La necesidad de un pacto de Estado sobre vivienda y la constatación de que la Ley de Vivienda no ha dado los resultados esperados, fueron las principales conclusiones expuestas en el foro “La vivienda en Cataluña: ¿Un derecho ‘real’?”, celebrado este lunes en el Colegio Notarial de Cataluña, en el marco del Foro “Temas que importan” de la Fundación Notariado.
En el encuentro, notarios, promotores, abogados, procuradores y administradores abordaron las cuestiones más relevantes en materia de vivienda, prestando especial atención al contexto actual de creciente dificultad en el acceso a la misma y al debate generado por las recientes medidas legislativas aplicadas a nivel autonómico y nacional. La jornada estuvo moderada por la periodista Rosa Salvador, quien presentó diversas ponencias donde se detallaron el contexto y las perspectivas futuras del sector inmobiliario.
Conclusiones de la Jornada
Las conclusiones fueron expuestas, al final de la jornada, por el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, como portavoz, y fruto del consenso de todos los participantes, “personas que estamos al pie de calle y vemos lo que ocurre. Todo lo expuesto es lo que observamos en los despachos día a día, y es fruto de una ley que no está dando los resultados que se esperaban”.
Inauguración
El acto contó con la inauguración de la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, quien dio comienzo a la jornada manifestando la necesidad de que realmente el acceso a la vivienda sea un derecho fundamental. “Tiene que ser y es prioridad del Gobierno de Cataluña. La vivienda es el pilar fundamental para garantizar los derechos de la ciudadanía. Hoy, tenemos que reconocer que no es un derecho. En estos momentos, no se garantiza el acceso a la vivienda.”
En este sentido, la consellera destacó que “se requiere de la conciliación de todas las partes implicadas, buscando siempre un equilibrio. Con una diagnosis compartida, y solo a partir de aquí, podremos empezar a buscar soluciones efectivas en un reto que es de Cataluña, del Estado y que afecta a otros países del mundo. Es el mayor reto que tenemos que afrontar los poderes públicos para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. El objetivo del Gobierno es garantizar el uso social de la vivienda y el acceso al derecho de la vivienda; el equilibrio permanente entre derecho de propiedad y su función social.”
El sector inmobiliario en Cataluña: situación actual y perspectivas de futuro
El gerente de la Cambra de la Propiedad Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, empezó su intervención explicando cuál es la situación del mercado inmobiliario actual, donde destaca el aumento de la demanda frente a la escasez de oferta, lo cual conlleva a un encarecimiento de precios y la preferencia, por parte de los ciudadanos, de optar por el mercado del alquiler. Un mercado en el que, según Gorgues, se observa un descenso en el número de contratos firmados. “Ante la dificultad de encontrar viviendas alternativas, se ha reducido la movilidad de los arrendatarios y, a su vez, los propietarios tampoco quieren cambiar de arrendatario. Entramos, entonces, en una estabilización precaria del mercado del alquiler. Esta reducción de movilidad y falta de oferta da lugar a una situación en la que unos están muy protegidos y otros absolutamente desprotegidos: aquellos quienes intentan alquilar y quedan excluidos del mercado por falta de oferta. Una característica del mercado que se irá pronunciando y terminará siendo toda una bomba de relojería”.
La abogada y economista Concha Carballo, por su parte, centró su intervención en la fiscalidad y calificó la situación político-económica como preocupante, destacando “la falta de suelo, el encarecimiento de los productos, la inflación y la subida de los tipos de interés que paraliza la posible adquisición de vivienda porque es sumamente más caro”.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), Xavier Vilajoana, reclamó la necesidad de llevar a cabo “políticas de vivienda de verdad; no solo de cara a la galería, sino invertir dinero”. En este sentido, Vilajoana señaló que se requiere de un pacto de mínimos de las fuerzas políticas para marcar las líneas a seguir en política de vivienda de forma conjunta, asegurando que las políticas deben ser de medio-largo plazo. “Basta de pensar en las siguientes elecciones; pensemos en las siguientes generaciones”.
Por último, la vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, expuso los principales datos del sector inmobiliario desde 2007 hasta la actualidad, procedentes del Centro Tecnológico del Notariado y el Observatorio Notarial de Cataluña, que se incluyen en el último informe elaborado por el Colegio (documento adjunto). Entre los datos expuestos, destacó las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente, por parte de los jóvenes. Según el informe, el porcentaje de compradores de vivienda entre 18 y 35 años disminuyó drásticamente en Cataluña de 2007 a 2023, con un descenso de 21 puntos porcentuales, pasando de representar el 44,7% respecto al total de compradores, a solo el 23,6%.
Soluciones a la problemática actual
Las intervenciones en la segunda mesa, el presidente del Consejo General de COAPIs de España, Gerard Duelo, aseguró de la Ley de Vivienda que “criminaliza a la propiedad”, y en la que faltan recursos. Duelo también señaló que la ley elude responsabilidades y no dispone de un compromiso presupuestario, además de ser confusa, intrusiva, desequilibrante y sin consenso profesional. También aseguró que “la limitación del alquiler es la mejor manera de destruir una ciudad” y que “nos distrae del problema que hay: la falta de vivienda” ahora y, sobre todo, en el futuro.
El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez, señaló que la ley “sustantiviza la okupación ilegal. Hoy en día, la okupación delincuencial, ilegal, ha adquirido carta de naturaleza y el legislador la ha convertido en un derecho en contra de la posesión de un inmueble. Hablo de posesión, no de propiedad, porque desgraciadamente la okupación es posesoria”, asegurando que nos encontramos frente a un gravísimo problema. “Todos sentimos una gran sensibilidad por las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Pero no olvidemos que quien tiene que facilitar una vivienda social es la Administración, el Estado, los poderes públicos; no los propietarios, que bastante tienen con tener beneficios razonables”.
El decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura, trató el desahucio y las medidas de protección en el sector inmobiliario, expresando su opinión, también, en cuanto a la Ley de Vivienda. Segura señaló que, a partir de su entrada en vigor, los propietarios dejaron de presentar demandas frente a los que okupan viviendas de manera ilegal debido a la cantidad de requisitos que se solicitan, hecho que “deja al propietario sin igualdad de armas para conseguir la posesión de la vivienda okupada”. En este sentido, el decano aseguró que la ley no ha dado los resultados que se esperaban, dado que comporta muchas dificultades y muy pocos beneficios al propietario, haciendo hincapié, también en la “inquiokupación” (inquilinos que dejan de pagar el alquiler). Segura cerró su intervención asegurando que “es necesario consenso político. Debemos intentar que este problema no se acreciente más”.
El decano del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, y presidente del Consejo de Administradores de Fincas de Cataluña, Lorenzo Viñas, coincidió con sus compañeros de mesa en el hecho de que “la Ley de Vivienda no ha dado el resultado esperado”, poniendo de manifiesto cuál es la situación del sector actual y el momento en el que se encuentra, donde se observa una constante alza en los precios derivado de una insuficiente oferta. “La ley no es buena; no está bien hecha ni consensuada; no ha resuelto el problema de la vivienda”, concluyó Viñas.
El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, antes de la exposición de conclusiones, afirmó acerca de la Ley de Vivienda que “resulta clarísima la inseguridad e inestabilidad jurídica”, aunque destacó que en el “proceso de adquisición de vivienda no existe ningún problema; contamos con un sistema de seguridad jurídica preventiva muy eficiente”.
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