La denominada ‘Sala del 61’ del Tribunal Supremo (TS) ha acordado, por carencia de la más mínima credibilidad y verosimilitud, la inadmisión a trámite de la querella presentada por Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico S.L. contra cuatro magistrados de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, a los que acusaba de delitos de prevaricación y de coacciones (a tres de ellos) en relación al dictado de dos sentencias sobre el índice hipotecario IRPH en los que se estimó el recurso de una entidad bancaria.
Además, el auto de inadmisión, a la vista del contenido de los términos de la querella, y a la petición de práctica de diligencias que realizaba sobre las comunicaciones y relaciones entre miembros de la Sala con autoridades y miembros de entidades bancarias, entre las que se incluía la investigación sobre «posibles sobornos», deduce testimonio de la misma para su remisión al Ministerio Fiscal, “por si dichas afirmaciones pudieran ser indiciariamente constitutivas de un delito de calumnias a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”.
Asimismo, y debido a la «falta de fundamento alguno de la querella», el TS considera que podría rebasar las más elementales reglas de la buena fe procesal, por lo que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acuerda abrir pieza separada encabezada con testimonio del auto, a los efectos de examinar si ha existido abuso de derecho o mala fe procesal al interponer la querella.
También impone las costas a la parte querellante “dada la temeridad manifiesta al interponer una querella en la forma y con el fundamento con que se ha hecho”.
El auto está fechado a 4 de julio y se ha conocido hoy. La Sala que lo ha dictado, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), está formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
Así, firman el auto el presidente del TS, Carlos Lesmes Serrano, y los magistrados Francisco Marín Castán, María Luisa Segoviano Astaburuaga, César Tolosa Tribiño, Fernando Pignatelli Meca, Andrés Martínez Arrieta, Rosa María Virolés Piñol, Ignacio Garcia-Perrote Escartín, Esperanza Córdoba Castroverde, Ricardo Cuesta Del Castillo y Jacobo Barja de Quiroga López, que ha sido el ponente.
EL RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL
El tribunal recuerda que la parte querellante tacha de prevaricadoras dos sentencias que estimaron sendos recursos de una entidad bancaria y dejaron sin efecto la declaración de nulidad del índice IRPH incluido en los contratos de préstamo analizados en las mismas, por entender que los magistrados querellados habrían realizado una interpretación de la cuestión suscitada que se apartaría, injustificadamente, de los fundamentos y principios definidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para analizar la transparencia y abusividad del IRP.
Según la Sala del 61, “el examen de las resoluciones judiciales dictadas por los magistrados querellados permite a esta Sala concluir la falta de relevancia penal de los hechos imputados».
Los magistrados explican que en el presente caso, «frente a lo que sostiene la querellante, estas resoluciones judiciales se limitaron a interpretar los pronunciamientos efectuados por el TJUE en las cuestiones prejudiciales suscitadas y a dar respuesta a las pretensiones formuladas en los recursos presentados».
«Y, al margen de que se compartan o no, las resoluciones cuestionadas contienen argumentos jurídicos que no pueden ser calificados como irrazonables, arbitrarios o ilógicos en los términos expuestos. Por el contrario, en ellas se dio una respuesta fundada, tras el análisis de las pretensiones deducidas y/o de los argumentos expuestos como fundamento de los recursos presentados”, indican.
El TS añade que la parte querellante sostiene una interpretación discrepante acerca de las cuestiones litigiosas analizadas en las resoluciones dictadas por los magistrados querellados, lo que, a su entender, justificaría la comisión del delito de prevaricación imputado.
El Alto Tribunal señala que de este modo, el escrito de la querella «es, en realidad, un recurso contra estas resoluciones». «Aunque sea sobradamente conocido, es preciso reiterar que esta Sala Especial no es una instancia revisora de la actividad de otras salas ni por medio de recurso (que es inexistente) ni, menos aún, mediante la presentación de una querella», apunta.
Respecto al delito de coacciones, el Supremo señala que la querella no aporta dato objetivo o indicio alguno “al margen de las apreciaciones subjetivas de la querellante”, que “deja traslucir una suerte de concierto entre los distintos magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, para favorecer intencionadamente a las entidades bancarias”.
“Esta versión de lo sucedido carece de la más mínima credibilidad (realmente puede ser calificada de inverosímil de manera absoluta), toda vez que la mera existencia de interpretaciones alternativas y discrepantes o, incluso, el planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales, no permite entender, desde una perspectiva lógica y racional, que pudiere haberse producido esa especie de confabulación entre los magistrados de una sala del Tribunal Supremo que se deja traslucir en la querella, para actuar en contra de los intereses de los consumidores, menos aún, mediante el empleo de una coacción psicológica sobre los mismos”, concluye la resolución.
LA REACCIÓN DE ARRIAGA ASOCIADOS
Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados, ha declarado a Confilegal que se ha enterado por la prensa de la inadmisión de la querella, y que se pronunciará al respecto cuando se le notifique el auto y haya estudiado a fondo la resolución.
En cualquier caso, señala que la mera inadmisión de la querella y los razonamientos que ha conocido, «evidencian la actitud del Supremo de no investigar los hechos denunciados, que sería lo propio si quisiera impartir Justicia».
