Las alertas se han disparado en la jurisdicción social. Un informe elaborado por el sindicato UGT subraya que la duración media de procedimientos urgentes se alarga hasta 6 meses, y la de los ordinarios hasta los 11 meses.
La sobrecarga de trabajo para los jueces es tan notable que, a duras penas, sacan adelante los cientos de asuntos que les llegan.
Es preocupante para los trabajadores que ven un retraso en la estimación de sus procedimientos y también es complicado para los abogados que no siempre gestionan con diligencia estos asuntos.
El panorama puede complicarse más si en este otoño al que estamos llegando se recrudece la crisis económica y los cierres de empresa, lo que podría generar más conflictividad social y más actividad en nuestros juzgados
Fernando Luján, secretario confederal de UGT, advierte que “la situación es preocupante. La jurisdicción social está abandonada. No se invierte en los medios económicos necesarios. La oficina judicial no se pone en funcionamiento con las nuevas tecnologías. Los recursos humanos son escasos. Habría que incrementar la plantilla judicial, tanto de jueces, como de letrados de la Administración de Justicia como de funcionarios”.
En su opinión, “la coyuntura se torció desde 2010, con la crisis económica, donde se habilitaron juzgados por la tarde. En 2012, se fue deteriorando, aunque la puntilla ha sido la pandemia, en estos dos últimos años. Y no ha habido medios para atenderlo. Tampoco se ha puesto en marcha una oficina judicial virtual ni se ha modificado la ley procesal que es de 2011 y que podría mejorarse”.
Desde UGT se reclama que se apruebe el Proyecto Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, con objeto de mejorar este servicio público esencial y reducir los tiempos de los procedimientos
Según Luján, deben crearse nuevos juzgados de lo Social. “A todo esto el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ] está en funciones, casi en plena parálisis, porque no puede nombrar a magistrados del Supremo. Se van a producir vacantes por jubilación. Eso implica que aquellos aspectos de la reforma laboral que interprete el Tribunal Supremo podría verse al final de la década”.
En dicho informe, se subraya que la duración media de los procedimientos ha crecido de forma notable. La mayor duración se produce en Andalucía, pero también en Baleares y Murcia.
Desde UGT se reclama que se apruebe el Proyecto Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, con objeto de mejorar este servicio público esencial y reducir los tiempos de los procedimientos.
Al mismo tiempo ponen el acento sobre la necesidad de aumentar el número de recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia. “Esto pasaría por crear más tribunales de instancia y oficinas judiciales digitales”, comenta Luján.
También se pide que se renueve el CGPJ, cuyo papel debe ser entre otras cuestiones el de fomentar y vigilar la tutela judicial social para que llegue efectivamente a las personas trabajadoras y a las empresas.
Fernando Luján, secretario confederal de UGT.
UGT también recuerda su demanda de recuperar la regulación de los salarios de tramitación, previa a la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular en 2012, porque eso ayudaría a que los trabajadores puedan obtener una reparación material de las dilaciones indebidas que se produzcan en los juzgados y no tengan que soportar un menor peso de negociación en conciliaciones y mediaciones previas.
UGT también defiende impulsar los medios de solución de conflictos extrajudiciales, como forma de alcanzar una pronta solución a los conflictos evitando su excesiva judicialización. Algo que deben promover las Administraciones Públicas.
Los jueces reclaman más medios
Según Carlos Javier Galán, magistrado del Juzgado de lo Social 2 de Algeciras, “en las últimas décadas, las crisis económicas, la supresión de los salarios de tramitación con el efecto disuasorio que tenían, la mayor complejidad de las relaciones laborales, la mayor complejidad legislativa, etc., cambios a los que no han acompañado ni las necesarias adaptaciones procesales ni una adecuada dotación de medios, han elevado la carga que padecen los juzgados de lo social y a unos tiempos de respuesta elevados, que en algunos lugares son particularmente inaceptables”.
Indica que, en la actualidad, el módulo que el CGPJ considera adecuado para un juzgado de lo Social es de 800 asuntos, incluidas ejecuciones.
“En nuestro órgano judicial generalmente superamos el millar. Hay otras ciudades donde están muy por encima”, revela.
“Los tribunales de instancia podrían ser una solución muy interesante para optimizar los medios y, sin embargo, tal y como se han diseñado se pueden acabar convirtiendo en un mero cambio de nomenclatura”, asegura el magistrado Carlos Javier Galán
Habitualmente señala que “los juicios en casi todos los juzgados suelen celebrarse dos días por semana, porque compartimos salas y porque hay que contar con el resto de días para hacer las sentencias y el resto de trabajo”-
También destaca que “la mayor parte de los juzgados de lo Social suelen señalar en torno a 12 juicios cada día. En nuestro caso hemos estado en unos 15 de media, aproximadamente”.
A su juicio, “los tribunales de instancia podrían ser una solución muy interesante para optimizar los medios y, sin embargo, tal y como se han diseñado se pueden acabar convirtiendo en un mero cambio de nomenclatura”.
También recuerda que “en la jurisdicción Social, donde ya existe desde siempre una cultura negociadora, deberían potenciarse y profesionalizarse los medios extrajudiciales de resolución de conflictos, para que no todo termine en pleitos y porque las soluciones de este tipo son más satisfactorias para las partes en algunos casos».
Carlos Javier Galán es magistrado del Juzgado de lo Social 2 de Algeciras.
Galán propone algunas reformas procesales “para adecuar el procedimiento social a las nuevas realidades».
Es partidario que revisar el sistema de notificaciones. En cuanto a las vistas, «se pueden agilizar regulando mejor la prueba e incluso prescindir de las mismas en algunos casos, por ejemplo en asuntos administrativos donde sólo haya prueba, asi como mejoras de las ejecuciones de las sentencias y excepciones procesales que surjan”.
Este jurista considera que “las Administraciones Públicas deberían ser un modelo de cumplimiento y no provocar ellas mismas una parte nada desdeñable de la litigiosidad, algo que se ha tomado como normal y que a mi juicio no lo es en absoluto. De hecho recuerda que uno de cinco pleitos tiene que ver con la Seguridad Social”.
Los abogados, contrariados
Por su parte, Alicia Moro, asociada senior de Sagardoy Abogados, dedica tres días de su semana laboral a los juicios. “Muchos de los procedimientos laborales son de escasa cuantía. Hablamos de reclamaciones de cantidad; de impagados. Junto con procedimientos de derechos fundamentales y de Seguridad Social, que cada vez son más. Da la sensación que ahora se discute todo. El procedimiento laboral ha perdido su agilidad que le era característico”, señala
Sobre los procedimientos monitorios que se aplican a asuntos menores de 6.000 euros, esta abogada opina que “muchos de estas reclamaciones tienen esa cuantía y llegan a los juzgados, pero no se tramitan por el monitorio. Se ha utilizado muy poco y no ha sido todo lo ágil que se planteaba. Es un fallo importante porque en la práctica no se ha conseguido agilizar esta jurisdicción”.
“La pandemia ha sido una etapa importante en cuanto a la suspensión de procedimientos sobre derechos fundamentales, todavía no se ha absorbido esos procedimientos que se suspendieron. No se ha vuelto a la normalidad”, cuenta Alicia Moro
En cuanto a los señalamientos, reconoce que “depende del juzgado donde toque. Ahora puede darse la circunstancia de que un procedimiento de reclamación de cantidad se vea antes que un despido, metidos por la misma causa y trabajador, cuanto no se podían acumular las demandas, pese a que el despido es un procedimiento urgente”.
Este tipo de asuntos “en primera instancia pueden tener una duración de once meses, desde la presentación de la demanda y la sentencia. Eso en Madrid. Ahora acabamos recibir un procedimiento de reclamación de cantidad en Almería para julio del 2026. Andalucía tiene muchos problemas de gestión de juicios. Las dilaciones son importantes”.
Alicia Moro es abogada Asociada de Sagardoy e integrante de la Junta Directiva de ASNALA.
Esta jurista es consciente del aumento de la litigiosidad y de la amplitud del concepto de lo social tras la aprobación de la Ley de Jurisdicción Social en 2011.
“La pandemia ha sido una etapa importante en cuanto a la suspensión de procedimientos sobre derechos fundamentales, todavía no se ha absorbido esos procedimientos que se suspendieron. No se ha vuelto a la normalidad”.
En cuanto a las soluciones, esta abogada señala que los juzgados necesitan refuerzos estables y más medios. “Nuestro colectivo puede hacer mucho para resolver este tipo de cuestiones. A la hora de plantear las demandas hay que hacer un análisis de si hay que pedir toda la prueba que se pide. Muchas de las suspensiones de los procedimientos son evitables porque hay casos donde no se citan a todas las partes de la demanda”, remacha.
