Importantísima polémica la existente más allá de los Pirineos sobre las consecuencias penales del hackeo policial del sistema encriptado de comunicación telefónica “Encrochat”.
El Tribunal Constitucional francés avaló hace cuatro meses el sistema legal del “secreto de defensa” que, en opinión de los abogados defensores de los implicados por el «hackeo» policial de “Encrochat”, les impide disfrutar de un juicio justo convencional, porque no pueden tener un acceso pleno a las pruebas incriminatorias.
La realidad es que la Gendarmería francesa no está desvelando la totalidad de las pruebas obtenidas del «hackeo» de dicho sistema de comunicación encriptado, lo que llevará a que tenga que ser la Corte Suprema francesa la que finalmente tenga que decidir sobre estas cuestiones que afectan a un procedimiento penal con todas las garantías.
El argumento usado por el Tribunal Constitucional francés para amparar tan controvertida decisión es que ese secreto es necesario para “proteger las técnicas utilizadas por los servicios de inteligencia franceses y para salvaguardar los intereses fundamentales de la nación francesa”, es decir, por Razón de Estado (artículo 707-102-1 del código penal francés).
Dicho Tribunal o Consejo Constitucional está conformado por ex primeros ministros franceses, es decir, es un órgano eminentemente político y, como tal, con unos criterios que no tienen que ser, como hemos visto, estrictamente jurídicos, como es meter en un pleito penal a los servicios secretos franceses, de tal manera, que el secreto y lo clasificado de las pruebas incriminatorias coartan los derechos de defensa de los encausados.
SE DESCONOCE CÓMO LOS SERVICIOS SECRETOS OBTUVIERON DATOS DE «ENCROCHAT»
La realidad es que seguimos sin saber cómo los servicios secretos franceses y la Gendarmería de ese país obtuvieron los datos de “Encrochat”, cómo se procesaron, preservaron y explotaron y cómo se llevó a cabo la operación de vigilancia.
Robin Binsard, abogado defensor de uno de los encausados, argumentó que el secreto en torno a la operación de «hackeo» del sistema encriptado “Encrochat” era similar a acusar a personas sobre la base de las pruebas encontradas en un registro policial, sin saber dónde tuvo lugar el registro, cuándo se llevó a cabo y sin conocer el método utilizado por la policía e investigadores.
El «hackeo» o pirateo de “Encrochat” equivale a una especie de vigilancia masiva en el que desmantelando todo ese sistema de comunicación encriptado, la Policía francesa ha actuado como si hubiera llevado a cabo un registro descontrolado de todos los pisos de un edificio en busca de las pruebas de un delito, lo cual es obvio que viola la intimidad y además es ilegal.
Las personas que han utilizado “Encrochat” y no han cometido delitos, que son la mayoría (y no ese 90 % de usuarios delincuentes que sin ningún fundamento alega la Policía francesa) están que trinan porque sus mensajes encriptados están ahora en las bases de datos de Europol, ya sean abogados, periodistas y empresarios, y ni siquiera tienen dónde solicitar el borrado de sus comunicaciones secretas.
Al final será muy probable que dicho «hackeo» desemboqué en la declaración de la ilegalidad de las pruebas obtenidas (probablemente en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y es evidente que la Justicia francesa implicada está muy nerviosa, y ello le lleva a cometer errores muy graves.
Uno de los representantes de ese órgano político que es el Tribunal o Consejo Constitucional delimitó el alcance del “secreto de defensa” a la información protegida que se refiere únicamente a los procesos técnicos de captura o descifrado de datos, cuya divulgación es probable que perjudique o pueda conducir al descubrimiento de un secreto protegido por la defensa nacional.
¿La razón de Estado prevalece sobre el derecho a la defensa?
Lo que parece que la Justicia francesa pretender proteger a toda costa son las técnicas utilizadas por los servicios de inteligencia franceses para «hackear» “Encrochat”, pero es, precisamente, el análisis sobre esas técnicas los que desvelarán en parte o no la legalidad de las pruebas obtenidas.
También los abogados defensores acusan a los especialistas franceses en delitos informáticos en ir más allá de la autoridad legal que les otorgaron los jueces en un tribunal de Lille.
Laure Baudrihaye-Gérard, directora legal (Europa) de Fair Trials, dijo en un comunicado que la decisión debilita los juicios justos no solo en Francia sino en toda Europa: “Enviamos un fuerte recordatorio a todos los Estados miembros de la UE de que los derechos humanos deben ser respetados para todas las personas, y continuamos denunciando el secreto que rodea a las pruebas obtenidas del hackeo”.
Europol, pasó los datos pirateados a la policía de otros estados miembros, dijo Baudrihaye-Gérard, pero los fiscales de otros países miembros de la UE no preguntaron cómo se obtuvieron los datos o cómo de fiables eran, lo cual denota una quiebra sustancial del procedimiento penal que se ha extendido a otros países de la UE, incluida España.
No todo vale a la hora de obtener pruebas incriminatorias y entiendo el frenesí de las Fiscalías europeas ante estos datos, pero no deben olvidar que ante todo deben respetar las reglas del juego en un procedimiento penal si no queremos desembocar hacia lo que parece ser un “Estado policial” impuesto por la Razón de Estado de Francia.
Expertos juristas en el Reino Unido han argumentado que la negativa de la gendarmería francesa a divulgar información sobre la piratería o “hackeo” de «Encrochat» ha llevado a un » agujero negro probatorio» que ha violado los principios aceptados de que la evidencia debe adquirirse y protegerse adecuadamente antes de usarse en casos legales.
Para añadir más gravedad al asunto, la Autoridad Europea de Protección de Datos ha ordenado a la agencia de policía criminal que elimine una gran cantidad de información almacenada en su enorme base de datos.
Ordenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) provenientes de Francia a España con datos falsos
Dentro de esta espiral de controversia judicial resulta que la Justicia Francesa ha pedido a España la extradición de dos empresarios españoles vendedores de teléfonos encriptados “Encrochat” en base a una OEDE con datos falsos, como es afirmar que sobre ellos pesa una condena de 30 años de cárcel por 16 delitos graves cometidos, cuando no existe en realidad esa condena.
Esos españoles llevan presos desde el 23 de junio de 2022 en cárceles españolas en base a una OEDE falsa proveniente de Francia y sin embargo la Audiencia Nacional sigue amparando dicha OEDE, tanto a nivel del Juez Don Santiago Pedraz, como de la Sala que revisa sus autos.
La controversia es máxima y ha saltado a los medios de comunicación, en un momento además donde la Justicia francesa está impidiendo ampliar la investigación del asesinato por la ETA de Miguel Angel Blanco y donde además la Justicia Francesa está negando la extradición a Italia de diez terroristas de las Brigadas rojas que disfrutan del santuario francés desde los años 60 y 70 tras sus múltiples asesinatos en Italia.
La razón de Estado de Francia debe tener en lo que respecta a los ciudadanos españoles un límite geográfico, que son Los Pirineos.
A España, la razón de Estado de Francia no le tendría que afectar lo más mínimo, porque nuestros intereses nacionales son propios y soberanos, y en la mayoría de los casos, legal, política e históricamente, incompatibles con los de Francia.
Por lo tanto, si lo que se ha hecho es revestir una OEDE contra ciudadanos españoles bajo la aureola de la razón de Estado de Francia, la Audiencia Nacional, en base al principio de la reciprocidad, debería haberlo tenido mucho más claro, e inaplicarla, junto con la liberación inmediata de los empresarios españoles que llevan más de un mes y medio en base a un procedimiento penal francés que hace aguas por todos los lados.
