El Consejo General de la Abogacía Española ha comenzado el nuevo curso judicial desplegando una intensa actividad de conversaciones tanto con el Gobierno en funciones como con distintos grupos políticos para averiguar las opciones que existen para acometer a la mayor brevedad aquellas acciones que permitan solucionar los problemas más urgentes que aquejan al conjunto de la profesión.
Además de las mejoras en materia de conciliación ya obtenidas a lo largo del último año, en cuya senda se quiere continuar avanzando, el Consejo se ha propuesto proseguir con las acciones necesarias para que la Ley del Derecho de Defensa esté incluida en el primer paquete normativo que se acometa en cuando comience a desarrollarse la actividad legislativa en el Parlamento.
Asimismo, han proseguido las conversaciones con los grupos políticos para hacerles notar la urgencia de incorporar a las remuneraciones del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita aquellos supuestos aún no contemplados en algunos de los territorios, principalmente en el que gestiona el Ministerio de Justicia, pero también en algunos otros. En concreto, el objetivo es, en primer lugar, evitar que los profesionales de la abogacía sigan asumiendo sin contraprestación la defensa de las personas jurídicas, y, en segundo lugar, lograr que las administraciones abonen el trabajo realizado por los abogados en los casos en que finalmente se rechaza el beneficio de la Justicia Gratuita.
Además, el Consejo ha continuado con los contactos para materializar la demanda aprobada en el Pleno del pasado mes de junio en relación con los mutualistas alternativos cuyas aportaciones les reportarán pensiones alejadas de la cuantía mínima que recibirán los pensionistas acogidos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), así como el análisis jurídico y viabilidad económica de la llamada pasarela a este sistema por parte de los mutualistas alternativos. El Consejo aprobó en la referida reunión plenaria reclamar a la Seguridad Social que todos los abogados que han cumplido con la ley en sus aportaciones a la Mutualidad de la Abogacía reciban al menos la cuantía de las pensiones mínimas que percibirán quienes han estado acogidos al RETA, con cargo a los presupuestos del Estado. Asimismo, se continúa trabajando para hacer efectiva la demanda de que los profesionales que cotizaron a la Seguridad Social puedan hacer compatible seguir ejerciendo con el cobro de su pensión, tal y como pueden hacer los mutualistas alternativos.
Todas estas acciones son fruto del acuerdo refrendado por el propio Pleno del Consejo en su reunión del pasado 25 de agosto, en la que los consejeros mostraron su convencimiento sobre la importancia de llevar a cabo una acción unánime y coordinada de las reclamaciones de la profesión a través de los órganos de representación de la institución. La Comisión Permanente entiende que esta forma de proceder no solo es la más responsable, sino también la más efectiva, por lo que rechaza aquellas acciones aisladas orientadas únicamente a asumir un protagonismo mediático individual, que casi siempre entorpecen las negociaciones institucionales y que terminan por perjudicar al conjunto de la profesión.
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