Los especialistas advierten de las disfunciones que está provocando la aplicación de la LO 1/2025 en los procedimientos de familia y piden mayor seguridad jurídica. El debate ha centrado buena parte del 5º Congreso de Derecho de Familia del ICAB, celebrado en Barcelona.
La aplicación de la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025 empieza a plantear problemas prácticos en los procedimientos de familia. La falta de criterios homogéneos sobre el momento en el que debe proponerse y admitirse la prueba preocupa especialmente a la abogacía especializada, que reclama una interpretación más uniforme de la nueva regulación.
Esta ha sido una de las principales conclusiones del 5º Congreso de Derecho de Familia organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), celebrado los días 17 y 18 de septiembre con la participación presencial de más de 300 juristas.
El asunto reunió en una de las mesas del Congreso a representantes de la abogacía y de la magistratura para analizar las consecuencias de la reforma. Según las conclusiones del encuentro, la nueva regulación está generando disfunciones en relación con la proposición y práctica de la prueba en los procesos de familia. Los abogados reclaman, por ello, criterios interpretativos comunes que permitan ganar seguridad jurídica y avanzar hacia un procedimiento más eficiente. Entre las soluciones planteadas figura que la proposición y admisión de la prueba en los procesos especiales de familia se realice en la vista oral.
El debate contó con magistrados de diferentes plazas de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Barcelona y de la Audiencia Provincial, en una mesa organizada por la Sección de Derecho de Familia del ICAB, presidida por la abogada Carme Adell.
Familias internacionales, un escenario cada vez más habitual
Más allá de las cuestiones procesales, el Congreso reflejó también hasta qué punto el Derecho de Familia está dejando de desenvolverse exclusivamente dentro de las fronteras nacionales. Parejas de distintas nacionalidades, hijos con una nacionalidad diferente a la de sus progenitores, patrimonios repartidos entre varios países o familias que cambian de residencia son ya situaciones habituales.
Javier Carrascosa González, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia, destacó durante la sesión inaugural que el conocimiento del Derecho Internacional Privado se ha convertido en una necesidad para los abogados especializados en familia. En un divorcio internacional, cuestiones aparentemente previas como determinar en qué país resulta procedente presentar la demanda o qué legislación será aplicable pueden resultar decisivas para todo el procedimiento.
El recurso de casación en los procedimientos de familia fue otro de los asuntos abordados. Fernando Lacaba Sánchez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, analizó las dificultades que encuentran los profesionales a la hora de preparar estos recursos y la necesidad de disponer de mejores herramientas para articular la defensa.
Del patrimonio inmobiliario a los criptoactivos
La transformación digital también está cambiando el tipo de pruebas que llegan a los procedimientos familiares. Ya no se trata únicamente de localizar cuentas bancarias, inmuebles o participaciones empresariales. Los activos digitales y los criptoactivos forman parte cada vez con mayor frecuencia del patrimonio que debe identificarse y acreditarse ante los tribunales.
Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, señaló durante el Congreso las dificultades que plantea localizar y probar la existencia de estos activos, especialmente cuando el patrimonio se encuentra distribuido entre distintos países. La especialización está llegando también a los propios despachos, algunos de los cuales cuentan ya con áreas dedicadas al patrimonio digital y a la planificación patrimonial.
La inteligencia artificial apareció igualmente en los debates, especialmente en uno de los talleres prácticos dedicado a los activos digitales y la IA en las crisis familiares. Otro de los talleres analizó la identidad digital de los menores y el papel de las redes sociales dentro de los procedimientos de familia.
La dimensión penal de los conflictos familiares
El Congreso abordó además una realidad que obliga a contemplar determinados conflictos familiares más allá del ámbito estrictamente civil. La sustracción internacional de menores, el impago de pensiones, la violencia vicaria o la revelación de secretos fueron algunos de los delitos analizados.
Los participantes subrayaron especialmente las consecuencias que estas conductas pueden tener para niños y adolescentes y la necesidad de abordar los conflictos desde una perspectiva integral. Junto a cuestiones como la guarda y custodia, el régimen de visitas o las obligaciones económicas, determinados procedimientos pueden incorporar también riesgos y responsabilidades penales.
En este contexto, la coordinación entre juzgados, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad y profesionales especializados resulta especialmente relevante para garantizar una respuesta adecuada y preservar el interés superior del menor.
El encuentro se ha celebrado además dentro del proyecto del ICAB “12 Congresos, 12 Causas”, que cumple ahora su primer año y vincula los congresos jurídicos de la institución con iniciativas sociales. En esta ocasión, el Congreso de Derecho de Familia ha dado visibilidad a la Fundación Cromosuma, integrada por padres y madres de niños con síndrome de Down y orientada a facilitar a las familias un plan de acción integral desde los primeros años de vida.
El balance de las dos jornadas dibuja, en definitiva, una práctica del Derecho de Familia cada vez más compleja: procedimientos con elementos internacionales, nuevos tipos de patrimonio, pruebas digitales, inteligencia artificial y conflictos en los que las dimensiones civil y penal pueden terminar entrecruzándose. A ello se añade ahora un problema mucho más inmediato para los profesionales: conseguir que una reforma procesal concebida para transformar el funcionamiento de la Justicia no termine generando criterios diferentes dependiendo del juzgado ante el que se tramite el asunto.
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