La exvicepresidenta y exconsejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana Mónica Oltra Jarque, declaró ayer como investigada en el marco de las diligencias que se siguen contra ella y 13 altos cargos que trabajan en el departamento que ella dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, a una menor tutelada, de 14 años, y volcó «la total responsabilidad de los hechos en los altos cargos de la Consejería y en los funcionarios del servicio de infancia».
Así lo manifiestan a Confilegal fuentes presentes en su declaración ante el magistrado Vicente Ríos Segarra, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, una comparecencia que duró e siete horas, y en la que Oltra únicamente contestó las preguntas del juez, el fiscal y los abogados del resto de los altos cargos investigados en la causa. Rechazó contestar a las acusaciones particulares y populares.
La investigación de esta causa procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y de una querella de Cristina Seguí, que ejercita la acusación popular como presidenta de la asociación Gobierna-te, quienes iniciaron un proceso contra la Consejería por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno sobre lo sucedido. VOX también es acusación popular desde el pasado mes de febrero.
Oltra ha negado ante el juez que ordenara abrir una investigación paralela a la judicial por los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor tutelada, hechos por los que ha sido condenado. Ha asegurado que se enteró de los abusos el 4 de agosto de 2017, cuando recibió una notificación judicial en su domicilio, con lo que ha manifestado que desconocía el trabajo que habían estado haciendo los técnicos de su Consejería desde febrero de ese año, cuando la víctima, que entonces tenía 14 años, denunció los hechos.
Sobre el expediente informativo que abrió el 8 de agosto la Consejerería que dirigía, cuando ya había abierta una investigación judicial, Oltra ha negado que fuera a instancias de ella, pese a lo que aseveró en una comparecencia ante los medios de comunicación. Según ha asegurado ante el juez, no dio ningún tipo de instrucción al respecto.
Así, ha achacado las manifestaciones que hizo en su día a los periodistas a un tema «emocional» y ha mantenido que hablaba en un «singular mayestático», alegando que, en realidad, cuando dijo «yo» se refería a los funcionarios y cargos de su Consejería. «Es decir, que cuando Oltra estaba reconociendo en sus declaraciones ante los diputados de las Cortes en sesión de control y hablaba de sus actuaciones en primera persona -«yo dispuse», «yo ordené», «yo comunique»- ella dice que se estaba refiriendo no a que lo hubiera hecho ella, sino los funcionarios y altos cargos», explican a este diario fuentes de la acusación popular.
Según informan, otro momento clave tuvo lugar cuando el fiscal Jaime Cussac preguntó a Oltra «por qué como consejera y, por tanto, como tutora de la víctima jamás puso a disposición de la niña, para defenderla, un abogado de la Generalidad Valenciana», y «por qué tampoco lo ha hecho ahora», algo a lo que, según las fuentes consultadas que ejercitan la acusación popular, «estaría obligada según su propia ley de ayuda a las víctimas de abuso sexual de 2018 y como tutora legal, y por tanto como si fuese su madre debería haber hecho, como le dijo el fiscal».
De acuerdo a las citadas fuentes, Oltra contestó que «no tenía título habilitante para ello», a lo que Cussac replicó «¿Si lo tienen desde 2018, por qué no lo hicieron entonces?, a lo que Oltra «no ha sabido responder». Las acusaciones se preguntan también por qué su actual consejera no se persona contra Icardi en el Tribunal Supremo.
Los abusos a la menor, según ha quedado probado por la Justicia, se produjeron a finales de 2016, cuando Luis Eduardo Ramírez estaba casado con Oltra, vicepresidenta de la Generalidad desde junio de 2015 hasta el pasado 21 de junio, y por estos hechos fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial de Valencia, a inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante un plazo de 10 años, y a cinco años de libertad vigilada, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual.
La sentencia fue confirmada por el TSJ de la Comunidad Valenciana en septiembre de 2021, y se encuentra recurrida por Icardi ante el Tribunal Supremo. En este proceso, la Fiscalía reprochó a la Consejería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador.
Tras prestar declaración, Oltra ha mostrado su confianza en que todas las explicaciones que ha ofrecido «hayan convencido».
SEGUÍ: ‘OLTRA SE COCINÓ AYER EN SU PROPIO JUGO’
«Mónica Oltra se cocinó ayer en su propio jugo. Te confirmo para qué sirven 2.100 millones de presupuesto público para combatir la ‘violencia machista’: Para encubrir los abusos a una menor bajo su tutela, y preparar todo un esquema institucional de persecución y descrédito a la menor». Así lo ha señalado a Confilegal Cristina Seguí, preguntada sobre la declaración de Oltra.
Seguí sostiene que «todo quedó constatado cuando el fiscal Cussac preguntó a Oltra por qué no le puso nunca un abogado de la Generalidad valenciana a la víctima, como está obligada a hacer según la propia ley Oltra de asistencia a las víctimas de abuso sexual». Además, destaca que «tampoco pudo contestar por qué a día de hoy la Consejería de Igualdad, y la actual consejera, títere de paja de Mónica Oltra, aún no se ha personado en el Supremo en la causa contra Icardi».
Cristina Seguí es publicista y escritora, exdirigente de VOX y colaboradora en medios de comunicación; ha publicado varios libros en los que combate el movimiento feminista. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
«Tanta camiseta, tanta violencia en la calle contra la oposición política usando a profesorado y a estudiantes para relajarse al final, y salir huyendo como una cobarde echando la culpa a los 13 funcionarios y altos cargos de su Consejería», indica Seguí, que en este proceso está asistida por el abogado Pablo Delgado. «Oltra es un cadáver político y debe ser inhabilitada para no poder volver a ejercer el terror desde la política», concluye.
Cristina Seguí también ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, asistida por el abogado valenciano Juan García Sentandreu, que se admita su personación como acusación popular en una segunda causa abierta contra Oltra y contra la directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, Carmen Fenollosa Egea, a raíz de una querella por presuntos delitos de detención ilegal, prevaricación, obstrucción a la Justicia y desobediencia grave a la autoridad, dirigida también contra varios técnicos de la Consejería.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia archivó la semana pasada la querella que Oltra presentó contra Seguí por delitos continuados de calumnias e injurias graves contra su persona. Oltra también presentó otra querella contra ella por los mismos delitos, que fue notificada el pasado 31 de mayo y está pendiente de señalamiento.
«Intentan amedrentarme usando el dinero público que paga sus querellas instrumentales», denuncia Seguí.
MARTA CASTRO (VOX): ‘SE COMPRUEBA QUE OLTRA MIENTE’
Por su parte, la vicepresidenta jurídica de VOX, Marta Castro, ha señalado que, tras analizar las declaraciones de Oltra en Las Cortes, a los medios y en el juzgado, se comprueba que «miente».
«La entonces Consejera Oltra ha mantenido que no era de su competencia realizar ninguna instrucción del expediente, también ha mantenido que no tenía conocimiento desde el 4 de agosto de 2017 y hasta la primera sentencia, en 2019, y que ella ni solicitó información ni dio instrucciones a nadie, en su estrategia de defensa. Hemos estado analizando los diarios de sesiones y sus declaraciones ante los medios de comunicación. ¿Dónde queda que el expediente «lo ordeno yo»? ¿Dónde quedan todas las declaraciones en el diario de sesiones? Mónica Oltra miente», manifiesta.
Castro ha destacado que la Consejería ejerce la tutela de todos estos menores que por situación de abandono, de desamparo, pasan a depender de la Consejería. «Si la Consejería los tiene abandonados hasta el extremo de que en la propia Consejería es donde se lesiona su propia dignidad y se cometen, además, agresiones sexuales, ¿en qué quedan los dos millones de euros que gestiona? ¿Para qué sirve la Consejería? ¿Qué ha hecho Mónica Oltra como consejera en favor de estos menores?», ha planteado en declaraciones a los periodistas, apuntando que esto último es lo que les preocupa.
En este sentido, ha señalado que «hemos tenido que escuchar también entre las declaraciones cómo Mónica Oltra se convertía en la adalid de la protección a la infancia porque impulsó varias propuestas y la ley de protección a la infancia de la Comunidad». «Me parece una ironía que no puede permitirse», ha sentenciado Castro, y sostiene que esta investigación debe seguir abierta y terminar con el enjuiciamiento de todos los investigados, ella y 13 funcionarios más.
LOS INVESTIGADOS
Entre los investigados hay cinco personas de la Consejería, como la que fuera ‘número dos’ de Oltra, Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia. También la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza; el secretario territorial, Jesús Esquiu; la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, María Amparo Nogués; y la técnico de la Sección del Menor, Ana Victoria García Tarín.
Su imputación se produjo después de haber sido oídas las declaraciones y ante la documentación aportada por ocho de los primeros investigados: las directoras territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Consejería.
También están siendo investigadas una funcionaria de la Consejería que instruyó una información reservada sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Consejería, y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.
