El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea, ha fijado para el próximo 7 de julio el examen médico al exmagistrado Fernando Presencia Crespo -a quien investiga por supuestos delitos de injurias, calumnias y contra las altas instituciones del Estado- a fin de decidir sobre su imputabilidad y «ante el riesgo de que pudiera adolecer de algún tipo de patología».
La prueba se llevará a cabo a las 9.00, por el médico forense de la sede judicial, antes de la declaración como investigado de Presencia, que tendrá lugar a partir de las 10.00.
Así lo dispone el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 en una providencia fechada a 1 de julio.
Tras admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Presencia, Gadea ofreció el pasado 21 de junio la posibilidad de personarse como perjudicados a todos los magistrados afectados, entre los que se encuentran el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y los magistrados del Alto Tribunal Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Vicente Magro, Ángel Luis Hurtado, Susana Polo y Andrés Martínez.
En su última resolución, ha fijado para mañana, 6 de julio, a las 10.00, la comparecencia de Sánchez Melgar, Polo García, Lamela Díaz, Martínez Arrieta, Palomo del Arco, Magro Servet y Llarena Conde.
LA DENUNCIA DE LA FISCALÍA Y MAGISTRADOS
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, ha denunciado a Presencia por un presunto delito de injurias y/o calumnias, del artículo 205 y siguientes del Código Penal, así como un delito contra las altas instituciones del Estado, previsto en el artículo 504 del Código Penal, «no pudiendo descartar que se sumen otras infracciones de carácter patrimonial». También dirige la denuncia «contra todas aquellas personas que puedan haber participado en la comisión de los hechos descritos en la presente denuncia y que se puedan ir determinando a lo largo de la instrucción de la causa».
Esta actuación de la Fiscalía se produjo a raíz de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado, quien en su comparecencia solicitó la intervención del Ministerio Fiscal a causa de la publicación a través de dicha página web de una información relativa a él que pudiera considerarse de carácter injuriosa o calumniosa. En concreto, de determinadas informaciones que le imputan la posesión en un paraíso fiscal de cantidades importantes de dinero supuestamente obtenidas mediante sobornos.
El Ministerio Fiscal refiere también en la denuncia que posteriormente, otros seis magistrados de esa Sala –Carmen Lamela Díaz, Vicente Magro Servet, Pablo LLarena Conde, Ángel Hurtado Adrián, Susana Polo García y Andrés Martínez Arrieta– presentaron sendas denuncias por las mismas razones ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado.
Como ha informado Confilegal, en los últimos meses, Presencia ha cargado, a través de su asociación, contra los 16 magistrados que componen la Sala de lo Penal, ha denunciado a 9 de ellos y recusado al resto. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, con estas prácticas el exmagistrado estaría tratando de impedir que la Sala de lo Penal pueda formar tribunal para enjuiciarlo en un futuro y con ello evitar su entrada en prisión, si el fallo final fuera la inadmisión de su recurso de casación, ya que tiene antecedentes penales.
INVESTIGADO POR UN JUEZ DE TALAVERA
En paralelo, el juez Manuel Buceta Miller, juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Talavera de la Reina, investiga a Presencia tras recibir testimonio proveniente de la Audiencia Nacional por la posible comisión de un delito de falsedad por parte de este exmagistrado, en relación a la denuncia que interpuso Presencia y su asociación contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputándoles los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Denuncia que la AN rechazó por considerar que está basada en documentación falsa, pero Gadea fue más allá y la remitió a los Juzgados de Talavera de la Reina para que allí –donde tiene su domicilio Presencia– el juez de instrucción al que le corresponda investigue si todo ha sido una invención, una denuncia falsa, y actúe judicialmente en consecuencia.
LA BATERÍA DE DILIGENCIAS ORDENADAS POR GADEA
El pasado jueves, 30 de junio, Gadea ordenó una batería de diligencias, entre ellas este examen médico a Presencia.
Por otro lado, y a petición de la Unidad Central Operativa (UCO), también se dirigió a las autoridades francesas para solicitar «el cierre o bloqueo» de la página web desde la que Presencia lanza acusaciones contra magistrados del Tribunal Supremo (TS). Gadea ya había acordado el cierre cautelar de la misma, pero éste no ha podido ejecutarse en tanto que el dominio se encuentra geolocalizado en el país galo.
En este sentido, el instructor constató que tras una rápida comprobación se han cerciorado de que desde la página siguen efectuándose publicaciones contra altas instituciones del Estado, de similar naturaleza a las denunciadas por la Fiscalía, «evidenciando una contumaz voluntad delictiva de la que se permite inferir rasgos compatibles con algún tipo de patología».
Esta última en cualquier caso, subrayó que «deberá ser pericialmente valorada, atendida la naturaleza de los hechos y el comportamiento del denunciado pese a la incoación de este procedimiento» con el citado examen forense.
Gadea ha justificado su decisión para poner fin de modo inminente a la «permanente situación de atentado contra los bienes jurídicos de las víctimas, y las instituciones del Estado que están siendo impúdicamente infringidos por el denunciado, y que en ningún caso se ve amparado por el derecho a la libertad de expresión».
También libró un mandamiento judicial a la entidad bancaria Liberbank a fin de que faciliten información sobre una cuenta bancaria presuntamente vinculada a Presencia. En concreto, detalla, que se aporten datos sospechosos de blanqueo de capitales, cobro de cheques y movimientos asociados a la misma.
Asimismo, Gadea ordenó a la UCO que realice las averiguaciones oportunas para determinar los posibles afectados por las publicaciones efectuadas en la página del exjuez, así como la existencia en otros canales de los contenidos difundidos por Presencia. También ordenó a los agentes que informen sobre si concurren los presupuestos para poder decretar la suspensión y en su caso disolución de la asociación Acodap.
En la resolución, Gadea explicaba que a través de la citada web «se solicita a los usuarios de Internet que efectúen donaciones en favor de la Asociación Acodap y de su presidente Fernando Presencia -quien se atribuye falsamente la condición de juez- como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción».
El pasado 10 de junio, el TS denunció a Presencia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por difundir «imputaciones radicalmente falsas» y «calumniosas» que no guardan relación alguna con la «verdad» de la situación patrimonial de los magistrados del alto tribunal.
El Alto Tribunal ya avanzaba que estaba previsto que el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, remitiera la documentación a la Fiscalía para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, actuara contra Presencia, quien fue expulsado de la Carrera Judicial, condenado en dos ocasiones por sendos delitos de prevaricación judicial e inhabilitado para ejercer como juez.
