Un Guardia Civil, afiliado de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), ha sido indemnizado con 111.845,58 euros por las lesiones sufridas en acto de servicio tras frenar un robo en una vivienda en noviembre de 2020.
Aunque el reconocimiento judicial de la indemnización se alcanzase en septiembre de 2023 gracias a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Almería, el agente no ha podido recibir la compensación económica que allí se declaraba hasta fechas recientes debido a que el condenado se declaró insolvente. «El hecho de que el agresor demostrase su incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras provocó que tuviésemos que reclamar la cuantía indemnizatoria a la Administración General del Estado en base a la normativa específica de cobertura a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», explica Fran Peláez, abogado de PenalTech y responsable de la asesoría jurídica de APROGC.
Los graves incidentes ocurrieron el 21 de noviembre de 2020, en plena pandemia, cuando el acusado, en compañía de otra persona que no fue identificada, entró en dos viviendas de la localidad almeriense de La Mojonera con el ánimo de sustraer los objetos de valor que allí encontrase. Alertado por la rápida actuación de una patrulla de la Guardia Civil, el acusado intentó huir del lugar de los hechos, pero el agente, asociado de APROGC, frenó su huida, no sin recibir por parte del agresor un fuerte empujón, haciéndole caer al suelo y ocasionándole unas lesiones que requirieron de 437 días de tiempo de estabilización.
Consecuencia de ello, el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Almería condenó al agresor como autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, en casa habitada, en grado de tentativa, a la pena de 1 año y 8 meses de prisión; de un delito de atentado a agente de la autoridad, a la pena de 6 meses de prisión; y de un delito de lesiones, a la de multa de 720 euros, así como a indemnizar al agente en la cantidad ya mencionada.
«Desde el inicio, este asunto nos ha exigido mucha dedicación y esfuerzo en el despacho», comenta el abogado de APROGC. «El caso se archivó en instrucción y, tras lograr la sentencia favorable a los intereses de nuestro cliente, nos tuvimos que enfrentar al obstáculo de la declaración de insolvencia del condenado», añade Peláez. «Sin embargo, la Administración ya ha abonado la cuantía íntegra al agente y, ahora sí, junto al incansable apoyo de la Asociación, podemos evidenciar nuestra satisfacción total al confirmar que el asociado ya ha sido resarcido conforme a la resolución judicial dictada en 2023″, concluye el letrado.
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