El Gobierno planea licitar una extensión sin especificar de terrenos, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria,(Sareb) para construir viviendas en régimen de alquiler asequible, según un contrato de la sociedad anónima al que tuvo acceso Confilegal.
La gestión y el riesgo correría a cargo de inversores privados que construirían en las superficies para explotarlas durante un plazo de 50 años tras un proceso de licitación pública.
La Sareb, cuyo capital depende, en un 45% del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), es una entidad privada creada en 2012, durante la crisis económica, para recuperar los inmuebles cuyos anteriores propietarios no tuvieron fondos para costearlos.
Fue una de las condiciones impuestas por la Unión Europea para entregar el rescate financiero a España.
El documento define el primer paso de las operaciones como la contratación de servicios de asesoría económica y financiera para «valorar la idoneidad del lanzamiento de un concurso de cesión de suelos». Se trata de la primera fase del proyecto, que busca definir si este es económica y financieramente viable y qué superficies son idóneas para realizar el plan de negocios.
La segunda fase del proyecto describe las distintas etapas que requerirían de los susodichos asesores para asegurar la gestión del alquiler a los licitantes, incluyendo la valoración económica y financiera de las ofertas recibidas, la validación de la estructura de financiación y el control de la entrega de la documentación necesaria.
El valor del contrato se calcula en 352.500 euros, que aumenta hasta los 426.525 euros como presupuesto máximo de la licitación al incluir el IVA del 21%, con 211.500 euros destinados a la primera fase y 141.000 euros, a la segunda.
El objetivo planteado en el contrato es el de fomentar el acceso a la vivienda de alquiler a la población «en una situación de dificultad». Así, los precios representarían un máximo del 30% de los ingresos de las familias arrendatarias. También apunta a complementar las vías de puesta en valor los activos de la Sareb para «asegurar [su] viabilidad económica».
Al tener un plazo de cesión de 50 años, el contrato excede la fecha en la que la Sareb tiene programada su liquidación legal, en noviembre de 2027, en cuyo caso tendría que vender los activos que sigan en su propiedad. No hay mención en el contrato de esta circunstancia.
«Lo primero que me llama la atención es que no se sepa en actualidad qué superficies tienen disponibles para este fin, porque la Sareb tiene la estructura para saber eso», señala Guillermo Rocafort, economista y profesor universitario.
En este sentido, cuestiona la necesidad de contratar asesores para llevar a cabo un reconocimiento de los suelos. También opina que el importe económico propuesto en el documento «es muy bajo para la calidad, la extensión y la cuantificación económica de las superficies que tendrían para explotar».
Rocafort pone en tela de juicio los términos bajo los cuales se podría minimizar el riesgo de la operación, asegurando que, en caso de llevarse a cabo, «va a quebrar», comparando el caso con el de las cajas de ahorro que quebraron después del año 2011.
En opinión del economista, experto en la Sareb, estas acciones responden a las intenciones del Gobierno de «prorrogar la Sareb con fines políticos de cara a las siguientes elecciones de tal manera que se fomente el acceso a la vivienda de alquiler para familias en un apuro económico».
«La Sareb tiene una deuda de 35.000 millones de euros, que ya es pública, y la misión política debería ser hacer desaparecer esa deuda lo antes posible liquidando los activos, como hizo el NAMA«, dice, haciendo referencia a un organismo irlandés que equivaldría a la sociedad privada española.
