José Manuel Pradas – La Huella de la toga (segunda temporada)
Durante muchos de estos últimos años -antes, la verdad, mi Colegio me importaba lo justo y no digamos ya su historia más o menos reciente-, en conversaciones con compañeros y personal del Colegio, mucho más sabios y enterados que yo, partíamos de un par de premisas absolutamente erróneas.
Tampoco es que lo que voy a explicar tenga una mayor trascendencia, y mucho menos hoy, noventa años después de los hechos que voy a contar; pero, si uno quiere ser riguroso -y yo considero que si algo hay que procurar en el mundo jurídico es el actuar con rigor-, no debe venir nada mal aclarar ciertas cosas y poner los puntos sobre las íes de determinados hechos históricos.
Dejamos en el artículo anterior una Junta, denominada incautadora, bajo la presidencia del diputado en Cortes por Murcia, Francisco López de Goicochea. De ella, entre pitos y flautas, supimos que gran parte de sus miembros habían sido nombrados para importantes cargos en el entramado de la Administración de Justicia.
De este hecho objetivo deriva que, por una Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1936, publicada por la Gaceta en Valencia el día 3, se nombre una Comisión Ejecutiva que presidirá Feliciano López y López de Uribe. Esta Comisión Ejecutiva “actuará en tanto se dicta disposición definitivamente reguladora de la Junta de Gobierno, a la que seguirán perteneciendo como Diputados los Letrados designados por este Ministerio al sobrevenir el movimiento faccioso”. Es decir -y ahí estaba el error-, no se produce un cese de la Junta anterior, sino que, de una forma un tanto extraña, se nombra un triunvirato formado por Feliciano López como “decano”, su amigo y camarada Rafael Barrón como tesorero, y quien ya lo era de la Junta incautadora, Luis Zubillaga como secretario, y del que ya hemos hablado antes.
Se pretende con ello normalizar la vida corporativa del Colegio y poder cumplir las funciones estatutarias y las de carácter extraordinario que las circunstancias del momento exigían, según se afirma en la exposición de la citada Orden.
Lo curioso es que las comisiones ejecutivas, son un organismo con menor número de componentes, pero todos ellos pertenecientes a la Junta de Gobierno, y que son creadas para establecer una cierta agilidad en la toma de decisiones del día a día en el devenir de la institución; estando siempre formadas, como ya he dicho, por diputados de la Junta. Así ha sido así siempre y es, por otro lado, lo más natural; sin embargo, en este caso se crea una comisión ejecutiva en la que solo es diputado el secretario. En fin, algo muy extraño que quizá obedeciera al desbarajuste de aquellos momentos.
Por cierto, y como anécdota, en ese mismo número de la Gaceta se crea el cargo de “Delegado especial de la Dirección General de Prisiones” y se designa para el mismo a Melchor Rodríguez García, conocido como “el Ángel Rojo” -yo preferiría llamarle rojinegro, dada su condición de anarquista-, responsable de salvar la vida a centenares de personas que habrían terminado asesinados en Paracuellos del Jarama o Aravaca.
Así que, recapitulando, que acostumbro con una pasmosa facilidad a marcharme por los cerros de Úbeda, tenemos esa especie de triunvirato que se hace cargo de la dirección del Colegio y que no es ni más ni menos democrática que la Junta que dirigía López de Goicoechea.
Pero…nunca llueve a gusto de todos y como veremos, si los miembros de la Junta anterior estaban mayoritariamente designados para actuar en tareas jurisdiccionales o ejerciendo como altos cargos en la Administración, a éstos de la Comisión ejecutiva les va a pasar lo mismo, como más adelante se podrá constatar.
Una Orden Ministerial de 5 de mayo de 1937 (Gaceta del día 10), dice en su exposición de motivos: “La legítima aspiración de las dos centrales sindicales en que se agrupan los Abogados de Madrid, en el sentido de tener una intervención directa en la gestión y desarrollo de la vida corporativa de su Colegio, y la necesidad de aliviar la penosa tarea que, por su reducido número, abruma a los componentes de la actual Comisión Ejecutiva, aconsejan la ampliación de ésta, dando entrada en ella a nuevos elementos que, representando a dichas organizaciones, vengan a reforzarla.”
Se crean entonces cuatro puestos de Vocales -no de diputados, como erróneamente se creía-, dos por la UGT y dos por la CNT, para ayudar y reforzar las tareas de la Comisión Ejecutiva.
Veamos, entonces, qué nos dice el “Informe Político Ideológico de 1940” sobre los siete compañeros quienes, recordemos, no van a ser nunca tratados con una especial simpatía; además de agregar algún otro dato que pueda venir, más o menos, a cuento.
Respecto a Feliciano López, el decano y a la vez presidente de la Comisión ejecutiva, es un firme candidato a que le dedique un artículo monográfico. En el informe es despachado con apenas renglón y medio, seguramente porque ya estaba muerto -fusilado a poco de terminar la guerra- cuando el informe se elaboró y lo que se pudiera decir sobre él ya no tenía ninguna trascendencia práctica. En todo caso de él se indica: “Criminal nato, habiendo realizado numerosas fechorías de sangre y dinero durante su actuación como miembro de la Comisión Ejecutiva y Fiscal General de Madrid”.
Por abundar un poco, era miembro destacado y fiel del Partido Comunista; en absoluto moderado y totalmente estalinista, dicho por todo el mundo. Cuando se produjo el golpe de Estado del coronel Casado en Madrid, el 5 de marzo de 1939 -a pocos días del final de la guerra (hubo, por así decirlo, para el que no lo sepa, una guerra civil dentro de Madrid entre militares republicanos, socialistas no partidarios de Negrín y la CNT contra los comunistas y los socialistas que apoyaban al Gobierno de Negrín)-, Feliciano López fue detenido inmediatamente, de manera que, cuando los franquistas entraron en Madrid, el trabajo de arrestarlo -a él y a otros comunistas destacados- ya estaba hecho. Sometido a un rápido y sumarísimo consejo de guerra, fue de los primeros fusilados en la Almudena.
Del secretario, Luis Zubillaga, ya hablé en la entrega anterior, pero por refrescar conceptos: fue nombrado presidente de la Audiencia Territorial y sobre él se tenían dudas de cuál había sido su actuación real durante la guerra. La verdad es que fue expulsado del Colegio en 1939, por lo que ni siquiera inició el proceso de depuración; sin embargo, me he encontrado con un expediente de regulación de honorarios a su nombre de 1962, de lo que deduzco que en esa fecha volvía a ejercer de abogado.
El tesorero era Rafael Barrón del Real, de quien se comenta en el informe que era amigo de López de Uribe y de Luis Zubillaga, fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y se dice que, como tesorero, continuó con el despojo de la economía del Colegio. Eso es lo que se vierte el informe en 1940, pero la verdad es que, sometido a Consejo de guerra en 1943, fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables por resultar ser un quintacolumnista. Así que existe una evidente contradicción que no voy a poder resolver en estos momentos.
De los vocales designados por los sindicatos, los de la CNT, eran Pablo Bergia -al que ya he dedicado un trabajo y del que se dice que se cree, sin mojarse demasiado, que “su actuación fue favorable a la Causa Nacional” y que era juez municipal- y Valeriano Rico Soblechero, secretario del Juzgado Especial de Evasión de Capitales y de quien, en el informe, irónicamente dicen “creyéndose que esta evasión debió hacerse en favor suyo durante su actuación en ese cargo”.
Por la UGT se cita a Alfonso Maeso, del que se menciona someramente que ejerció de Fiscal en los Tribunales Populares y que más tarde fue Fiscal de los Tribunales de Espionaje y Alta Traición; y a Gerardo Lacalle quien, por su amistad con López de Uribe, fue nombrado también Fiscal de los Tribunales de Espionaje y Alta Traición.
Es, por tanto, curioso que se cree la Comisión Ejecutiva, bajo el argumento de que los miembros de la Junta de gobierno no se puedan dedicar al cargo, pues muchos de ellos ostentan cargos públicos -generalmente en la Magistratura- y que, en esta nueva Comisión, siete de siete integrantes sean o terminen siendo jueces o fiscales. Sinceramente, no logro entenderlo, más allá de la suposición más que lógica de la falta de colegiados para ostentar cargos tan importantes en las magistraturas.
De todos modos, en cuanto se normalizó un poco la situación y el Gobierno volvió a tener bajo su control al Estado en un grado razonable, esta Comisión tuvo sus horas contadas.
En octubre de 1937, Bergia y otros dos abogados de la CNT -en realidad derechistas emboscados- viajaron a Valencia a entrevistarse con el ministro Irujo del Partido Nacionalista Vasco, para ponerle en antecedentes de la realidad colegial. Bergia presentó su dimisión y expuso lo que, según él, eran “… las vejaciones que se imponían a los colegiales que no pertenecían al equipo popular, la escasez de defensa que por el Colegio se prestaba a los abogados de libre ejercicio porque el Decano era además fiscal de la Audiencia y era inútil toda protesta…” Es muy difícil duplicarse y ser a la vez decano, amparando a los colegiados y por otro ser juez o fiscal y ejercer la policía de estrados, por poner un ejemplo sencillito.
Irujo les promete que cesará a la Comisión y que se procederá a renovar la Junta, lo que lleva a cabo mediante un decreto publicado el 22 de octubre de 1397. Es un documento muy interesante para la historia del Colegio de Madrid y del que habrá que dar cumplida noticia en el siguiente episodio. En este, lo mejor es dejarlo aquí, entre otras cosas, por una mera cuestión de espacio.
Para acompañar el artículo y a falta de otro mejor, me ha parecido curioso incluir el documento por el que se comunica al Auditor de Guerra, el “enterado” del general Franco a la sentencia de muerte impuesta a Feliciano López y López de Uribe por el consejo de guerra que le juzgó.
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