• 08/12/2022 03:16

José Luis Requero: ‘Me preocupa que los ciudadanos pierdan el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no los respeta’

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A José Luis Requero Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo (TS) «desatando nudos» en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, como señala en su cuenta de Twitter, le preocupan muchas cosas. «La calidad del sistema democrático, la calidad de nuestras leyes, la falta de respeto hacia las instituciones y las formas jurídicas, y la unidad de España», entre ellas, según declara a Confilegal.

Dentro del ámbito de la Justicia, lo que le preocupa fundamentalmente es que «los ciudadanos poco a poco vayan perdiendo el respeto a los tribunales, porque precisamente el poder político es el primero que no los respeta y eso crea escuela». 

En esta entrevista en Confilegal, Requero analiza la eliminación del delito de sedición, la reforma del de malversación, los ataques a los jueces, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la situación de su Sala y la Ley Trans, entre otros muchos temas de actualidad.

José Luis Requero (Madrid, 1959) ingresó en la Carrera Judicial en 1983, siendo sus primeros destinos los juzgados de Cieza (Murcia), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y Piedrahita (Ávila). En 1987 ascendió a la categoría de magistrado tras superar las oposiciones de especialista de lo Contencioso-Administrativo.

Entre 1987 y 2014 estuvo destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), cuya Sección Cuarta presidió desde 2000. También ha sido miembro de la Sala de Gobierno de la AN.

En mayo de 2024 cumplirá 10 años en el Alto Tribunal.

Solemne ceremonia en el Tribunal Supremo de la toma de posesión de José Luis Requero como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, a propuesta del PP tras ser el más votado de entre los candidatos propuestos por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la Carrera Judicial, a la que pertenece. 

Además, ha ejercido la docencia como profesor asociado del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (1990-2001).

Entre los libros que ha publicado hay uno titulado El asalto a la Justicia (Ciudadela). ¿Es lo que está pasando actualmente?

Ese título lo puso en clave comercial el editor, pero sustancialmente, por desgracia, lo estamos viviendo. 

Desde hace mucho tiempo los jueces, a través de las asociaciones o de declaraciones individuales, estamos insistiendo sobre las apetencias del poder político para que el poder judicial sea un poder amaestrado, domesticado. Un poder que, en definitiva, no les dé sustos o que resuelva en unos términos que no puedan poner en peligro los intereses políticos. 

Ejemplos de ese asalto hay muchos.

¿Podría citar algunos?

Por ejemplo, estoy pensando en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial; en el hecho de que la Justicia como poder del Estado sea un poder supeditado a la gracia del Gobierno en cuanto a que le dote de medios económicos y personales adecuados; la dependencia excesivamente gubernativa del fiscal general del Estado y el Ministerio Fiscal…

El panorama que tenemos es el de un poder político fuerte que intenta controlar al poder judicial, pero que no acaba de lograrlo y lo suple con desplantes, cuando no insultos, o cambiando las leyes.

Requero, sobre la reforma del delito de sedición: «Se está pagando un precio político, pero el Código Penal no puede ser moneda de cambio»

¿Qué opina de los ataques constantes contra jueces y magistrados por parte de políticos de Unidas Podemos? 

Podemos está actuando como un partido político que tiene un ADN totalitario. Es un partido de ultraizquierda que bebe en las fuentes del marxismo-leninismo. Por tanto, con esa ideología no me extraña que colisione con una concepción del Estado propia de una democracia liberal, occidental, asentada en el equilibrio y la separación de poderes. Como esa es su ideología, lo extraño sería que siguiese postulados propios de una democracia liberal.

Su actitud hacia los jueces no es nueva. Los políticos tienen presencia en los medios de comunicación y saben que parte de su defensa radica en desacreditar al juez, a los tribunales y a la Justicia. 

La táctica es clara: lanzan el mensaje de que sus problemas con la Justicia no es por sus delitos o sus presuntos delitos, sino porque hay jueces que son fascistas o que van contra ellos porque no son jueces imparciales ni independientes, sino terminales de determinados grupos políticos o ideológicos o, sin más, se apela al insulto de  machistas… Esto siempre ha ocurrido en España y en parte explica la prensa de la Justicia: llevamos décadas con esa táctica de defensa y eso acaba calando.

La entrega del despacho de juez a José Luis Requero, en enero de 1983.

Está habiendo ataques incluso por parte de una política que es magistrada en excedencia, Victoria Rosell…

Hay quienes se adscriben al mundo de la progresía judicial y que la única relación que tienen con la justicia es que figuran en un escalafón y en su día cobraban una nómina como jueces, pero no piensan ni sienten como jueces, sino que son políticos.

En el fondo son políticos revestidos o disfrazados con toga.

¿Qué opina usted de la derogación del delito de sedición, con la que Sánchez rebaja de 15 a 5 años la pena máxima por el delito cometido el 1-O y abre la puerta a que Junqueras sea candidato, o la reforma del delito de malversación, que beneficiaría también a condenados socialistas? 

Es una operación política para tener el apoyo de los partidos secesionistas -en especial de ERC- para conseguir la aprobación de los presupuestos y, en definitiva, poder llegar al final de la legislatura.

«Borrar del Código Penal los delitos que cometieron en el 1-0 es una amnistía fraudulenta»

Se está pagando un precio político, pero el Código Penal no puede ser moneda de cambio. Eso es un desprecio total hacia el Estado de Derecho y el Código Penal, pero sobre todo un desprecio a los ciudadanos. España puede pasar a ser el único país en el que los delincuentes son los que redactan el Código Penal.

Hubo unos políticos que cometieron un delito gravísimo como es una sedición y, además, malversación; ahora, para conseguir su apoyo político, se borra del Código Penal los delitos que cometieron y eso es una amnistía fraudulenta, algo que está expresamente prohibido por la Constitución.

¿Asistimos a la desjudicialización de la política en Cataluña o a la politización de la Justicia?

Empezando por la última cuestión, la Justicia no se politiza por el hecho de que tenga que conocer necesariamente de asuntos de cualquier índole con relevancia política. Eso es no ni judicializar la política ni politizar la justicia, sino que asuntos con relevancia política o en los que están involucrados políticos son conocidos por los tribunales, algo que forma parte de la normalidad.

Los tribunales no estamos para solventar problemas políticos, como tampoco es justo decir que si por ejercer nuestras funciones nos inmiscuimos o interferimos en el desenvolvimiento natural de la vida política y de la lucha política.

Respecto a la «desjudicialización de la política», es una cuestión muy interesante y hasta hermosa si se aborda con cierta cordura y se va en la línea de la sana separación de poderes. Y una cosa es el control jurídico del poder y otra el control estrictamente político de su ejercicio. 

Otra cosa es que por “desjudicialización de la política” se creen expresa e intencionadamente ámbitos exentos de control judicial. Es decir, que lo que para un ciudadano sería una ilegalidad o un delito, si lo cometen determinados políticos para ellos no sea así. 

Eso es una desjudicialización que no es tal, sino la apuesta por la impunidad ante determinados excesos.

¿Dónde queda la igualdad de los ciudadanos?

Exacto. Crea una escuela nefasta y que se pregunte qué Estado de Derecho tenemos cuando aquí hay ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, ya que hay unos que pueden robar desde la política, malversar caudales públicos y realizar actos gravísimos sin ningún tipo de consecuencia porque se ha desjudicializado su actividad y, en cambio, al resto se nos exige un estricto cumplimiento de la legalidad. 

Esto crea desafección ciudadana y una rebeldía cuando se le exija el cumplimiento de las leyes. Cuando no hay ejemplaridad, las leyes acaban imponiéndose a las bravas y eso al final se interpreta como una dictadura.

Otra vez, el Gobierno ha elegido la vía rápida para la tramitación de la reforma del delito de sedición, como Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos, en lugar de hacerlo como Proyecto de Ley del Ejecutivo, lo que hubiera obligado a solicitar informes, no vinculantes, al Consejo de Estado y al órgano de gobierno de los jueces…

Eso es un ejemplo más del desprecio hacia el Estado de Derecho y las formas y los procedimientos.

Hacer una ley es una cosa muy seria. Y no se hace como quien redacta una orden ministerial o una instrucción. Es más, a veces hay ordenanzas municipales, órdenes e instrucciones que son más laboriosas que una ley. 

«Lo que está ocurriendo, desgraciadamente, refleja que se ejerce el poder de una manera autocrática»

Parece que la ley queda reducida a un producto normativo oportunista que se hace de la noche a la mañana, y cuando se omiten trámites que están pensados para la garantía de acierto, oportunidad y bondad jurídica, se actúa con absoluto desprecio para imponer una voluntad política sobre la razón jurídica que debe llevar a una reforma del Código Penal.

Insisto, una reforma del Código Penal es algo muy serio que no se puede hacer de esta manera. Lo que está ocurriendo, desgraciadamente, refleja que se ejerce el poder de una manera autocrática y no de una manera democrática.

El gobernante considera que las leyes no son más que dictados de su propia voluntad. Aunque acuda a trampas como que lo haga su grupo parlamentario a través de una Proposición… 

Requero, en su toma de posesión como magistrado de la Sala Tercera del Supremo, tras imponerle su padrino, Joaquín Huelin Martínez de Velasco, las insignias propias del cargo.

Dice el socialista Emiliano García-Page que «dejar las soluciones a quienes tienen como propósito romperla no es lo correcto». ¿Acaso no hará lo que le ordene su jefe?

Efectivamente. Hay ciertos tópicos de que los barones autonómicos conforman una especie de asamblea de sabios ancianos… Ancianos no parecen y de sabios nada, son políticos cortados por el mismo patrón y al final todos van a obedecer las órdenes del jefe porque, como decía Alfonso Guerra, quien se mueve, no sale en la foto. 

Este tipo de actitudes no cuelan.

¿Y esto? El Gobierno reforma el delito de sedición porque nos acerca más a Europa, pero el sistema de elección del CGPJ no lo reforma ni aunque lo «exija» Europa… 

Esto forma parte de la hipocresía como forma de hacer política. 

¿Qué cree que debe hacerse primero? ¿Reformar o renovar?

Lo ideal sería hacer la reforma del sistema de elección de los vocales y luego la renovación. 

Estamos viendo cómo si se quiere, se hace una reforma de una ley nada más y nada menos del Código Penal en poco tiempo. Ya vimos también reformas rapidísimas para sustraer al Consejo en funciones su potestad de nombramiento. 

Si se quiere hacer, se hace y con rapidez. Y hablamos de un tema en el que llevamos décadas de debate, luego no pido que no lo haya. En el tiempo que llevamos perdido en estos cuatro años se podría haber hecho esa reforma. 

Si no se hace es porque no se quiere.

La Sala a la que pertenece ponía sus esperanzas en la renovación del CGPJ para no colapsarse, pero la reforma del delito de sedición dinamitó la negociación. ¿Qué escenario tienen y cuál se avecina? 

Ha habido un pequeño alivio por el hecho de que el antiguo presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se ha incorporado a la Sala, pero en diciembre se producirá otra vacante, por lo que volvemos a la situación anterior y a comienzos de 2023 habrá otras jubilaciones. 

A esto se añade que el CGPJ nombre a dos magistrados para el Tribunal Constitucional y uno o los dos salgan de la Sala de lo Contencioso, por lo que tendríamos más bajas. 

Además, si se renueva el Consejo General del Poder Judicial, entre que se renueve y empiecen a hacer nombramientos saldrán de la Sala Tercera otros dos magistrados, con lo cual vamos a pasar unos meses muy mal. 

¿Cómo están organizándose con siete vacantes?

Con sustituciones internas en la Sala. Por ejemplo, los magistrados que están en la Sección de admisión se van a tener que incorporar, además, a la Sección sentenciadora. Y luego entre las Secciones, llegado el momento, probablemente tendremos que sustituirnos entre varias para completar Sala.

Requero, durante las pasadas jornadas de puertas abiertas del Tribunal Supremo, explicado a los visitantes cuál es la función del Alto Tribunal y en qué consiste su trabajo. 

A usted, a día de hoy, ¿qué es lo que más le preocupa? Como ciudadano y en el ámbito de la Justicia.

Como ciudadano me preocupan muchísimas cosas. La situación económica, el endeudamiento terrible que estamos adquiriendo, el futuro de las próximas elecciones, el nivel educativo de nuestros hijos y nietos, el invierno demográfico, el desprecio hacia la vida humana más débil, etc. 

Me preocupa la calidad del sistema democrático, la calidad de nuestras leyes, y la falta de respeto hacia las instituciones y las formas jurídicas. Me preocupa la unidad de España… Muchas cosas.

Dentro del ámbito de la Justicia, lo que me preocupa fundamentalmente es que los ciudadanos poco a poco vayan perdiendo el respeto a los tribunales, porque precisamente el poder político es el primero que no los respeta y eso, como he dicho, crea escuela. 

Me preocupan como ciudadano y juez muchas cosas, pero afortunadamente en lo personal soy muy feliz, si no menudo desastre.

Sobre la Ley Trans ha escrito usted recientemente en una columna de opinión en La Razón que «inoculado su veneno en la enseñanza, esa ley impactará en los adolescentes, trivializará la sexualidad y el cambio de sexo y arrojará a los infiernos de la transfobia a quien la critique»…

Efectivamente. Aquí seguimos el guión que ya se ha escrito en otras muchas cosas, como, por ejemplo, en el tema del aborto o en el de los matrimonios del mismo sexo: primero se inserta una reforma en el Boletín Oficial del Estado y de ahí pasa a los libros de texto que se imparten en los colegios.

Es una operación de ingeniería social que va encaminada a cambiar el sentido común y la percepción de las futuras generaciones sobre cuestiones variadas, sobre todo el tema de la sexualidad.

A mí lo que me preocupa es que detrás de todo esto hay un cuestionamiento del sentido y de la concepción que se tenga de la persona como tal. 

«Curiosamente, mientras se despersonaliza a las personas, se legisla humanizando a los animales»

Llega un momento que la persona se desdibuja y no se sabe si es hombre o es mujer, si un no nacido es un ser humano en gestación o es un conglomerado de células, no se sabe si una persona con una enfermedad terminal o un anciano es una unidad no productiva excedente y que, por tanto, puede eliminarse… No se sabe bien en qué queda la persona.

Pero curiosamente, mientras se despersonaliza a las personas, se legisla humanizando a los animales y se les declaran derechos. 

Eso, para mí, es una operación de ingeniería social muy importante y muy peligrosa. Hablamos de los derechos y libertades de la persona, pero si no sabemos qué es una persona, a ver a quién le vamos a atribuir derechos y libertades. 

Es una operación ideológica de mucho calado.

«Es realmente irritante ver homenajes a etarras, son un insulto hacia las víctimas»

¿Y qué opina usted de los homenajes a terroristas etarras?

Son un insulto hacia las víctimas. También hacia el resto de los ciudadanos.

Es realmente irritante ver que a criminales que han cumplido condenas gravísimas y que podrían haber sido muy superiores por los delitos cometidos, se les homenajea.

Son tratados como héroes…

Exacto, y eso significa muchas cosas. En primer lugar, la descomposición del sentido moral en esos ámbitos en el País Vasco y Navarra. 

Y desde el punto de vista jurídico, ahí existe, a mi juicio, una indebida consideración de la libertad de expresión. No puede ser libertad de expresión eso.

Imagino que cuando en 1941 o 1942 los alemanes bombardeaban todos los días Londres, ningún londinense, pretextando libertad de expresión, habría homenajeado a Hitler. Sería inconcebible y lo que es más importante, no se le habría tolerado.

Tampoco se imagina uno que en Francia se vaya a rendir homenaje a yihadistas. En cambio, en España sí con los etarras. Europa insistió en diciembre de 2020 en poner fin a estos homenajes…

Parece que estamos hablando del terrorismo etarra como si fuese un movimiento de liberación y que, en definitiva, era una actividad política justificada por la represión del Estado en el contexto de un conflicto. Ese es el lenguaje y la lógica que aplica toda esta gente al terrorismo etarra. 

Estamos ante unos asesinos que han cometido crímenes gravísimos, que nunca se han arrepentido del delito cometido, que encima se pavonean de ellos y se les homenajea. 

Eso es un insulto.

Y ya para terminar, si usted fuera el presidente, ¿cómo solucionaría el problema del separatismo?

Sencilla y llanamente desde la lealtad institucional y aplicando la Constitución con todas sus consecuencias.

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Artículo de Rosalina Moreno publicado en https://confilegal.com/20221120-jose-luis-requero-me-preocupa-que-los-ciudadanos-pierdan-el-respeto-a-los-tribunales-porque-el-poder-politico-es-el-primero-que-no-los-respeta/

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