El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha constatado que el Decreto-Ley del gobierno catalán 6/22 y la Ley
del Parlamento de Cataluña 8/22 determinan la «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con el nuevo decreto del gobierno de Cataluña que fija explícitamente la inaplicación de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza, y planteará una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC).
Así lo expone el tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) en una providencia fechada a 1 de julio, en la que explica que la nueva normativa catalana, que hace imposible ejecutar esta sentencia -en trámite de ejecución-, «suscita serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad» porque impide de manera sobrevenida aplicar la sentencia, y por eso planteará una cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías.
Los magistrados Javier Aguayo Mejía (presidente), Maria Fernanda Navarro de Zuloaga, Francisco José Sospedra Navas. Eduardo Paricio Rallo y Manuel Santos Morales señalan que la resolución es incompatible con la nueva Ley sobre uso y aprendizaje de lenguas oficiales, que establece el catalán como la lengua normalmente empleada como vehicular, y fija el castellano como lengua curricular que se utilizará en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros, sin fijar porcentajes.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña ha convocado una rueda de prensa esta tarde, a las 18.00 en Barcelona, en el número 322 de la calle Consell de Cent, para valorar la resolución del TSJCat sobre la inejecución de la sentencia de 16 de diciembre de 2020 y anunciar su próxima linea de actuación.
El tribunal expone en la providencia que la representación procesal de la Generalidad de Cataluña solicitó el pasado 31 de mayo que se declare la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia dictada en estas actuaciones y se ordene, como medidas necesarias para asegurar la mejor efectividad de la misma, que se aprueben los proyectos lingüísticos de los centros educativos afectados en los términos previstos en el Decreto-Ley 6/22.
Dicha solicitud responde a la publicación del citado Decreto-Ley 6/22, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
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