La Fundación Aranzadi LA LEY ha presentado en el auditorio de Uría Menéndez el XV Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, un trabajo en el que han colaborado el magistrado Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia; Juan Mora- Sanguinetti, abogado y economista titulado del Banco de España- Eurosistema; y Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi LA LEY.
De forma ininterrumpida desde 2008 el Observatorio de la Actividad de la Justicia emite su Informe con periodicidad anual y cuenta con el patrocinio del Banco Santander. El estudio analiza los diversos factores que afectan a la actividad del sistema judicial español, la carga de trabajo que soportan los juzgados y tribunales en sus distintas instancias y jurisdicciones, sus problemas, carencias y progresos, y aporta cada año propuestas concretas de mejora.
Este año el informe ha girado en torno a la previsibilidad de la Justicia en España. Una cualidad esencial de nuestros tribunales que constituye un indicador clave a la hora de analizar el comportamiento del sistema judicial. Para este Informe 2023 se ha estudiado específicamente la incidencia de la previsibilidad de las resoluciones judiciales en los niveles de seguridad jurídica en nuestro país desde las perspectivas legal y económica.
Un estudio al servicio de la sociedad
Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY y Jesús Remón, presidente de Uría Menendez, han dado la bienvenida a los asistentes poniendo en valor el carácter divulgativo de este estudio para el conjunto de la sociedad. “En un momento en que el estado de la Justicia, la división de poderes y la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial forman parte de las preocupaciones, no sólo de la comunidad jurídica, sino de toda la ciudadanía, es más oportuno que nunca conocer las conclusiones del informe”, ha destacado Sancho.
Remón, por su parte, haciendo referencia al tema principal del Informe 2023, la previsibilidad de las decisiones judiciales, ha señalado que “la seguridad jurídica depende mucho de la aplicación uniforme de las normas jurídicas, lo que menos se entiende es que un mismo asunto sea resuelto de maneras diferentes según los órganos judiciales”.
Deterioro en la capacidad resolutiva de los tribunales
Cristina Retana ha explicado los resultados cualitativos del informe derivados del análisis cognitivo de millones de decisiones judiciales y de toda la estadística judicial del ejercicio precedente, realizado mediante la herramienta de Inteligencia Artificial Jurimetría. El estudio incluye diez indicadores (tasa de resolución, de congestión, de litigiosidad, duración media, tasa de pendencia, número de sentencias y de asuntos ingresados por juez y magistrado, ejecución de resoluciones judiciales, confirmación de resoluciones en apelación o suplicación, y la confirmación de resoluciones en casación) que aportan a lo largo de los años una mirada panorámica de la actividad judicial. “Detectamos un deterioro en la capacidad resolutiva de nuestros tribunales respecto al año anterior. Frente al 1,02 de 2021, el índice de resolución en 2022 fue de 0,99, lo que denota una capacidad insuficiente para resolver los asuntos pendientes. Es así en todas las jurisdicciones excepto la contenciosa”.
Aumentan la litigiosidad y la pendencia jurídicas
Miguel Pasqual de Riquelme ha advertido que, si bien la falta de previsibilidad se ha asociado exclusivamente a la falta de certeza sobre el sentido esperable de la respuesta judicial, no podemos olvidar tampoco la inseguridad jurídica asociada al retraso excesivo en obtener aquella respuesta. Y es en este punto donde se identifican notables asimetrías en los tiempos de respuesta judicial según los distintos territorios. “Es esencial dotar a nuestro Ordenamiento de mecanismos adicionales que mejoren los tiempos de respuesta y la certeza sobre el criterio jurisdiccional aplicable en cada conflicto”, ha señalado.
El impacto de la pérdida de previsibilidad en la economía española
“La Justicia debe ser rápida, tener un coste de uso razonable, ser previsible, íntegra e independiente, emitiendo resoluciones fiables” ha afirmado Juan Mora – Sanguinetti durante su intervención. “Los países que más litigan por su falta de previsibilidad estadísticamente son más lentos, y esto tiene consecuencias económicas en el crecimiento de las empresas y en el emprendimiento”. El Informe 2023 destaca que, si se acercasen los tiempos de respuesta judicial de las provincias más lentas a las más rápidas, las empresas podrían crecer hasta un 2,8% más y la entrada de emprendedores se incrementaría hasta en un 7%.
Se puede consultar la grabación de la presentación aquí y descargar el «informe 2023 del Observatorio de la Actividad de Justicia» en este enlace.
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