Ayer ha tenido lugar en la sede del Parlamento Vasco la jornada Dos años de vigencia de la Ley 8/2021: contextualización jurídica y social. El Foro Aequitas de Discapacidad de Euskadi y Eusko Legebiltzarra organizan este encuentro, donde se analizará la aplicación práctica de la nueva normativa sobre discapacidad.
El acto inaugural ha contado con las intervenciones de Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco; Diego Granados, decano del Colegio Notarial del País Vasco; Iñaki Subijana, presidente del TSJPV; María del Carmen Adán, fiscal superior; y Aitor Bedialauneta, presidente de EDEKA (Coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad). En la clausura (14 horas, miércoles 31), tomarán parte Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; y Emilio Olabarría, patrono de la Fundación Aequitas.
Tejeria destacó la importancia de esta jornada «al dar la palabra a agentes e instituciones sociales, movimiento asociativo, representantes de la discapacidad, profesionales jurídicos que trabajan por la igualdad, políticos,… Todas estas voces permitirán promover un mayor conocimiento que permita dotar de efectiva igualdad de las personas con discapacidad; algo que no sólo requiere de la voluntad del legislador, sino de todas las partes. Es una responsabilidad que concierne a la sociedad en su conjunto».
Granados agradeció, en nombre del Notariado, la participación en estas jornadas del colectivo al que representa. «El notario es receptor de la voluntad de los ciudadanos; recibe en primera persona sus angustias y anhelos; está abierto e inmerso en la sociedad; en contacto directo con las personas con discapacidad y sus familias. Este principio de reconocimiento de la voluntad de una persona para autodeterminarse que realiza el notario es lo que busca la ley: la plena igualdad del colectivo». Para el decano vasco, «la Ley 8/2021 no se trata sólo de un un texto legal, debe ser la voz de todos».
Subijana hizo hincapié en la perspectiva del sistema judicial ante el nuevo marco normativo de la discapacidad: «existe una lucha permanente entre el deber ser normativo y la realidad. Entre los objetivos fundamentales de la judicatura se encuentran la accesibilidad y el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad; poner en valor los complementos de autogestión y capacidad jurídicos para que los miembros de este colectivo sean sujetos del derecho, no objetos como hasta ahora».
«En el ámbito del procedimiento -apuntó el presidente del TSJPV- estamos trabajando en la comprensión y el acompañamiento para que las personas con discapacidad puedan alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos en el sistema público de justicia. Apostamos por la colaboración con todo tipo de agentes para que cada uno coloque las piezas necesarias para que nadie se sienta excluido».
Por su parte, Adán coincidió en señalar que «la sociedad es el agente clave para la efectiva igualdad de las personas con discapacidad». La fiscal superior, agradeció «el fuerte compromiso de todas las entidades para que la Ley se aplique. Por ejemplo, los guardadores de hecho que reclaman sus derechos ante las entidades financieras, son quiénes de verdad están consolidando esa ley. No es fácil la labor que queda, sigue habiendo muchas barreras. Hay que exigir los cambios y acudir a los tribunales para judicializar esos obstáculos. Pero hay que ser optimista y trabajar para que todo esto cambie».
Por último, Bedialuneta expuso -en lengua de signos- su experiencia personal: «vengo de una familia de sordos y es un orgullo tener voz en una institución como el Parlamento Vasco». El representante de EDEKA ha recordado la reciente modificación del artículo 49 de la Constitución, «que nos reconoce ya como personas, algo que se ha producido gracias al movimiento asociativo», aunque apuntó que «vamos a seguir luchando y reivindicando para que se nos deje de ver con paternalismo y tengamos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. La discapacidad es muy diversa, pero existen muchas herramientas y apoyos. La administración pública, en ocasiones, no sabe cómo ayudarnos; jornadas como ésta nos permiten tener voz».
Notarios, fiscales, jueces, magistrados, juristas, abogados, representantes institucionales y del sector debatirán -junto a personas en situación de discapacidad- a lo largo de varias mesas redondas sobre distintos temas relacionados con la nueva normativa del sector: Experiencias personales: ¿Qué supone la reforma para nosotros?; el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad: medidas de apoyo voluntarias y judiciales; la guarda de hecho: compatibilidad con las medidas voluntarias o judiciales; aspectos prácticos de la Ley 8/2021 desde la perspectiva de las entidades de apoyo y el Derecho Civil Vasco: su implicación y respuesta a las situaciones de vulnerabilidad (el Plan de Acceso a la Justicia del Gobierno Vasco).
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