• 06/12/2022 00:38

El mundo de la Justicia en Cataluña desmonta las alegaciones del Gobierno sobre la rebaja del delito de sedición

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Tres personalidades del mundo de la Justicia en Cataluña, Cristina Dexeus Ferrer, Pablo Baró Martín y Teresa Freixes Sanjuán, se pronuncian en Confilegal sobre la rebaja del tipo penal de sedición que impulsa el Gobierno.

Dicha reforma rebajará la pena máxima de 15 a 5 años, lo que permitirá a los condenados por el ‘procés’ presentarse a las próximas elecciones y a los que todavía tienen una causa abierta por este delito por estar huidos –Carles Puigdemont, Clara Ponsati, Antoni Comín y Marta Rovira– que puedan ver reducidas las posibles penas.

Estos tres juristas discrepan con los argumentos dados por el Ejecutivo para dicha reforma. En este reportaje explican las razones de su oposición y analizan las posibles consecuencias de llevarla a cabo. 

Además, hacen una radiografía de cómo es vivir y trabajar defendiendo el Estado de Derecho en esta comunidad autónoma. Magistrados y fiscales han vivido durante el ‘procés’ un clima de coacción. 

Los tres alertan de la desertización judicial que vive Cataluña y de la fuga de personal jurídico.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria en la Carrera Fiscal- y decana de Instrucción en la Fiscalía Provincial de Barcelona, señala en primer lugar que compete al Poder Legislativo legislar o reformar las leyes y que el Poder Ejecutivo puede presentar Proyectos de Ley en los que se incluyan reformas legislativas, pero afirma que la argumentación que se está dando por parte del Gobierno sobre la necesidad de homologar el delito de sedición previsto en el Código Penal español a la legislación de los restantes países de Europa «no resulta ajustada, porque no existe una legislación única u homologable dentro de los países europeos, sino que cada país tiene sus propios tipos penales en esta materia, que muchas veces responde a su propia historia».

Además, destaca que «los tipos penales de traición en países como Alemania y Francia, que vendrían a ser similares a la sedición y la rebelión, condenan con penas de cárcel muy relevantes que llegan incluso a la cadena perpetua».

Por tanto, que se justifique la reforma en la necesidad de suavizar las penas para asimilarlas a las de los países de nuestro entorno, para Dexeus «no es válida». «Resulta comprensible, lógicamente, que los partidos independentistas pretendan la reforma del delito de sedición para que con ello sus líderes juzgados, penados y parcialmente indultados puedan con esa rebaja del tipo penal participar en las próximas elecciones», manifiesta.

Respecto a la situación que se vivió mediante el ‘procés’ a nivel personal y profesional, afirma que fue compleja. «Se sentía acoso por parte del poder político en Cataluña y de gran parte de la ciudadanía a aquellos que representamos un poder del Estado, como es el Poder Judicial. Jueces y fiscales éramos la última defensa del Estado de Derecho en Cataluña ante una situación de subversión del orden constitucionalmente establecido», relata a este diario la presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales.

Según explica, «fue una situación dura, porque además no se sabía hasta dónde podían llegar los radicales». «Pero todos cumplimos, como se esperaba de profesionales objetivos e imparciales, aplicando la legislación vigente a la situación que se estaba desarrollando, haciendo abstracción de las situaciones de tensión que se vivieron a nuestro alrededor», subraya.

Aunque manifiesta que actualmente ese nivel de tensión que se registró entonces «ha disminuido notablemente», Cristina Dexeus denuncia que «la Generalitat no dedica esfuerzos presupuestarios suficientes a la Administración de Justicia» en la cuota que le corresponde como Comunidad Autónoma con competencias transferidas en la materia, «como se aprecia en el estado de algunas de las sedes judiciales, que son deficitarias, y en la ausencia de medios materiales, especialmente en el ámbito de la digitalización de la Administración de Justicia».

Dexeus sostiene que esta Comunidad Autónoma está «obsoleta y muy alejada de lo que se está haciendo en el resto de España, donde se están implementando sistemas de digitalización, en algunos casos tremendamente avanzados, mientras que en Cataluña se está iniciando esa digitalización a un paso lento y con poca dedicación de medios y entusiasmo».

«Eso determina que las condiciones laborales en Cataluña sean más deficitarias que en otros lugares, lo que unido a la situación que hemos estado viviendo y que aún en ciertos momentos se respira, provoque que en una Comunidad Autónoma como esta, con poca cantidad de opositores, los compañeros que vienen a Cataluña destinados como primer destino posteriormente no se estabilicen en este territorio y prefieran marchar a otros lugares donde puedan tener una mejor acogida o más próximos a su lugar de procedencia», explica.

Por ello, Cristina Dexeus considera que es «imprescindible» que el Ministerio de Justicia «aborde ya la atribución a los fiscales que trabajan en Cataluña de un complemento de fidelización, de estabilización de plantilla, para que sea al menos un estímulo más para mantenerse en esta comunidad autónoma, donde, desde luego, hay profesionales magníficos desarrollando muy buen trabajo, siendo, por ejemplo, la Fiscalía de Barcelona la pionera en muchas materias en las que trabajan los fiscales». 

«Sin duda, es una escuela para los compañeros porque normalmente es un destino de entrada a la carrera fiscal, pero donde la permanencia no es todo lo deseable que podría ser», concluye Dexeus.

Pablo Baró Martín, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, la mayoritaria en la Carrera Judicial, y magistrado del Juzgado de lo Social número 22 de Barcelona, preguntado sobre si se opone a la rebaja del delito de sedición y si lo considera una «cesión» al independentismo, como denuncian los partidos de la oposición, señala que como juez prefiere ser cauto a la hora de manifestar cualquier oposición a una modificación legislativa, pero pide «una explicación veraz sobre los motivos de dicha reforma». 

«No conviene olvidar que las condenas en España por sedición son casi anecdóticas –según datos del INE, desde 2013 solo ha habido 31 condenados por dicho delito-, por lo que no deja de sorprender que dicha reforma se convierta en prioritaria cuando no existen razones de urgencia ni de necesidad social que justifiquen un cambio legislativo de esta índole», destaca.

Respecto a cuál es el coste personal y laboral que tiene ejercer en Cataluña, este magistrado también manifiesta que «ejercer la función judicial en Cataluña no es fácil».

 «Es cierto que tras la tensión vivida en los primeros momentos, y que prácticamente se extendió hasta la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a varios de los líderes del llamado ‘procés’, y que exigió la adopción de un dispositivo policial especial de protección de las sedes judiciales, la situación ha mejorado en el sentido que ha desaparecido ese acoso violento de la primera etapa», expone, aunque manifiesta que «lo que indudablemente no ha desaparecido ha sido la actitud de los dirigentes nacionalistas para con los jueces».

«Nos siguen identificando como enemigos de su causa, cuando nos limitamos a ser un órgano del derecho que se dedica a aplicar la ley», explica

El presidente de la APM en Cataluña pone como ejemplo que uno de los últimos proyectos de la Consejería de Justicia es «un plan nacional de Justicia, en el que se defiende, entre otras cosas, la promoción de jueces autóctonos con conocimiento de la «realidad catalana», como si tuviera alguna importancia el origen territorial de un juez o su compromiso con determinadas causas para el ejercicio de esta profesión, lo que para Pablo Baró «no deja de ser preocupante ya que parece preterir la figura del juez independiente prefiriendo a ‘jueces del régimen’, algo impropio de cualquier Estado moderno y democrático».

«Una de las cosas en que acierta dicho plan nacional es en advertir del problema existente en Cataluña, la desertización de la justicia en esta comunidad y el elevado número de vacantes», añade este magistrado, y apunta que desde el inicio del “procés” se han ido más de 200 jueces de Cataluña.

«¿De verdad que el Gobierno no se ha dado cuenta de la situación?», plantea Baró, y destaca que «una de las cosas que se espera del Ministerio de Justicia es que afronte los problemas existentes y les dé solución».

«Cuando se piensa en un complemento para favorecer la estabilidad, siempre viene a la cabeza el supuesto del País Vasco y Navarra, que tienen aprobado un complemento para jueces precisamente para corregir al alto número de vacantes que se producían, medida que también existe y ha sido eficaz en otros territorios en que por diversos motivos existía un déficit de jueces, como por ejemplo en Canarias o Ceuta y Melilla», expone este magistrado.

Baró se pregunta por qué no es posible extender dicha medida a Cataluña, y subraya que esto «reduciría considerablemente el problema de la desertización, que es la más acusada de España».

«Al final se trata de una balanza de prioridades. Si se acaba reformando el delito de sedición antes que paliar la fuga de jueces, acabará uno pensando que entre las prioridades del Gobierno no se encuentra la de proteger el Estado de Derecho y garantizar en Cataluña la efectividad de un derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva», concluye.

A Teresa Freixes Sanjuán, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, preguntada sobre qué opina de esta reforma, manifiesta que cambiar la pena de este delito o de cualquier otro siempre puede ser objeto de estudio y verificación, pero no le parece de recibo «que se nos diga que es necesario rebajar la pena de la sedición para aproximarnos a la legislación del resto de países europeos». 

Freixes recuerda que «en la gran mayoría de los países democráticos, la conducta subyacente al delito de sedición, el bien jurídico protegido para justificar la penalización de la misma, se sitúa en la quiebra del orden público con la finalidad de incumplir la ley o resistirse a las decisiones judiciales o a provocar un estallido social», por lo que «no se trata de cualquier alteración del orden público, como una algarada en un estadio u otras algaradas callejeras». 

Apunta que «evidentemente, la denominación del delito no tiene por qué ser la misma que en España, pues ello depende del idioma y la tradición jurídica y lo que importa es qué estamos penalizando».

Ahora bien, esta jurista destaca que en todos estos casos, la pena que existe en otros países es similar a la nuestra: «En Francia, Italia, Alemania, Portugal, etc. estos delitos tienen una penalización similar, sea cual fuere su denominación».

«Lo que en las democracias están mucho menos penalizados son los simples delitos contra el orden público, del mismo modo que también tienen una pena substancialmente menor en España, puesto que se trata de alteraciones del orden que no tienen la intencionalidad que subyace a la sedición», agrega Freixes.

Por lo tanto, esta catedrática de Derecho Constitucional sostiene que no necesitamos “aproximarnos” a la legislación de los otros Estados de la Unión Europea, «puesto que esa aproximación legislativa ya existe», y que «ello evidencia que la rebaja en la pena que se pretende tiene otras motivaciones».

Preguntada por las consecuencias de este cambio legislativo que implicará rebajar a la mitad la pena del delito de sedición, según explica Freixes sería una aplicación retroactiva, «que la Constitución permite puesto que sería aplicar una pena más beneficiosa».

«Y aquí sería necesario distinguir diversos supuestos de hecho. Las personas que fueron juzgadas y condenadas por ese delito (indultadas posteriormente) ya no se podrían beneficiar de esa rebaja en la pena, pero sí se reforzarían los argumentos que esgrimen ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a lo que ellos consideran una desproporción en la condena», añade Freixes.

Esta catedrática razona que «efectivamente, si el legislador disminuye substancialmente la pena»es que considera que la anterior no era adecuada y a través de ese cambio, los condenados pueden pretender que el Tribunal de Estrasburgo condene a España por aplicar penas desproporcionadas». 

Por otra parte destaca que «quienes están, todavía, sub iudice, se beneficiarían directamente, pues podrían legítimamente reclamar la aplicación de la nueva regulación, y el caso de los fugados, que están bajo petición de una euroorden, podrían alegar que no procede continuar con el procedimiento puesto que la petición primigenia se realizó estando vigente otra norma, distinta de la que se les tendría que aplicar si la orden de detención y entrega fuera efectiva (sin contar con que también tienen pendientes resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podrían también entrar en tales consideraciones)».

Respecto a cuál es el coste personal y laboral que tiene ejercer en Cataluña y cómo le ha afectado, declara que «Cataluña no es ni la sombra de lo que fue». 

«Esa sociedad moderna, culta, profesionalmente bien cualificada, abierta al mundo, ya no existe. Todo ha estado emponzoñado por el nacionalismo excluyente y la acción de los grupos secesionistas, que han alterado las percepciones sociales, propagado falsedades, comprado voluntades y haciendo que buena parte de nuestros jóvenes hayan tenido que salir del país si querían prosperar, ya que la disidencia se paga cara», asegura.

Freixes incide en que no sólo se han ido empresas, sino que también lo han hecho «profesionales cualificados, hartos de tener que aplicar el ‘chip nacionalista’ si querían optar a hacer alguna cosa».

«Las universidades están pasando su peor momento, con presiones de todo tipo. Se está utilizando la lengua como elemento de enfrentamiento, aislando social y profesionalmente a quienes defienden el uso indistinto de las lenguas oficiales. Se señala y se margina, con todo tipo de pseudoargumentos, tergiversando lo que sea necesario, a quien no “se integra” en el marco mental del nacionalismo», denuncia esta catedrática.

Señala que «ahora no estamos ante declaraciones de independencia, derogaciones de Constitución y Estatuto o reacciones violentas en la calle, pues visto que esa independencia no era posible, lo que están asegurándose es la dominación en todos los sectores posibles: Administración, educación, comunicación, justicia, colegios profesionales, etc».

«Ya lo contemplaban en el documento ‘Catalanizar Cataluña’ que fue adoptado a principios de los años 80 del pasado siglo, diseñando una especie de lo que hoy llamamos “hoja de ruta” para que todo girara en torno a su concepción sobre Cataluña», apunta Freixes, y recuerda que «ya entonces miles de docentes abandonaron Cataluña; no tuvieron más remedio que hacerlo si no acreditaban dominio del catalán».

Según explica, «ahora están utilizando el mismo método, no sólo en la escuela, sino también en la universidad. Y en prácticamente todos los sectores profesionales». «En vez de ser un instrumento de comunicación, la lengua ha pasado a ser un elemento de dominación. Y el espacio público está siendo copado por la simbología secesionista, como elemento de presión sobre la ciudadanía», asegura.

Teresa Freixes afirma que «desgraciadamente, los sucesivos gobiernos españoles no han entendido nada de lo que ha venido sucediendo en Cataluña». «Ahora mismo, afirman que ‘El souflé ha bajado’ considerablemente porque ya no queman Barcelona ni rodean los edificios gubernamentales ni cortan las vías de comunicación. Efectivamente, no lo hacen, porque se están asegurando esa dominación que pretenden sobre el conjunto de la ciudadanía pactando medida tras medida con el Gobierno de España, no en el marco del debate institucional, sino a través de medios alegales, mesas de negociación que no están reguladas y que no se sabe quiénes las forman ni cómo toman las decisiones», argumenta.

Esta jurista denuncia que «el Estado de Derecho brilla por su ausencia: No se respetan las decisiones judiciales y los procedimientos reglados de toma de decisión son abandonados cuando conviene».

Freixes hace hincapié que la presión sobre el Poder judicial viene de lejos. «Contar con un poder judicial propio ya está contemplado en ese documento de los años 80. Se intentó introducirlo en el Estatuto de 2006 y ello fue declarado contrario a la Constitución, pues nuestro sistema se fundamenta en el doble nivel institucional ejecutivo y parlamentario, pero la Constitución ha diseñado al Poder Judicial como único», expone.

Por ello, considera que «van a insistir en ello, quizás no directamente, sino a través de eso que podríamos denominar ‘mutaciones constitucionales’ considerando que la Constitución admite incluso lo que no puede admitir por ser directamente contrario a sus propias disposiciones».

«Juristas secesionistas, que los hay, afirmaban sin pudor que el derecho a decidir tenía cabida constitucional y que las denominadas ‘Leyes de desconexión’, al permitir un desarrollo ‘de la ley a la ley’ tenían encaje constitucional», indica esta jurista.

Apunta que el secesionismo es nítido en sus pretensiones, no suele engañar demasiado. «El problema aparece cuando quien tendría que aplicar la institucionalidad, garantizar el Estado de Derecho, mira hacia otro lado y admite, directa o solapadamente lo que desde el secesionismo se pretende», concluye.

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Artículo de Rosalina Moreno publicado en https://confilegal.com/20221111-el-mundo-de-la-justicia-en-cataluna-desmonta-las-alegaciones-del-gobierno-sobre-la-rebaja-del-delito-de-sedicion/

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