El fiscal de Sala adscrito a la Sala de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo Fernando Rodríguez Rey ha sido designado como fiscal de Sala delegado de delitos económicos, materia cuya delegación de la fiscal general del Estado estaba cargo de Juan Ignacio Campos Campos, hasta su inesperado fallecimiento en diciembre de 2021.
El decreto del nombramiento está fechado a 5 de julio.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, destaca en su resolución, que Campos desempeñó las labores propias de dicha especialidad «con particular dedicación y brillantez».
Indica que dada la importancia de la materia, resulta «inaplazable» atribuir esta última delegación a quien sea «conocedor de la especialidad y de sus implicaciones en la actividad diaria de las secciones especializadas repartidas por buena parte de las fiscalías territoriales», y manifiesta que Fernando Rodríguez Rey dispone de los conocimientos especializados necesarios, según acredita su trayectoria profesional.
Rodríguez Rey ingresó en la Carrera Fiscal en 1991. Entre 1991 y 1992 estuvo destinado en Barcelona. En 1992 fue destinado a Badalona, volviendo en 1996 a ocupar una plaza en la Fiscalía Provincial de Barcelona.
En 2012 fue nombrado delegado de extranjería en Cataluña, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2018, cuando fue designado fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica, sustituyendo en el cargo a José Miguel de la Rosa, quien se incorporó entonces a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Ostentó el cargo de fiscal jefe de la Secretaría Técnica hasta marzo de 2020, quedando adscrito a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La delegación ahora atribuida «mantiene el contenido y los términos en los que se venía desarrollando hasta este momento», ello sin perjuicio de que, en su desarrollo futuro, puedan la fiscal general del Estado y el propio fiscal designado introducir las novedades que consideren necesarias.
A fin de evitar una sobrecarga en el reparto de trabajo del que es destinatario Rodriguez Rey, se deja sin efecto la delegación de que era titular hasta este momento como fiscal de Sala delegado para los delitos de odio y contra la discriminación, competencia que, provisionalmente, recupera la fiscal general del Estado a fin de determinar, una vez entre en vigor su inminente nueva configuración legal, los perfiles futuros de la referida especialidad.
El nombramiento ya ha sido comunicado a la teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Pilar Fernández Valcarce, y a la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite.
El artículo 22.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que el fiscal general del Estado podrá delegar a los fiscales de Sala funciones relacionadas con la materia propia de su competencia. Los fiscales de Sala felegados asumirán dichas funciones en los términos y con los límites que establezca el acto de delegación, que será revocable y en todo caso se extinguirá cuando cese el fiscal general.
Por su parte, la Instrucción 1/2015, sobre algunas cuestiones en relación con las funciones de los fiscales de Sala Coordinadores y los Fiscales de Sala Delegados desarrolla el régimen de la actividad de unos y otros.
