La Audiencia Nacional considera que no se han probado hechos suficientes contra tres de los acusados, quedando absueltos de un delito contra la salud pública
Juan Gonzalo Ospina y Juan Antonio García Jabaloy
La Policía Nacional, en el marco de la operación simultánea en Cataluña y Murcia en el año 2021 detuvieron a 22 personas por su presunta vinculación a una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, radicada en localidad de Sant Vicent de Castellet, Manresa, Llisa d’Amunt, así como otros inmuebles en la ciudad de Barcelona y Murcia.
A los detenidos se les atribuyen los delitos de pertenencia a la organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, según se puede leer en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso este medio.
La investigación se inició en 2019, cuando la Policía Nacional detectaron actividades irregulares que pudieron constatar con vigilancias, estructurándose un entramado criminal, perfectamente jerarquizada, que surtía de cocaína a un importante número de municipios de Barcelona, donde se contaba y distribuía, con droga proveniente de la Región de Murcia.
El arduo trabajo de los investigadores permitió desenmascarar el modus operandi de esta organización criminal llegándose a intervenir en una sola de las naves más de 20 kilos de cocaína con un índice de pureza superior al 70% y un valor en el mercado ilícito de casi 2 millones de euros, o un total de 1100 plantas de marihuana con un peso total de más de 48.000 kilos.
LA AUDIENCIA NACIONAL ABSUELVE A TRES DE LOS ACUSADOS
A pesar de las altas penas de prisión solicitadas por la Fiscalía para todos los presuntos miembros de la red criminal detenidos, tres de ellos han logrado la absolución.
Así, la Sala de lo Penal nº3 de la Audiencia Nacional ha aceptado la argumentación ofrecida por el abogado penalista que ejercía la defensa, Juan Gonzalo Ospina. Sobre sus representados no ha quedado fehacientemente probada la participación en los hechos enjuiciados.
Para el resto de encausados lan penas impuestas son altas cumpliéndose las expectativas del Ministerio Fiscal, con condenas desde los 15 años de prisión a 3 años y 6 meses, y sanciones económicas que alcanzan los 14 millones de euros para el principal señalado.
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