Nadie en su sano juicio puede poner en entredicho lo mucho que han supuesto los derechos de participación en nuestra democracia.
Es más: no merece llamarse democrático aquel régimen en el que sus ciudadanos no puedan participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos en comicios libres y periódicos, que el artículo 23 de la Constitución Española consagra como todo un derecho fundamental.
Resulta, sin embargo, que esta participación admite grados en su puesta en funcionamiento.
O debiera admitirlos.
No parece lo más razonable, por ejemplo, que un proyecto normativo deba someterse a infinitas consultas al público, audiencias en portales web e informaciones públicas, en especial cuando tiene un contenido complejo al alcance de unos pocos.
Bien mirado, no hay ley o reglamento que no tenga ese carácter intrincado, sobre el que solo deberían opinar quienes de verdad dominan su intríngulis y conocen los posibles efectos favorables o desfavorables de una futura regulación.
Solamente desde una visión extravagante del derecho de participación puede patrocinarse, por ejemplo, que un borrador de una ley del suelo autonómica se someta al escrutinio de los escolares de esa región, como me he enterado que se ha hecho no hace mucho.
UNA ÓPTICA DESENFOCADA
Como bien se comprenderá, si cuestiones como la equidistribución de los beneficios y cargas urbanísticas continúan generando dolores de cabeza a quienes nos dedicamos a esto, ni me quiero imaginar cómo podrán unos colegiales poder discernir acerca de su problemática, salvo que lo hagan dibujando casitas y jardines con flores.
Encuentro por eso muy desenfocada esa óptica tan en boga que insiste en abrir de par en par la participación en la elaboración de normas a quienes no tienen repajolera idea de lo que sirve o no sirve para regular una determinada materia.
Por más que los artículos 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 26 de la Ley del Gobierno continúen confiando en esta alambicada estrategia de hiperparticipación, me parece que sería bastante necesario reducirla a lo imprescindible, lo que pasa por supeditar las propuestas legales o reglamentarias a aquellas entidades o personas que controlan verdaderamente el tema de que se trata, estableciendo algún filtro para rechazar a los demás, por mucho que sean bienintencionados, que de todo hay en la viña del Señor.
En ese proyecto de Ley al que se preguntó a los chiquillos, me consta que no se consultó a los principales especialistas en ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, lo cual revela que la intención de sus impulsores no fue la de tratar de acometer una acertada norma, sino la de aparentar que fuera “participativa”, un criterio que considero una disparatada adulteración del principio de participación proclamado constitucional y legalmente.
En resumidas cuentas, hemos de confiar como sociedad madura que las normas estén al cuidado de quienes dominan lo que es bueno y malo desde la perspectiva regulatoria.
Si incluso en esos amplios colectivos existen con frecuencia discrepancias, qué no sucederá cuando se permite decir cosas a los que carecen de conocimientos elementales al respecto.
Tendría que reflexionarse mucho más de lo que se hace sobre un sistema de producción normativo que se eterniza al ponerlo a disposición de quienes lo único que persiguen tantas veces es vana notoriedad con su intervención en estos procesos legales o reglamentarios, a través de planteamientos vacíos o repletos de despropósitos que agotan la paciencia del más pintado.
Los que deben atender como funcionarios estos expedientes saben, además, que esos pelmas participantes suelen ser siempre los mismos, y tampoco son muy numerosos.
Aunque lo desconozcan quienes piensan lo contrario, dentro del derecho de participación no debiera nunca entrar el derecho a decir simplezas. O el de valorar sin saber. En caso contrario, no nos quejemos de la calidad de nuestras leyes y reglamentos.
Artículo de Javier Junceda publicado en https://confilegal.com/20221108-el-mito-de-la-participacion/
