Uno es el vocal Wenceslao Olea, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la misma en la que ha empezado a laborar el expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano.
Los dos, el magistrado y el expresidente prestan ahora sus servicios en la misma Sala que tiene que decidir el recurso interpuesto por el primero en el que solicita la adopción de unas medidas cautelarísimas con el fin de que se suspenda el nombramiento de Rafael Mozo.
Un nombramiento acordado el Pleno del CGPJ por 16 votos a favor contra 1 –el de Wenceslao Olea- el pasado 13 de octubre.
Olea participó en la votación, validándola con su voto y su participación –su compañera Mar Cabrejas, estando en desacuerdo, se negó a votar y se ausentó–.
Como ha perdido, y no está de acuerdo con el resultado, Olea ha recurrido a la vía judicial, es la conclusión. Ganar en los despachos lo que ha perdido en los campos de juego. De eso saben mucho en el mundo del fútbol.
Jurídicamente, según las fuentes consultadas por este periódico, el recurso puede pase. Pero no es mantenible ni ética ni estéticamente.
¿Qué el recurrente forme parte de la Sala que tiene decidir sobre el caso? ¿Sus propios compañeros? ¿Con los que toma café o se va a comer?
Da lo mismo quien forme parte del tribunal que debe emitir la decisión. No debería ser.
Porque hace trizas el principio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, convertido en doctrina: «Tan importante como la imparcialidad es la apariencia de imparcialidad». Y esto, siento decirlo, no huele; peor.
Porque es un intento claro, suyo, personal, de arrastrar al Tribunal Supremo a la arena política involucrándolo en este conflicto.
«CUI PRODEST?»
«Cui prodest?», decían los romanos. ¿A quién beneficia? Es una fórmula que hoy sigue vigente 21 siglos después. Ciertamente a la institución de la que forma parte, no.
Todo lo contrario.
Olea, hay que decirlo, siempre ha sido un acólito de Lesmes Serrano. Un satélite. Un hombre de su máxima confianza. Sus viajes por el mundo sin hablar otra lengua que el castellano son legendarios dentro del órgano de gobierno de los jueces.
Siempre fue uno de los dos votos seguros con los que contaba Lesmes Serrano, junto con el de Vicente Guilarte, para aprobar el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, cosa que no consiguió.
Lo que alteró bastante su humor, según me cuentan desde el Consejo. Cambios de carácter repentinos. Todo eso, ya se sabe.
Lógico. Con esa presión y después de haberse comprometido a dimitir en el Pleno de Apertura de Tribunales. Eso desestabilizaría a cualquiera.
La segunda pieza de esta historia es José Luis de Benito, el secretario general, hombre «de izquierdas» –dicen–, pero servidor hasta la muerte, como dicen los legionarios, del expresidente conservador, para el que siempre ha mostrado una fidelidad más parecida a la devoción.
Y eso que fue, entre 2004 y 2008, director del gabinete de los ministros del Interior, José Antonio Alonso, primero, y Alfredo Pérez Rubalcaba, después, y de la ministra de Defensa, Carme Chacón.
Pero ninguno de ellos le convirtió en que más había deseado: ser el primer secretario judicial de la historia en convertirse en secretario general del CGPJ –todos los secretarios generales habían sido magistrados hasta ese momento–.
Una casa, donde tiene destino fijo -seguirá como funcionario si no es renombrado por los nuevos– donde se sintió menospreciado y preterido por los consejos que presidieron Francisco Hernando, Carlos Dívar y Gonzalo Moliner.
Lesmes Serrano se ha autoinmolado para hacer el milagro de la renovación del CGPJ y no ha ocurrido nada. El mundo sigue girando como antes. A él ni siquiera se lo han pagado con un puesto en el Tribunal Constitucional, que es lo que más deseaba
Por eso se marchó a la política con José Antonio –»Toño»– Alonso y allí continuó hasta que no le quedó más cuerda en la cometa. Por eso regresó.
En los últimos años del mandato de Dívar-Moliner trabajó en un pequeñó despacho apartado, en un ala del edificio de Marqués de la Ensenada. Olvidado por los de «izquierdas» y los de «derechas» del momento. No parece que lo quisieran a su lado.
De Benito se trabajó el puesto de vicesecretario general a conciencia desde meses antes de diciembre de 2013, cuando Lesmes Serrano preparaba su desembarco, y cuando todavía no se había decidido si el elegido iba a ser él o Manuel Marchena, el otro candidato, en liza.
Gracias al aval de su amigo, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román -evidentemente conservador, pero las amistades están por encima de las ideologías, ya se sabe–, Lesmes Serrano le dio el puesto.
A Román, el entonces presidente del CGPJ y del Supremo lo elevó después, cuando «regresó» de la política, a magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la misma que tiene que decidir sobre el recurso de Olea.
Muchos amigos de la misma cuerda en la misma Sala. Muchas deudas pendientes.
Ojo, no estoy diciendo nada que no sea evidente. En esa Sala de lo Contencioso-Administrativo hay magistrados muy respetables. Solo digo que la cosa chirría, mucho.
El vocal del CGPJ y magistrado del Supremo, Wenceslao Olea, y el secretario general del Consejo, José Luis de Benito, son dos fieles a Carlos Lesmes Serrano. Foto: Carlos Berbell.
En 2019, De Benito recibió la recompensa buscada. «Fue elevado» a secretario general. Y eso fue por la magia de Lesmes Serrano. En recompensa por su fidelidad. Previamente, eso sí, antes «dejó marchar» al secretario general del momento, Joaquín Vives de la Cortada, un magistrado serio, cumplidor y, sobre todo, independiente. No presentaba el plus de la «fidelidad legionaria».
Por cierto, era uno a los que Lesmes Serrano le iba a entregar una condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort el lunes 10 de octubre pasado, lo que se truncó por el anuncio de su dimisión. Iba a ser en el Supremo, con todo el boato.
Sobre De Benito informábamos recientemente como «causante» de la subida de sueldo a 145 trabajadores del CGPJ en detrimento de los 291 restantes, de los 436 que conforman la plantilla. Un 33,2 % de beneficiados frente a un 66,8 % de damnificados, lo que ha provocado un enorme malestar general. La propuesta al Pleno fue del secretario general.
Fueron unas subidas de entre un 2,80 y un 5 %. Ciertamente los trabajadores afectados, a quienes no se les ha explicado por qué otros sí y ellos no, no están contentos con la gestión de De Benito.
La prueba de indicios, aplicada a este caso, por lo tanto, indica que detrás de este recurso está Lesmes Serrano que, como un moderno Cid Campeador, quiere ganar su última batalla después de muerto, políticamente hablando.
Porque se ha autoinmolado para hacer el milagro de la renovación del CGPJ y no ha ocurrido nada. El mundo sigue girando como antes. A él ni siquiera se lo han pagado con un puesto en el Tribunal Constitucional, que es lo que deseaba.
El puesto estaba vacante. El de Alfredo Montoya, que presentó la renuncia por no poder continuar al haber sufrido un ictus cerebral. Pero tampoco. Según informan nuestros compañeros de Fuentes Informadas, el elegido puede ser José Luis Costa Pillado, actual presidente del Consejo Consultivo de Galicia. Su gozo en un pozo.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Mover el árbol. Hacer ruido. No permitir que las cosas permanezcan como están. Impedir que Rafael Mozo sea el presidente por sustituición hasta que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo de renovación.
Conseguir que la prueba preconstituida por Lesmes Serrano, el informe del Gabinete Técnico del CGPJ, encargado y ordenado por él y presentado y aprobado por la Sala de Gobierno del Supremo –que no tiene competencia para entrar u opinar sobre estas cosas–, consiga finalmente el efecto buscado: que el sucesor de Lesmes Serrano sea Francisco Marín Castán, presidente de la Sala de lo Civil y vicepresidente en funciones del Tribunal Supremo.
Me voy, pero elijo a mi sucesor.
Es la síntesis. De esto parece ir al cosa. No tiene otra.
En el recurso de Olea, al que ha tenido acceso Confilegal, el magistrado del Supremo y vocal del CGPJ acusa a sus compañeros vocales de haberse puesto de acuerdo de forma previa para elegir al más antiguo de todos ellos, Rafael Mozo, de un modo «asambleario».
Sorprende la «candidez» del magistrado, a estas alturas. Sugiere la existencia de «pactos previos» entre todos los que votaron a favor del elegido. Me cuesta creer que, a estas alturas, sea un alma pura o un ser de luz. Y menos que se haya caído de un guindo.
Esta pieza del puzzle no encaja ni del derecho ni del revés.
Sobre Mozo, en el texto se desprende una inquina especial, siento decirlo. Aunque afirma que él no tiene ningún interés especial en ocupar la Presidencia del Consejo y que nunca la aceptaría, subraya que es el único magistrado del Supremo en ese CGPJ y, por lo tanto, el que cumpliría esa condición previa para sustituirlo.
Reprocha que Mozo no cumple con el artículo 486.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que para ocupar ese puesto la persona tiene que haber sido miembro de la carrera judicial, con categoría de magistrado del Supremo. O reunir las condiciones para ser presidente de Sala de ese órgano.
Él sí.
O «ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión».
Para Olea que Mozo no sea magistrado del Supremo supone un obstáculo infranqueable. Y no reconoce que sea un «jurista de reconocida competencia» porque no ha acreditado dicha condición.
Resulta muy aventurado hacer esa afirmación sobre un compañero que cuenta con 37 años y 6 meses de antigüedad en la carrera judicial a sus espaldas –un año menos que él (debe ser eso)–, y ocho años y medio como vocal del CGPJ, ejerciendo jurisdicción.
Creativa pero muy traída por los pelos, a mi entender.
Una condición, dice Olea en el texto interpuesto por su represente legal Santiago Olea Ballesteros, que hace a Mozo «inidóneo» para ese puesto. Y declara manifiestamente incompetente al Pleno del CGPJ en funciones para tomar una decisión como esa.
Es decir, como no tiene mi categoría, no tiene derecho a ser presidente del CGPJ.
El magistrado afirma, además, temer por su puesto de presidente de la Comisión Disciplinaria.
«A juicio de esta parte, mi mandante –dice el recurso–en su condición de vocal del Consejo y presidente de su Comisión Disciplinaria, el ejercicio de esas funciones, en
particular de toda la infraestructura administrativa de dicha Comisión, se ve muy directamente afectado por las importantes y relevantes decisiones que pudiera adoptar la Presidencia del Consejo en relación con la misma composición de dicha Comisión, que se pacta mantener», explica.
En su recurso Olea incluye el acuerdo tomado por el Pleno que eligió a Mozo.
En su punto 2 dice, negro sobre blanco: «Las comisiones legales del CGPJ mantendrán su actual composición». Poco más se puede añadir sino decir que, como Pedro, está gritando que viene el lobo cuando no hay lobo por ningún lado.
Como se suele decir, en derecho el papel lo aguanta todo.
Las argumentaciones legales están hechas con la mayor conciencia que ha podido el abogado, bajo la supervisión del Olea mayor.
Pero lo que se busca, al final es esto: alterar el actual estado de cosas. Mover el árbol. Hacer ruido.
Sin importar la imagen de la institución y su reputación.
Ahora la pelota está en el tejado de la misma Sala del Supremo de la que forman parte el recurrente y el expresidente. Todo un desafío, ¿no?
A ver lo que dicen.
