Joaquín Merchán, Ana María Orellana, Juan Fernández Henares y Aitor Cubo
El Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España convocó el viernes pasado una jornada formativa para analizar los cambios que introduce el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en particular, en el ámbito del servicio público de justicia y su transformación digital. Mas de 500 graduados sociales han asistido a esta actividad tanto presencial como telemáticamente.
El presidente de la institución colegial, Joaquín Merchán, ha aprovechado la presencia de varios miembros de la Administración de Justicia para elogiar “en público, igual que hago en privado, el avance que ha experimentado” y lanzar una invitación a otras administraciones y organismos “como la Seguridad Social, para que hagan lo mismo: los graduados sociales no queremos intervenir en la elaboración de las leyes, pero si se nos consulta cuando se tienen que implementar, se hará con unas mayores garantías de eficacia”.
Durante la inauguración de esta jornada, la secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago, ha puesto en contexto el RD-ley 6/2023 en el marco de las políticas de fomento de la agilidad y eficiencia del Ministerio de Justicia, el proyecto ‘Justicia 2030’ iniciado por el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en 2020, y la necesidad de actualizar las primeras medidas para digitalizar la Justicia que datan de hace más de 10 años. Asimismo, se ha referido a alguno de los aspectos del real decreto-ley con impacto social como el concepto de ‘justicia de los cuidados’, “que no es otra cosa que adoptar una mirada diferente hacia los que intervienen en el proceso como usuarios cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por su mayor edad o alguna discapacidad” y ligado a esto, la introducción, por primera vez, del derecho a entender y a ser entendidos. De ahí que, entre otras cosas, “nos conmine a usar con estas personas un lenguaje claro, sencillo y accesible”. Asimismo, todo procedimiento civil en el que haya una persona octogenaria “debe tener una tramitación preferente”, ha recordado.
Antes de dar paso a los dos ponentes, Juan Fernández Henares, vicepresidente 1º del Consejo General de Graduados Sociales y moderador del evento, se ha referido a esta norma “en la que se ha tenido en cuenta a los tres consejos generales: el de la abogacía, el de los procuradores y el de los graduados sociales”. Las tres profesiones jurídicas también están presentes en diversas comisiones de trabajo, “por ejemplo, para la mejora de Lexnet, Carpeta Justicia y Expediente Digital. De ahí el agradecimiento que nuestro presidente lanzaba al Ministerio de Justicia”.
A continuación, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, ha desgranado las novedades en cuanto a digitalización recogidas el RD-ley 6/2023. Antes de entrar en materia, ha hablado de “un salto digital” en este ámbito para afirmar, a continuación, que “sin complacencia, España es un referente mundial en transformación digital de la Justicia”. “Lo bueno que ha tenido este RD-ley es que, como lo hemos hecho entre todos, en cogobernanza, se han conseguido los fondos europeos y, de hecho, el de Justicia es el proyecto tractor de digitalización que más financiación ha recibido, 410 millones de euros”, ha añadido.
La magistrada en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ana María Orellana, fue la encargada de completar el programa con una explicación pormenorizada de los cambios que introduce el Real Decreto-ley 6/2023 en la ley reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que están los relacionados con la Inteligencia Artificial (IA). “Su uso en el mundo jurídico ya está aquí”, aseguró. De hecho, España ha aprobado ya “un entorno controlado de prueba del futuro Reglamento europeo de IA”. Como ejemplo del impacto que esta disciplina puede tener en el ámbito legal, explicó que, en marzo de 2020, en plena pandemia, se presentaron 437.000 demandas en China “y en menos de 15 minutos, la IA había presentado demanda por más del 72%”.
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