Juezas y Jueces para la Democracia
Juzgar y actuar con perspectiva de género no es una opción ni una elección ideológica: es un mandato legal imperativo y vinculante. Así lo establecen el artículo 4 de la LO 3/2007, los artículos 14 y 9.2 de la Constitución Española, la CEDAW y el Convenio de Estambul. Esta obligación no se agota en el ejercicio de la función jurisdiccional; impregna también nuestra forma de estar, de relacionarnos y de comunicarnos en el espacio profesional compartido. El dominio del vocabulario técnico-jurídico en materia de igualdad y no discriminación no es un complemento optativo: es parte constitutiva de nuestra identidad como juezas y jueces. No puede existir una judicatura verdaderamente independiente al margen de la conexión esencial entre legalidad, igualdad y diversidad.
Por eso nos duele especialmente —y nos obliga a alzar la voz— cuando escuchamos, en espacios formativos del mundo jurídico, expresiones que revelan una mirada incompatible con ese mandato. Expresiones referidas a las denunciantes como “comerles el coco a los hijos”, “a la caza de la orden”, “la mujer es una enemiga acérrima de la guarda y custodia compartida” o “demasiadas ventajas a la mujer” no son simples opiniones desafortunadas: son indicadores de un sesgo que, cuando quien las pronuncia ejerce competencias en materia de violencia de género, deja de ser un problema discursivo para convertirse en un riesgo real para las personas que acuden a los tribunales en busca de protección.
Juezas y Jueces para la Democracia denuncia públicamente estas manifestaciones porque la imparcialidad no es solo una exigencia formal: es la garantía concreta de que cada mujer que entra en una sala de vistas será juzgada sin prejuicios. Cuando esa garantía se quiebra, no se daña únicamente la imagen de la institución; se daña la confianza de la ciudadanía en la justicia, y se dejan solas, una vez más, a quienes más necesitan que el derecho esté de su lado.
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