El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra ha decidido hoy permitir al Rey Emérito que recurra la decisión del juez Matthew Nicklin, en primera instancia, de no reconocerle la inmunidad diplomática frente a la demanda presentada por su ex amiga íntima Corinna Larsen por acoso, lo que permitiría a Juan Carlos I, de 84 años, frenar las acciones civiles emprendidas por la empresaria a la que en 2012 «regaló» 64,8 millones de euros.
Así lo ha anunciado el Lord Justice (juez) Nicholas Underhill al término de una vista que ha durado unas dos horas y donde los abogados de la firma Clifford Chance, que representan al exmonarca español, han alegado que, a pesar de su abdicación en 2014, don Juan Carlos I es miembro de la Familia Real.
Y como tal, mantiene una especial vinculación con Felipe VI que hace que cualquier acción emprendida en su contra afecte a las funciones del actual Jefe de Estado.
Lord Justice Underhill y el Lord Justice Peter Jackson, que conformaron el tribunal, han dado luz verde para que los representantes legales del Rey Emérito puedan presentar la apelación solicitada.
Fue el pasado 24 de marzo cuando el juez Nicklin, del Tribunal Superior de Justicia, determinó que don Juan Carlos no gozaba de la inmunidad diplomática que le confería la Jefatura del Estado por haber abdicado.
«Solo hay un Rey y un jefe de Estado en España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el Rey Felipe VI», subrayaba.
Este primer auto de Nicklin despejaba el camino para que la demanda de Larsen siguiera su curso en la justicia británica, algo que ahora dependerá de cómo se resuelva la apelación.
La empresaria sostiene en su demanda que el Rey Emérito la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido.
Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con el relato de la empresaria.
Por ello, Larsen reclama a Juan Carlos I una indemnización –cuyo montante no ha trascendido– por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido.
