Juan Gonzalo Ospina y Juan Antonio García Jabaloy
La Audiencia Nacional dejaba en libertad provisional en enero de 2024 a un hombre de origen chino, y nacionalidad eslovaca, de 45 años que fue detenido por la Policía tras ser reclamado por Brasil por uno de los mayores fraudes del IVA del país sudamericano. Sobre el pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria, enfrentándose a 10 años de cárcel.
ANTECEDENTES DEL CASO
Su primera declaración se realizó el 27 de diciembre de 2024 acompañado del abogado experto en extradiciones Juan Gonzalo Ospina y Juan Antonio García Jabaloy, quienes argumentaron que su cliente nunca había estado en Brasil, pero que hace años le robaron la documentación, acto que denunció en Eslovaquia. Además, reside con su familia en España y trabaja como empleado en una tienda de ropa. Aportó documentación bancaria que refrendaba que no tenía en su poder los 700.000 euros que aseguraban los investigadores de Brasil y negó conocer las mercantiles que operaban con sus datos, oponiéndose el letrado de Ospina Abogados a su ingreso en prisión, algo que consiguió a pesar de la gravedad de los hechos.
LA AUDIENCIA NACIONAL DENIEGA LA EXTRADICIÓN
La causa se retomaba por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 7 de enero, donde el juzgado hace suyos los argumentos de la defensa del reclamado, ejercida por los letrados de Ospina Abogados.
La extradición solicitada contaba con la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, quiere decir que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual califica el abogado penalista de «atípico» y sin “encaje penal” en el Código Penal español. Por su parte, la Fiscalía mantenía la acusación y consideraba ajustada a derecho la extradición.
Sin embargo, los magistrados han sentenciado que “en nuestra legislación, los hechos objeto de reclamación no tienen encaje en alguna figura delictiva”, rechazando la extradición solicitada por las autoridades brasileñas.
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