en el tráfico de drogas a un individuo se le intervenía el teléfono, pero este tipo de delincuencia exige un rastreo pormenorizado de todo tipo de comunicaciones entre una empresa y otra, que se puede hacer a través de personas muy específicas o por el contrario estar generalizada la comunicación entre las empresas que se están alineando para pactar los precios y, por lo tanto, afectar de esa manera al mercado.
En 2019 se reformó el Código Penal por otras normativas comunitarias, en concreto los artículos 284 y 285, que afectaban fundamentalmente al establecimiento de falsas alertas de evolución del mercado precisamente para su alteración.
Pero estamos ahora ante conductas que van todavía más allá de lo previsto en dichos artículos…
Exacto. Conductas que hasta ahora eran ilícitos administrativos puros y duros, como puede ser el pactar el precio de la leche o de los cárteles de vehículos, de los que tantas sentencias se han dictado recientemente, pero elevarlos a una potencia penal en cuanto a su represión.
¿Y en qué tendría que innovar España para ponerse al día?
Por un lado, tendría que reformar el Código Penal; por otro lado, dotar de medios específicos para la lucha contra estos delitos y de unidades policiales también preparadas para perseguirlos, que no las hay a día de hoy.
Además, la Fiscalía debería ponerse al día en todo lo relativo a la competencia desleal, a la que ha sido absolutamente ajena hasta ahora.
