La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acogido este jueves el Solemne Acto de Apertura del Año Judicial 2022-2023 de la Comunidad de Madrid.
En la ceremonia han intervenido el presidente del alto tribunal madrileño, Celso Rodríguez Padrón y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés.
Al evento, que se ha celebrado en el Salón de Actos de la sede central del TSJM, han acudido vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrados del Supremo.
Entre los invitados se encontraban también dos expresidentes del Alto Tribunal Madrileño. En concreto, Francisco Javier Vieira Morante, antecesor del actual presidente y quien fuera su máximo responsable entre los años 2009 y 2018; y Clemente Auger Liñán, el primer magistrado en dirigir la institución cuando ésta fue creada, entre 1989 y 1992.
En su intervención, el presidente del TSJM, Celso Rodríguez, ha hecho referencia a la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ y la falta de consenso en los nombramientos del Tribunal Constitucional.
Ha manifestado que “ningún resquicio del Estado de Derecho que proclama la Constitución puede ser víctima de la disputa política, ni del afán de dominio de las instituciones que garantizan la recta aplicación de las leyes”.
Abundando en su reflexión de actualidad, ha subrayado que los jueces han cumplido ante la sociedad en su función constitucional con rigor e independencia en “dos ámbitos que llegaron a protagonizar los índices de materias de preocupación social: la corrupción y los delitos contra la Constitución”.
La imagen de la Justicia se ve deteriorada por actitudes intolerables
Frente al vocacional cumplimiento de la Carrera Judicial, el presidente de los jueces madrileños ha denunciado “el clima de maltrato al que se ha sometido a la Justicia”.
La imagen y credibilidad social se ve deteriorada y ensombrecida por “diversos acontecimientos y actitudes que resultan sencillamente intolerables”.
Además, ha propuesto abiertamente la necesidad de incrementar el número de jueces en España para resolver el atasco judicial.
También ha hecho hincapié en que han de proporcionarse medios que permitan adentrarse en la ejecución de resoluciones de forma eficaz y continuar profundizando en el desarrollo tecnológico.
Asimismo, ha señalado que no se puede omitir la necesidad de mejorar el sistema de provisión de plazas de los funcionarios de los órganos judiciales.
Madrid, dada la naturaleza de cuerpos nacionales de los funcionarios de la Administración de Justicia, «padece una movilidad intensa que obliga a la provisión en demasiadas ocasiones de los puestos de trabajo a través de las bolsas de interinos«, ha señalado el presidente.
Para finalizar, ha recalcado que gracias el descenso notable de los efectos del Covid-19, considera que es necesario recuperar lo antes posible la plena presencialidad del personal en todas las sedes judiciales
Por otro lado, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha expuesto los datos de la Memoria de actividad del Ministerio Fiscal correspondiente al Ejercicio de 2021.
En el ámbito penal, según ha explicado, las cinco fiscalías, la de la Comunidad, la Provincial con sus tres Secciones Territoriales y las tres Fiscalías de Área de Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada han intervenido en la tramitación de 267.994 procedimientos, lo que supone un incremento lógico respecto al año 2020, paralizada en parte la actividad judicial por la crisis sanitaria.
Entre los datos más destacados, Lastra ha comentado que se ha asistido a 15.473 juicios por delito leve, 26.330 juicios ante los juzgados de lo penal y a 2.127 juicios en la Audiencia Provincial.
Evolución de la criminalidad en la región
Respecto a los delitos contra la vida e integridad, en 2021 ha habido 39 en la Comunidad, de las cuales, 17 fueron víctimas de violencia machista.
En delitos contra la libertad sexual, el incremento ha sido de un 29,7 % y en delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico se ha experimentado un aumento del 10,6 %.
Por otro lado, en delitos contra la salud pública se ha registrado un aumento de un 10,3 % más con respecto a 2020, que sube al 27,5 % cuando se trata de delitos de tráfico de drogas que causan un grave daño a la salud.
En cuanto a los delitos de odio y discriminación, la fiscal ha recalcado que “poco a poco se van consiguiendo condenas por este tipo de conductas no siempre fáciles de identificar como tal”.
La gestión de la pandemia
Por último, la fiscal superior ha finalizado su intervención haciendo referencia a la situación de los familiares de las personas fallecidas durante la pandemia en las residencias de mayores.
Según ha explicado, la Fiscalía Provincial y las de Área tramitaron numerosas diligencias de investigación, algunas de las cuales concluyeron con la interposición de denuncia por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, habiéndose además denunciado por delito de intrusismo en una ocasión y por delito de trato degradante en otro.
“Otras fueron judicializadas sin concluir la investigación al tener conocimiento de que los mismos hechos estaban siendo objeto de diligencias previas en los juzgados de instrucción y bastantes resultaron archivadas tras concluir que no había indicios suficientes de la comisión de hechos delictivos”, ha apuntado.
Al archivo se llegó tras analizar de forma pormenorizada la actuación de los responsables de las distintas residencias y, especialmente, de la atención médica dispensada a los usuarios cuyos fallecimientos eran objeto de investigación.
En la actualidad se siguen tramitando procedimientos, algunos reabiertos por la Audiencia y otros pendientes de que se resuelvan los recursos interpuestos por el Fiscal.
Además, ha pedido que se retomen “sin demora” las visitas de los fiscales a las residencias.
Para ello, ha dictado una instrucción ya que durante la pandemia fue preciso suspenderlas para preservar la salud de los trabajadores y residentes de dichos centros.
