Foro Judicial Independiente
1.-) Los ataques al Estado de Derecho no han aparecido ahora como un fenómeno nuevo. En realidad, llevamos décadas de atentados al Estado de Derecho: politización del CGPJ, instrumentalización de las instituciones de control (TC), nombramientos discrecionales, puertas giratorias…. La Ley de Amnistía es sólo una sublimación de esta tendencia.
2.-) Lo que hace más grave el debate que estamos viviendo con el Proyecto de Ley de Amnistía es la polarización y la reducción a un esquema meramente partidista. Se intenta trasladar a la sociedad la idea de que las posturas a favor y en contra de la Ley de Amnistía (y, por abstracción, de los valores del Estado de Derecho), se concentran en torno a dos opciones políticas diferenciadas (PSOE y PP).
La plataforma que se lanza hoy ha de asumir el reto de vencer este discurso. El Estado de Derecho no es de izquierdas ni de derechas.
Es curioso que desde distintos sectores se critique a las asociaciones judiciales por participar en debates o iniciativas como ésta, con el argumento de que con ello estamos interviniendo en un debate político, cuando la defensa del Estado de Derecho y de la independencia judicial es algo consustancial a nuestra función.
En el caso de FJI rechazamos cualquier etiqueta de “conservador” o “progresista”, y uno de nuestros valores fundacionales es la lucha por una justicia independiente, y libre de adscripciones partidistas.
3.-) En lo esencial, el problema que se lleva viviendo desde hace décadas en España se resume a que el poder ejecutivo (los políticos) se cree con legitimación suficiente para adueñarse del resto de poderes del Estado, sólo por el hecho de haber ganado unas elecciones, o porque la aritmética parlamentaria le es favorable (puesto que a eso se reduce hoy el poder legislativo). Y eso puede ocurrir tanto desde la derecha, como desde la izquierda.
4.-) La separación de poderes no consiste en un mero reparto de tareas, sino en la existencia de controles y límites entre un poder y otro. Y si no hay separación de poderes, se corre el riesgo de caer en el poder absoluto.
Por eso, cuando se debate sobre si una Ley, como la Ley de Amnistía, vulnera o no el principio de separación de poderes, la discusión no puede agotarse con el mero discurso de que los tribunales controlarán finalmente su aplicación, sino que el foco ha de ponerse en si la Ley impedirá o no a los juzgados ejercer su función esencial de control sobre el poder político.
5.-) Hay que trasladar a la sociedad la idea de que el problema no es el PSOE, ni el PP, ni Pedro Sánchez, ni Puigdemont… Lo que los ciudadanos han de plantearse es si 176 diputados pueden tener la facultad de privar a juzgados y tribunales sobre el conocimiento, instrucción y enjuiciamiento de determinados hechos, o archivar procedimientos en trámite, incluso cuando afecten a los propios políticos en el ejercicio de su función.
Es decir, quienes apoyan la Ley de Amnistía implícitamente están aceptando que un futuro gobierno del PP podría amnistiar hechos de corrupción que pudiese afectarle (la trama Gürtel, la Kitchen…), siempre que fuese capaz de justificarlo mediante un supuesto interés general.
6.-) Sin Estado de Derecho no hay democracia, y ello es un principio esencial sobre el que pivota la Unión Europea. La Comisión de Venecia no ha emitido un dictamen definitivo sobre la Ley de Amnistía, sino un mero borrador. Y, más allá de la evidencia de que la amnistía está reconocida y es constitucional en muchos Estados de la UE, la Comisión de Venecia apunta requisitos de toda amnistía que este Proyecto claramente no cumple: no se está debatiendo como proyecto de ley con intervención de todos los organismos de consulta o control, no hay consenso social, supone en la práctica una autoamnistía que exoneraría a políticos…
7.-) Una reflexión. Según sus impulsores, la Ley de Amnistía tiene por objeto superar el conflicto derivado del proceso independentista en Cataluña. Sin embargo, incurre exactamente en el mismo vicio que en su momento era predicable de los políticos independentistas: creer que una mayoría en un parlamento democráticamente elegido lo avala todo. Es llamativo el paralelismo entre los argumentos que en su día utilizaron los políticos independentistas para sostener la legitimidad de lo hecho en su momento, con los que hoy esgrimen muchos políticos para justificar la Ley de Amnistía.
8.-) Estamos convencidos de que el Estado de Derecho no está en quiebra, porque desde el propio Estado de Derecho existen mecanismos y resortes para superar esta situación. El hecho de que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, o una cuestión prejudicial ante el TJUE, no supone cuestionar el Estado de Derecho, sino protegerlo.
Pero ha de ser la sociedad la que finalmente sea consciente de que en último término estamos hablando de los derechos de todos los ciudadanos, y de la garantía para proteger los mismos.
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