José Manuel Pradas – La Huella de la toga (segunda temporada)
La misión de estos artículos no va más allá del entretenimiento y, a ser posible, transmitir alguna enseñanza que, en más de una ocasión, la adquirimos casi a la vez el lector y el autor.
Se supone que todos aquellos que son funcionarios se constituyen en servidores del Estado, sea cual sea el organismo público donde presten sus servicios y su categoría laboral. Ahora bien, hay algunos cuerpos, vamos a llamarlos especiales –haciendo abstracción de los derivados de la Administración de Justicia-, que se consideran a sí mismos y lo son por los demás -ya por prestigio o tradición- como algo más que meros servidores, por lo que se sienten especialmente orgullosos de su condición. Letrados de Cortes o del Consejo de Estado, diplomáticos y abogados del Estado serían los casos más sencillos de reseñar y que se me vienen de inmediato a la cabeza.
Un antiguo amigo -me resisto a emplear la palabra viejo, aunque pronto cumpliremos nuestras “bodas de oro”- me regaló hace unas semanas lo que en el argot de su oposición se llama el “Libro rojo” y que no es precisamente el de Mao. Está impreso en un formato de esos que es casi imposible alinearlo correctamente en las estanterías de una biblioteca, vamos que es apaisado. Lleva el nada pomposo título de “Relación de Abogados del Estado para el año 2013”. Y yo creo, con cierto “retintín”, que me lo regaló, sin lanzarme la más mínima indirecta, para ver si yo era capaz de escribir algo sobre el tema. Así que, como ya le conozco, no me ha quedado otra alternativa que aceptar ese desafío tácito. Salvo prueba en contrario, que por descontado se admite, parece ser que fue el último año que se editó
¿Y qué hay en el “Libro rojo” que lo hace diferente a otros? Pues que, además de la situación funcional y de destino de todos los que componen el Cuerpo a esa fecha, incluye una relación nominal, promoción a promoción, desde que el mundo existe -es decir, desde que se formó el Cuerpo de Abogados del Estado- y, como consecuencia inherente a lo anterior, lo más importante de todo: su escalafón.
Me perdonará el lector, pero no me puedo resistir a contar un chiste malo, malísimo, pero que viene a cuento. Entra en casa corriendo, atropelladamente, a voz en grito y muy alegre, un chaval vestido de monaguillo gritando a su madre: “El Papa ha muerto, el Papa ha muerto”. Cuando su madre le regaña por parecer tan contento, el muchacho no puede decir otra cosa sino: “Madre, se habrá muerto, ¡pero el escalafón es el escalafón!”
No procede extenderme mucho. Tampoco merece la pena contar obviedades que, en mayor o menor medida, todos sabemos: lo dura que es la oposición, los niveles de conocimientos alcanzados o el hecho de que las empresas pesquen en ese caladero a secretarios de consejo o responsables de asesoría jurídica, retribuyéndoles mucho mejor que el propio Estado. Tampoco hace falta dejar constancia del acendrado carácter grupal -salvo excepciones- que tienen entre ellos, debido básicamente a lo cortas que son las promociones y a su pertenencia evidente a una élite jurídica, lo cual hace que se sientan tan orgullosos de su condición.
Juan Francisco Camacho de Alcorta
Los expertos en la materia explican que el Cuerpo se creó en 1849, con el nombre de “Dirección General de lo Contencioso”, mediante un decreto emitido el día de los Inocentes, firmado por el entonces ministro de Hacienda, don Juan Bravo Murillo. Pasó por varias denominaciones hasta que en 1881 se creó el “Cuerpo de Abogados del Estado” por el gaditano y liberal Juan Francisco Camacho de Alcorta en una de las cuatro veces que ocupó la cartera de Hacienda, con Amadeo I, la Primera República, Alfonso XII y la regente María Cristina. De hecho, el Cuerpo ya ni siquiera se llama así. Desde 1984 pasó a llamarse “Dirección General del Servicio Jurídico del Estado” y su dependencia orgánica dentro de la Administración cambió del Ministerio de Hacienda al de Justicia, con todo lo que ese trasvase implicaba. Finalmente, tras las reformas de 2022 y 2024, pasó de llamarse “Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado (y de los Grandes Expresos Europeos)” para volver al origen llamándose simplemente “Abogacía General del Estado”.
La Ley 30/1984 que reformó la función pública, es una disposición tan importante como curiosa. Es la primera vez que me encuentro una Ley cuyo texto central es mucho menor que las disposiciones adicionales y transitorias. Pero, claro, se trataba de reordenar todo el entramado del funcionariado. Yendo a lo que nos ocupa, por la disposición adicional novena, se crea el “Cuerpo Superior de Letrados del Estado, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Abogados del Estado, el Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia, Letrados de la Dirección General de Registros y Notariado y Letrados del Consejo de Estado”.
La verdad sea dicha, he pasado unos ratos muy agradables examinando el “Libro rojo”, buscando y encontrando a conocidos y amigos, y esbozando más de una sonrisa cuando he visto que en la relación a algún amigo se le “ha colado” por delante -recordemos al monaguillo- en el escalafón algún Letrado del Cuerpo de Registros y del Notariado.
Pero no es este el nudo central del artículo pues, aunque lo que pueda haber contado hasta ahora sea curioso o instructivo, se aleja de la finalidad de esta serie, que no es otra que hablar de las huellas que van dejando las togas.
Así que me he visto en la necesidad de sumergirme en una cantidad ingente de documentación para poder averiguar la identidad de todos aquellos que, habiendo sido abogados del Estado, en algún momento ejercieron como miembros del órgano de dirección del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Tarea ardua pues se dan dos circunstancias muy interesantes. En primer lugar, el abogado del Estado no necesita estar colegiado siempre y cuando su ejercicio en los Tribunales sea para defender a quien le paga. De manera que, si tiene dedicación exclusiva, no tiene especial sentido colegiarse y, normalmente, no lo hace. Como consecuencia de lo anterior y del nivel de trabajo y exigencia a los que se ven obligados en su tarea, obviamente prefieren dedicar su tiempo libre a otras actividades más lúdicas, entretenidas o rentables, por lo que no es frecuente que opten a ejercer estos cargos directivos. Es una mera opinión que, en todo caso, admite también prueba en contrario.
Pero como el Colegio es una gigantesca botica, allí hay de todo y, por supuesto, también hay abogados del Estado. Me autoimpuse entonces la tarea de cotejar nombres y más nombres -bien es verdad que he recibido alguna ayuda y he podido utilizar algún atajo- hasta poder elaborar un censo muy parco y salvo que alguno se me haya despistado, he encontrado únicamente a doce. Hablo someramente de ellos a continuación.
En la etapa democrática, es decir desde la Constitución del 78, únicamente he podido localizar a cuatro abogados del Estado.
Hilario Hernández Marqués de la promoción de 1980, que actualmente ocupa el cargo de presidente de la Nueva Mutua Sanitaria (MUSA). Fue diputado con el decano Martí Mingarro.
Ramón Pelayo Jiménez, de la promoción de 1978, muy vinculado en el pasado al Centro de Estudios del Colegio donde dirigió el Máster en Derecho Privado; también fue diputado con el decano Martí Mingarro.
José Ignacio Monedero, nuestro actual secretario del ICAM, que accedió al cuerpo en el año 1991 procedente de una ilustrísima familia de juristas.
Mónica López-Monís Gallego, de la promoción de 1996; se desempeñó como tesorera con el decano Hernández-Gil y actualmente es directora general encargada de relaciones con los Reguladores en Banco Santander.
Desde ahí tenemos que retroceder nada menos que a 1954 para encontrarnos como diputado a Luis Benítez de Lugo Reymundo, uno de los mayores especialistas españoles en materia de Derecho del Seguro.
Dando otro brinco hacia atrás, llegamos a José Bastos Ansart, que fue diputado 1º en 1945 y pertenecía nada menos que a la promoción de 1916, la misma que lideraba Calvo Sotelo. Prueba de la vinculación de la Abogacía del Estado con Hacienda es que fue nombrado en su momento director del Instituto Español de Moneda Extranjera y también fue Pagador de la División Azul.
Nos encontramos luego con otro grupo compuesto de tres casos curiosos de represaliados en la guerra civil. El más destacado es el de Valeriano Casanueva Picazo, también de la promoción de 1916. Afiliado al PSOE, durante la guerra ejerció como cónsul en Odessa, siendo el máximo responsable de velar por los envíos de material militar soviético a España. Exiliado en Marsella, falleció poco antes de embarcar para Méjico en 1940.
Otro caso es el de Gregorio Fraile Fernández, de la promoción de 1908, quien poco antes del inicio de la guerra fue subsecretario en el Ministerio de Educación. Al terminar la contienda, se descubrió su vinculación a la masonería, lo que trajo consigo su inhabilitación; de todos modos, eso no fue óbice para luego reincorporarse a la carrera y llegar a encabezar el escalafón en 1953.
El tercer abogado del Estado con problemas fue Fernando Gayo del Valle quien, terminada la guerra, fue acusado anónimamente por otros compañeros suyos de ser un “azañista peligroso” y de haberse lucrado como director general de Aduanas. Finalmente consiguió, pasados unos años, ser rehabilitado.
Y nos quedan tres más para los doce.
Marcelino Valentín Gamazo, de la promoción de 1902, que fue secretario de la Junta del decano Melquiades Álvarez y fiscal general de la República; un personaje de cuyo trágico final ya he escrito anteriormente.
Eugenio López de Sá Atocha, de la promoción de 1898, que ejerció como secretario en una de las Juntas de Díaz Cobeña y que llegó a ser, por razón de matrimonio, marqués de San Eduardo.
Y el último de todos, Luis Silvela Casado, que conquistó la plaza en el año 1889; hijo de uno de los hermanos Silvela, fue un político liberal, alcalde de Madrid y alto comisionado de España en Marruecos.
Con Luis Silvela se termina esta corta lista de abogados del Estado que, en algún momento, han detentado algún cargo en la Junta de Gobierno del Colegio y que, por lo tanto, han dedicado una parte más o menos importante de su tiempo y de su saber al resto de sus compañeros.
Como he dicho, no tengo la certeza de si me he podido dejar algún nombre olvidado, si fuese así, ruego se me disculpe. Tampoco he podido averiguar si en otros colegios han existido abogados del Estado que hayan ostentado cargos orgánicos. No olvide el amable lector que uno da para lo que da y no me he metido en mayores profundidades. Pero bueno, creo que la lectura de este artículo es razonablemente interesante para aquellos que pensamos que el saber no ocupa lugar.
Junto a estas líneas se publica un retrato de Juan Francisco Camacho de Alcorta, creador en 1881 del “Cuerpo de Abogados del Estado”, prohombre del que pocos se acordarán, más allá de los propios abogados del Estado.
Como es lógico, también acompaña este artículo la imagen del magnífico ejemplar que atesoro del “Libro Rojo”, edición de 2013, para el que, finalmente, y en el último momento, he encontrado sitio en mi biblioteca junto a otros libros de singulares y parecidas dimensiones, de los cuales, estoy seguro, terminará haciéndose buen amigo.
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