Alvaro García Ortiz, en su comparecencia preceptiva ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados –requisito previo a su nombramiento por el Gobierno–, ha reclamado mayores cuotas de autonomía para la Fiscalía: «Es algo que todos y cada uno de mis antecesores han reclamado ante sus señorías antes».
El candidato a fiscal general del Estado ha abogado este jueves, de forma especial, por «redefinir» las competencias de la Audiencia Nacional (AN) con el objetivo de que se logre una mayor especialización en materia de narcotráfico y crimen organizado.
Y «para convertirla en una institución judicial aún más especializada no solo en la represión y persecución del terrorismo, sino también en la delincuencia organizada de todo tipo, nacional y transnacional y, en particular, todas las actividades» criminales «organizadas y dedicadas al tráfico ilícito de personas en diferentes modalidades».
Así, apuesta por centralizar las investigaciones y redoblar esfuerzos en la recuperación de activos.
«La Fiscalía Antidroga, tanto en la Audiencia Nacional como en las delegaciones territoriales, debe ser apoyada y reforzada», ha expresado García Ortiz ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para defender su idoneidad para ser el nuevo fiscal general en sustitución de Dolores Delgado.
Es necesario un refuerzo, ha señalado García Ortiz, para evitar el «colapso» de los procedimientos, una circunstancia –ha hecho hincapié– de la que se «aprovechan» los narcotraficantes.
García Ortiz ha reivindicado el trabajo de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), al tiempo que ha avanzado que su mandato será una «continuación» de los trabajos realizados por la que también fuera ministra de Justicia.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el elegido para ser el próximo fiscal general ha trasladado su «agradecimiento y reconocimiento» a la labor desempeñada por Delgado, «cuya renuncia por motivos de salud» ha motivado que García Ortiz sea propuesto para relevarla.
García Ortiz ha enumerado los «indudables beneficios» de lo hecho por Delgado para la carrera fiscal, antes de asegurar que su mandato será «la ejecución o continuación de los trabajos de estos años».
Además, ha comunicado que tras la propuesta de su nombramiento ha solicitado la baja en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que estaba asociado. «Pretendo ser el fiscal general de todos y todas las fiscales cualesquiera sea su adscripción, estén o no afiliados a alguna asociación», ha manifestado García Ortiz.
Al final de su turno de réplica a los grupos parlamentarios para defender su candidatura a fiscal general, García Ortiz ha prometido una investigación «exhaustiva» sobre la «tragedia humana» que supuso la muerte de al menos 23 personas en Melilla el pasado 24 de junio durante el intento de salto a la valla que separa a España y Marruecos.
«Será exhaustiva, será una investigación que trate de dar a conocer lo que ha pasado, sea en el ámbito penal o en otros ámbitos», ha asegurado ante la Comisión de Justicia del Congreso. La entrada masiva en la frontera dejó al menos 23 migrantes fallecidos y unos 57 heridos, además de los 49 guardias civiles afectados.
García Ortiz ha señalado que lo ocurrido en Melilla el pasado mes fue una «tragedia humana». «Está ocurriendo en nuestras fronteras o a las puertas de nuestras fronteras», por lo que no se puede «volver la vista», ha indicado.
El futuro fiscal genral del Estado ha recordado que la FGE encomendó investigar esos hechos a la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, que se desplazó a Melilla para tomar testimonios, recabar informaciones y pedir informes a la Guardia Civil y a los cuerpos de seguridad encargados, ha explicado.
Esa investigación, promovida por la saliente fiscal general, Dolores Delgado, está por ahora centrada en el análisis del material probatorio recabado en el terreno, según ha expuesto García Ortiz.
La fiscal de Sala elevó comunicación solicitando la apertura de diligencias de investigación para su esclarecimiento.
Al menos 500 subsaharianos lograron acceder a Melilla ese día, viernes, tras romper la puerta de acceso al puesto de control fronterizo del Barrio Chino, en la primera entrada masiva en la ciudad autónoma desde la normalización, en abril, de las relaciones entre España y Marruecos, tras el giro de posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental.
Hace justo un mes, el Ministerio Público explicó a través de una nota que la decisión de Delgado se fundamenta en «la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los Derechos Humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación».
